Constitucion de Colombia

Constitucion de Colombia

Constitución Politica de Colombia

PREAMBULO.

EL PUEBLO DE COLOMBIA,

en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente

CONC. 1, 2, 3, 4, 9, 11, 13, 22, 25, 28, 40, 103, 188, 227.

COMPLEMENTACION LEGISLATIVA. Sobre el carácter constitucional que al Reglamento de la Asamblea Nacional Constituyente se le otorgó puede consultarse el Acto Constituyente de febrero 11 de 1991.

ANTECEDENTES. Siguiendo la tendencia constitucional general, el preámbulo al inicio de artículado constituye una síntesis del ideario que sustenta las máximas disposiciones sobre las cuales han de reglamentarse las relaciones entre los hombres. "No es extemporáneo ni insólito el que la Constitución se abra solemnemente con la afirmación de los ideales del pueblo colombiano y remate con una síntesis de sus principios.
Es lo normal en la mayoría de las Constituciones de todo el mundo y es tambien en este sentido como se manifestaron y se hicieron las 340 propuestas de las mesas de trabajo, tanto en los textos globales como en los artículos independientes presentados".

Ante la Asamblea Nacional Constituyente se presentaron 15 proyectos para la modificación del texto del preámbulo en los cuales se observaron dos tendencias bien marcadas: aquella que suprimía cualquier clase de invocación de Dios o religión; y la que mantenía su alusión pero en forma mas moderada de la que se presentaba en la Constitución de 1886. Por ello fueron presentados para discusión en primer debate en plenaria por la Comisión Primera de la Asamblea Constituyente, dos (2) textos de preámbulo.

En torno al polémico tema del poder vinculante del preámbulo, la Corte Constitucional en un fallo de agosto 13 de 1992 adoptó una nueva posición en contraposición a la que la Corte Suprema de Justicia - sala constitucional - había sentado en sentencia de mayo 19 de 1988, según la cual, " El Preámbulo de la Constitución no es una norma jurídica, ni un conjunto de normas de éste género, sino la expresión de los principios y valores que la comunidad profesa en una determinada etapa de su vida socio-cultural, razón por la cual, siendo el de constitucionalidad un proceso en el que se comparan disposiciones de grado inferior con normas de superior jerarquía, mal se puede determinar la constitucionalidad de un precepto legal por comparación con un principio o valor de género diverso".

En esta oportunidad la Corte Constitucional dejó sentado el criterio según el cual (...) el preámbulo goza de poder vinculante en cuanto sustento del orden que la Carta instaura y, por tanto, toda norma - sea de índole legislativa o de otro nivel - que desconozca o quebrante cualquiera de los fines en él señalados, lesiona la Constitución porque traiciona sus principios. (...) Lejos de ser ajeno a la Constitución, el preámbulo hace parte integrante de ella. Las normas pertenecientes a las demás jerarquías del sistema jurídico están sujetas a toda la Constitución y, si no pueden contravenir los mandatos contenidos en su articulado, menos aún les está permitida la transgresión de las bases sobre las cuales se soportan y a cuyas finalidades apuntan" (Gaceta Judicial).

TITULO I.

DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES.

Art. 1.- Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

CONC. 0, 40, 287, 298, 339, 367.

ANTECEDENTES. Consagra este artículo dos cambios fundamentales con relación a la anterior Constitución: el primero se refiere al paso de una "Democracia Representativa" a la de una "Democracia Participativa. Y el segundo, a la incorporación del concepto de "autonomía" en el sistema constitucional colombiano.

Es importante destacar en este punto la posible contradicción que se presenta al mencionarse la " autonomía " como una característica de la República Unitaria descentralizada consagrada para el Estado Colombiano. Sin embargo, si nos remitimos a las razones de tipo social, económico, político y cultural que fundamentaron esta idea en la Asamblea Nacional Constituyente, encontramos que el exceso de concentración en casi todos los aspectos de la vida nacional en el centro del país, el hacinamiento de la población en cuatro ciudades con la consecuente demanda de servicios, el descuido correlativo de la provincia y la centralización de las decisiones políticas en la capital, no permiten yuxtaponer estos dos conceptos. Mientras la "autonomía" es un fin, un estado de cosas, la "descentralización" es un mecanismo para administrar. La autonomía no significa la adopción de un régimen federal; siempre y cuando se conserve siempre la unidad nacional de que habla el Preámbulo". (Gaceta Judicial).

Art. 2.- Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituídas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

CONC. 0, 11, 18, 19, 21, 95, 188, 209, 217.

NOTA DEL COMPILADOR. El segundo inciso de este artículo reproduce casi en su totalidad el antiguo artículo 16 de la Constitución, catalogado como el fundamento de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Art. 3.- La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que esta Constitución establece.

CONC. 0, 40, 103, 259.

ANTECEDENTES. La soberanía como uno de los fundamentos del poder se transforma con la nueva constitución, en soberanía popular.

La dicotomía entre soberanía popular y soberanía nacional que siempre se ha prestado a confusiones, tambien lo fué en la Asamblea Nacional Constituyente; por ejemplo, el texto presentado por la Comisión para su estudio en plenaria consagraba, al igual que lo hace la Constitución Española, la soberanía nacional radicada exclusivamente en el pueblo.

En el ámbito Latinoamericano, actualmente sólo cuatro (4) países acogen en su texto constitucional el principio de la soberanía nacional: Chile, Uruguay, Costa Rica y República Dominicana. Los demás países preveen en sus ordenamientos la fórmula de la soberanía popular aún cuando con las imprecisiones de la constitución española.

El constitucionalismo colombiano por su parte ha acogido generalmente el concepto de soberanía nacional a pesar de que Bolivar, como tesis de poder, acogió la soberanía popular, hecho que se puede apreciar en el discurso de Angostura, en la Constitución de 1819, en la Constitución de Bolivia de 1826 y en los discursos preliminares a la promulgación del Decreto 1828".

Art. 4.- La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.
Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.

CONC. 0, 95, 100, 188, 241.

CONC. LEGISLATIVAS. Art. 5, Ley 7 de 1887; Arts. 1 y 2 Ley 153 de 1887.

NOTA DEL COMPILADOR. Se reúne en un solo texto los anteriores artículos 10 y 215, sobre la supremacía de la Constitución.

Art. 5.- El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.

CONC. 0, 42, 93, 94 95-4.

NOTA DEL COMPILADOR. Es un artículo nuevo y constituye el reconocimiento de los derechos humanos y de la familia como elementos principales de una sociedad organizada.

Art. 6.- Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

CONC. 83, 90, 95, 124, 174, 175, 186, 198.

NOTA DEL COMPILADOR. Constituye este artículo la reproducción del anterior artículo 20 de la Constitución de 1886, con la salvedad de que ya no se habla de funcionarios sino de servidores públicos.

El contenido de este principio obedece a aquel según el cual, nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni se le impedirá lo que ella no prohibe.

Art. 7.- El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.

CONC. 10, 18, 19, 70 95-8.

NOTA DEL COMPILADOR. Este es un artículo nuevo y refleja el reconocimiento y protección del carácter multiétnico y pluricultural del pueblo colombiano.

Art. 8.- Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

CONC. 95-8.

NOTA DEL COMPILADOR. Adicionalmente de ser este un artículo nuevo, el proyecto de articulado presentado por la Comisión para su estudio en plenaria acogía lo relativo a la irrenunciabilidad del patrimonio por estas y las futuras generaciones.

Art. 9.- Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia.

De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe.

CONC. 0, 226, 227.

NOTA DEL COMPILADOR. Se recopilan en este nuevo artículo los tres (3) principios fundamentales del derecho internacional: la soberanía nacional frente a las relaciones internacionales, la autodeterminación de los pueblos y el respeto de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia.

Art. 10.- El castellano es el idioma oficial de Colombia.
Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüisticas propias será bilingüe.

CONC. 7, 68.

ANTECEDENTES. Este texto de articulado acogido en su totalidad en forma unánime por la Asamblea Nacional Constituyente, se adoptó teniendo en cuenta que " (...) para Colombia, la lengua castellana, la de nuestros ancestros, la de esta generación y la de las siguientes, es esencial y forma parte de nuestro patrimonio histórico. El lenguaje no es solo un instrumento de comunicación. La lengua es el pensamiento de un hombre, es la sabiduría de un pueblo. No solo simboliza, sino que es el espíritu de una colectividad. Sí ... el hombre es la palabra".

TITULO II.

DE LOS DERECHOS, LAS GARANTIAS Y LOS DEBERES.

Capítulo 1.

De Los Derechos Fundamentales.

ANTECEDENTES. Quizá, (...) "la Contitución Política del país debe reducirse a formulaciones lacónicas donde la concisión remplace las enumeraciones largas y prolijas. Sin embargo, en materia de derechos y libertades nuestra carta no puede sacrificar por la brevedad, la expresión exacta de los derechos garantizados, ni arriesgar los posibles equívocos que se pudiesen derivar de definiciones impresisas. De ahí que en lugar de un simple título de derechos, tal como el que está vigente, se proponga una carta de derechos, deberes, garantías y libertades, en la cual el ciudadano pueda conocer con exactitud sus prerrogativas, y con la mayor precisión posible los derechos y libertades que garantizan el Estado y el orden jurídico que los expresan.

En la actualidad, los derechos humanos, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, son el objeto de atención por parte de todos los países del mundo partiendo de la Carta de la Organización de la Nacionaes Unidas, y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un conjunto de tratados públicos, de los cuales Colombia es parte, desarrollan tales preceptos y que en su conjunto representan la más vigorosa cruzada en favor de la vida, la dignidad, y la libertad.".
(Informe-ponencia para primer debate en Plenaria, Diego Uribe Vargas, Gaceta Constitucional No. 82, pág 10. ).

El eje primordial de la democracia radica en reconocerle a los ciudadanos y personas que habitan en Colombia, un conjunto de garantías que dignifiquen el contenido de la vida y favorezcan la formulación de las nuevas libertades que la evolución contemporánea ha puesto en evidencia. El propósito de la Constitución Nacional es que exista un nuevo ámbito de libertad que otorgue a los ciudadanos un catálogo de derechos tanto civiles y políticos, como los sociales, económicos y culturales y los llamados de tercera generación.

Se consagran en esta Constitución los derechos civiles y políticos que fueron formulados en 1789 por la revolución francesa y que durante el transcurso de nuestra historia significaron la fuerza revolucionaria del movimiento emancipador y el soplo democrático que inspiró nuestros primeros ordenamientos constitucionales. Se reconocen tambien los derechos sociales, económicos y culturales que aparecieron durante la segunda mitad del siglo XIX como efecto de las transformaciones surgidas en el medio social y que la reforma liberal de 1936 incorporó a nuestra Constitución. Y finalmente se incorporan los nuevos derechos, de tercera generación, que desarrollan el principio de la solidaridad como una de las notas fundamentales de la sociedad contemporanea, la cual refleja aquella fraternidad que constituye elemento básico del orden y la armonía entre hombre y naciones.

La variedad y pluralidad de propuestas (40 aproximadamente) presentadas en torno a este nuevo tema, mostró la preocupación generalizada de contribuir a una formulación nueva de derechos y mecanismos que aseguraran su cumplimiento y respeto.

Art. 11.- El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.

CONC. 0, 2, 12, 13, 17, 44, 85, 86.

NOTA DEL COMPILADOR. Se consagra explícitamente este derecho vital y angular de cualquier persona que en la anterior Constitución solo se mencionaba en el artículo 16 relativo a las funciones de las autoridades.

Art. 12.- Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

CONC. 11, 13, 17, 85, 86.

ANTECEDENTES. Se elevan a categoría constitucional normas del código penal con lo cual se pretende comprometer a todo el ordenamiento jurídico en la lucha contra una de las "más vergonzosas lacras de la organización social del país". También se pretende reafirmar numerosos convenios internacionales suscritos por Colombia, que condenan la tortura y demás prácticas ominosas".

Art. 13.- Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

CONC. 0, 11, 12, 18, 17, 19, 24, 28, 42, 43, 44, 46, 47 53, 54, 68, 70, 73, 75, 85, 86.

CONC. LEGISLATIVA. Art. 8 Código Penal; Art. 3 Código de Procedimiento Penal.

Art. 14.- Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.

CONC. 16, 44, 85, 86.

ANTECEDENTES. "Copiado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto de San José de Costa Rica, se quiere con este expresar el reconocimiento de la persona como sujeto principal de los derechos y cuyos atributos principales son: el nombre, el domicilio, el estado civil, el patrimonio, la nacionalidad y la capacidad".

Art. 15.- Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.

La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.

Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley.

CONC. 20, 42, 44, 73, 74, 85, 86.

NOTA DEL COMPILADOR. Se defiende en este texto el derecho de privacidad como elemento fundamental de la calidad de vida.
Se consagra igualmente el derecho de " Habeas Data" basados en el hecho de que la sistematización de informaciones sin criterio selectivo y actualizado de datos, se ha convertido en un factor de desmérito para muchos.

Art. 16.- Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.

CONC. 14, 26, 27, 85, 86.

NOTA DEL COMPILADOR. El texto sometido a consideración por la Comisión para su estudio en plenaria hablaba del derecho de la "Autonomía Personal ", con el objeto de defender al individuo del fenómeno de la alienación generada de su posible condicionamiento a los mecanismos tecnológicos.

Art. 17.- Se prohiben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas.

CONC. 11, 12, 13, 85, 86.

Art. 18.- Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia.

CONC. 0, 2, 7, 13, 19, 85, 86.

Art. 19.- Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva.

Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley.

CONC. 0, 2, 7, 13, 18, 68, 85, 86.

DESARROLLO LEGISLATIVO. En desarrollo del principio de la Libertad Religiosa y de Cultos se expidío la Ley 133 de 1994, reglamentada a su vez por el Decreto 782 de 1995.

NOTA DEL COMPILADOR. Al desaparecer el carácter oficial de la religión católica consagrada en el plebiscito de 1957, se compromete la igualdad tanto de religiones como de iglesias.

A diferencia de la Constitución anterior en la que solo se hacia mención a la moral cristiana y a las restricciones que de ella se derivaban, se consagra en esta nueva una libertad igualitaria.

Art. 20.- Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.

CONC. 15, 21, 23, 44, 73, 76, 85, 86.

NOTA DEL COMPILADOR. El proyecto inicialmente había consagrado la libertad de expresión, pensamiento y opinión como un derecho de todas las personas. Sin embargo en plenaria, luego de varios debates se aprobó transformar estas libertades en garantías y por ende, en deberes del Estado; quizá para darle seguridad al pleno ejercicio a la libertad de información.

La rectificación se consagra como un desarrollo lógico del derecho a la honra.

Art. 21.- Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección.

CONC. 2, 20, 73, 85, 86.

Art. 22.- La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

CONC. 0, 86, 95.

NOTA DEL COMPILADOR. Constituye un avance importante en la Constitución teniendo en cuenta que se consagra simultáneamente, en el preámbulo, como un valor indeclinable del pueblo colombiano que compromete al Estado y a la Sociedad y aquí, como un derecho. La paz es condición de vida civilizada y fundamental del orden jurídico y de las libertades públicas.
El compromiso de mantenerla no corresponde solo a los poderes públicos sino que se torna en acción solidaria de todos los que conforman la sociedad.

Art. 23.- Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

CONC. 20, 74, 85, 86.

CONC LEGISLATIVA. Arts. 5 9 17 y 25 Código Contencioso Administrativo.

NOTA DEL COMPILADOR. Haciendo una comparación con el antiguo artículo 45 de la constitución, sólo se adiciona lo relativo a la posibilidad que tiene el legislador de reglamentar su ejercicio en las organizaciones privadas con miras a garantizar los derechos fundamentales.

Art. 24.- Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia.

CONC. 13, 85, 86.

NOTA DEL COMPILADOR. Inspirado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inicialmente el proyecto dejado a consideración para plenaria por la Comisión en la Asamblea Constituyente, contenía la prohibición a las autoridades de negarse a expedir los documentos que garantizan el ejercicio de ese derecho.

Art. 25.- El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

CONC. 0, 53, 54, 57, 86.

CONC. LEGISLATIVA. Art. 7 Código Sustantivo del Trabajo.

NOTA DEL COMPILADOR. Tanto las comisiones preparatorias I como IV de la Asamblea Constituyente partieron de la base de que el trabajo es la base del bienestar nacional, la fuente principal del desarrollo y el medio de la realización material y espiritual de una persona.

Se consagró el trabajo como un derecho con el objetivo de que fuera accequible a todos, sin discrimanación y teniendo en cuenta el contenido ético que este derecho contiene para el ser humano en la medida en que otorga un profundo sentido de capacidad y convivencia social.

Y se le asignó al Estado su protección, con el fin de hacerla exntesible a las zonas de frontera para que mediante tratados o convenios multilaterales, todas las autoridades velen por la protección de los derechos humanos de los trabajadores colombianos en el exterior. Se mencionan por ejemplo convenios sobre migración, programas de integración y cooperación entre entidades territoriales limítrofes y una mayor presencia internacional de la defensoría del pueblo.

Art. 26.- Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social.

Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios.

La estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos.

La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles.

CONC. 16, 86, 85.

CONC. Art. 8 Código Sustantivo del Trabajo.

ANTECEDENTES. Con relación al tema de las colegiaturas, se consideraron estas como un mecanismo sano para dotar de firmeza a la sociedad civil con la confianza del papel decisivo que pueden cumplir en la autoregulación de las profesiones.

En cuanto a las funciones públicas que pueden serles asignadas, se tomó en cuenta aquellas como las de asesorar a las autoridades administrativas, las de sancionar las faltas contra la ética y las de colaborar con las políticas de investigación, entre otras; manteniendo un control sobre las mismas, con el fin de evitar la formación de gremios cerrados y monopolios.

Art. 27.- El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.

CONC. 16, 85, 86

Art. 28.- Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.

CONC. 0, 13, 29, 30, 32, 34, 35, 85, 86.

CONC. LEGISLATIVA. Art. 1 Código Penal.

NOTA DEL COMPILADOR. Este principio exalta el respeto por los fueros esenciales de las personas y previene contra los abusos de las autoridades en desmedro de uno de sus derechos básicos. Con el inciso segundo se pretende corregir la práctica frecuente de detenciones prolongadas sin el mandamiento judicial correspondiente.

Art. 29.- El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

CONC. 28, 30, 35, 85, 86.

CONC. LEGISLATIVA. Arts. 6 y 11 Código Penal.

NOTA DEL COMPILADOR. Este artículo recoge varios de los principios rectores del procedimiento penal; se consagran los principios de irretroactividad de la ley penal, la aplicación de la ley permisiva o favorable aunque sea posterior, el de nullum crimen sine lege y nulla pena sine lege; los principios del debido proceso y de la presunción de inocencia como piedras angulares del sistema penal. Se hizo especial énfasis a los testimonios obtenidos por tortura o tratos degradantes.

Art. 30.- Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el Habeas Corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas.

CONC. 28, 29, 85, 86, 282.

CONC. LEGISLATIVA. Art 5 Código de Procedimiento Penal.

Art. 31.- Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.

El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único.

CONC. 85, 86.

CONC. LEGISLATIVA. Art. 17 Código de Procedimiento Penal; Art. 87 Código de Procedimiento Laboral.

Art. 32.- El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona.
Si los agentes de la autoridad lo persiguieren y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él, para el acto de la aprehensión; si se acogiere a domicilio ajeno, deberá preceder requerimiento al morador.

CONC. 28, 86, 186.

Art. 33.- Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

CONC. 85, , 86.

NOTA DEL COMPILADOR. Con relación al anterior artículo 25 de la constitución centenaria, este texto extiende este derecho al parentezco primero civil.

Art. 34.- Se prohiben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

No obstante, por sentencia judicial se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social.

CONC. 28, 85, 86.

Art. 35.- Se prohibe la extradición de colombianos por nacimiento.

No se concederá la extradición de extranjeros por delitos políticos o de opinión.

Los colombianos que hayan cometido delitos en el exterior, considerados como tales en la legislación nacional, serán procesados y juzgados en Colombia.

CONC. 28, 29, 86.

ANTECEDENTES. La mayoría de ponencias de todos los grupos políticos concuerdan con esta prohibición, e incluso, propugnan por la repatriación. Las razones fundamentales para la consagración de esta prohibición se fundó básicamente en el deseo de mantener la paz y garantizar para todos los colombianos el respeto por los derechos fundamentales. Una de las labores de la constituyente fué modificar la estructura jurídica del país con el fin de que se dispusiere de un sistema judicial con caraterísticas propias que garantizara los derechos de la pronta y cumplida justicia. Colombia no podía renunciar a la jurisdicción permitiendo la aplicación de leyes foráneas y tampoco permitir la reclusión de colombianos en establecimientos carcelarios que no siempre son garantías de respeto a los principios humanitarios.

" (...) La experiencia que ha tenido el país respecto de la extradición de nacionales, ha sido desfavorable fundamentalmente por el desconocimiento del principio de la reciprocidad, que tiene sobre la materia un valor controvertible. El fenómeno de la politización en los criterios que rigen la extradición, no solo ha debilitado el régimen de las garantías procesales, sino arriesgado la vigencia de principios universales de respeto a los derechos humanos y a las libertades. Mirada la situación desde el ángulo jurídico, en la actualidad los extraditados carecen de todo recurso y quedan desprotegidos frente a la ley extranjera que pretende su castigo inexorable. (...) ". ( Informe-Ponencia para primer debate, Diego Uribe Vargas, Gaceta Constitucional No. 84 pág 2 ).

Art. 36.- Se reconoce el derecho de asilo en los términos previstos en la ley.

CONC. 86.

NOTA DEL COMPILADOR. Corresponde a uno de los mecanismos que la nueva Constitución contempla para garantizar los derechos de las personas, pese a que se encuentre reconocido y reglamentado por varios tratados internacionales vigentes.

Art. 37.- Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.

CONC. 85, 86.

NOTA DEL COMPILADOR. Se le da un contenido menos restrictivo como derecho fundamental en la vida política y social; y se evita consagrar las restricciones de policía que las prescriben.

Art. 38.- Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.

CONC. 39, 55, 56, 86.

CONC. LEGISLATIVAS. Arts. 12, 353 y 354 Código Sustantivo del Trabajo.

NOTA DEL COMPILADOR. Como una de las libertades conquistadas desde la revolución francesa, la nueva constitución suprime todas las limitaciones que la constitución anterior establecía.

Art. 39.- Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución.

La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos.

La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo procede por vía judicial.

Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión.

No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza Pública.

CONC. 38, 55, 56, 86.

CONC. LEGISLATIVAS. Arts. 353 y 358 Código Sustantivo del Trabajo.

NOTA DEL COMPILADOR. En los diferentes debates que se presentaron al estudiar en plenaria este tema, se propuso como mecanismo para el reconocimiento de la personería jurídica, la simple publicidad de la constitución de la asamblea del sindicato. Sin embargo, esta proposición no obtuvo la acogida que se requería para su aprobación.

Sobre el reconocimiento jurídico que se le hace a los sindicatos y asociaciones es necesario anotar la modificación que se produce al artículo 44 de la ley 50 de 1990 ya que esta última establecía que " (...) por el solo hecho de su fundación y a partir de la fecha de la Asamblea Constitutiva", se adquiría la personería jurídica.

Art. 40.- Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 1. Elegir y ser elegido.
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.
4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.
5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.
6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.
7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública

CONC. 0, 1, 3, 43, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 95, 99, 100 103, 104, 105, 106, 107, 155, 170, 258, 259, 260.

DESARROLLO CONSTITUCIONAL. Sobre el Voto Programático y los Mecanismos de Participación Ciudadana, el Congreso Nacional expidió la Ley 131 y de 1994, respectivamente.

NOTA DEL COMPILADOR. Su enumeración es propia de la estructura democrática y del estilo didáctico que se le quiso dar a la Constitución para que todas las personas conozcan fácilmente cúales son sus derechos, deberes y obligaciones.

Se abre paso con este artículo, a la verdadera democracia participativa, la cual rompe el viejo esquema según el cual la participación de los ciudadanos está limitada a las elecciones.

Art. 41.- En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica.

Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución.

CONC. 103.

DESARROLLO CONSTITUCIONAL. En desarrollo del mandato constitucional anterior, el Congreso Nacional expidió la Ley 107 de 1994 en virtud del cual se hace obligatorio el estudio de la Constitución para la obtención del título de bachiller y se obligan a las entidades judiciales su promoción.

CONC. LEGISLATIVAS. Art. Decreto 2591 de 1991; Art. 9, Código Civil; Art. 10, Código Penal; Art. 56, Código de Régimen Político.

Capítulo 2.

De los derechos sociales, económicos y culturales.

NOTA DEL COMPILADOR. En las mesas de trabajo se presentaron 698 propuestas en torno a cinco derechos sociales que la Constitución anterior no consagraba: familia, joven, niños, mujer, minusválidos y personas de la tercera edad.
Fueron adicionalmente presentadas a la Asamblea Nacional Constituyente, 164 documentos para estudio, de las cuales 37 hacen referencia expresa a todos o varios de estos derechos.

Art. 42.- La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.
El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia.
La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.
Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes.
Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley.
Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes.
La ley reglamentará la progenitura responsable.
La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos.
Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil.
Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley.
Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil.
También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley.
La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes.

CONC. 5, 13, 15.

DESARROLLO LEGISLATIVO. Sobre los temas tratados en los incisos 9, 10, 11, 12 y 13 referidos al divorcio, el congreso nacional expidió la Ley 25 de 1992.

ANTECEDENTES. Las diferentes formas como la familia, según la Constitución, puede constituírse, refleja simplemente una realidad en que viven hoy mas de la cuarta parte de la población: uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes. Varios estudios han demostrado que en la primera década de este siglo, sólo el 10% de las familias se encontraban en unión libre; para los 40"s ascendió a un 26% y para 1964 ya alcanzaba el 45.5%.

La situación actual del país hacia entonces necesario hacer un énfasis en la armonía y en la unión familiar, fundamentalmente por medio de una convivencia social y de la paz; en el respeto recíproco entre los integrantes de la familia como pauta fundamental para lograr el respeto recíproco entre todos los integrantes de la sociedad.

Con el tema de los hijos procreados con asistencia científica, la Constitución Colombiana se convierte en una de las primeras del mundo en tratarlo expresamente y equipararlos en cuanto a derechos y deberes, con cualquier otro niño.

El tema del divorcio se consideró necesario en los casos en que el bienestar de la familia y en especial el de los niños, exigen esta clase de solución. " Es preferible el desarrollo emocional de un niño que crece con la imagen simbólica de unos padres, que cuando estos con su conducta y ejemplo, producen malformaciones que mas tarde se reflejarán en la conducta y personalidad propia y con la de sus propios hijos. " ( Informe - ponencia presentada para primer debate en Plenaria, Comisión V, Gaceta Constitucional No. 85, pág 6. ).

Art. 43.- La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.

El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.

CONC. 13, 40.

DESARROLLO LEGISLATIVO. En relación con el tema de la mujer cabeza de familia, se expidió la Ley 82 de 1993.

ANTECEDENTES. Con relación al aborto, el proyecto original presentado a la Comisión V de la Asamablea Nacional Constituyente, contemplaba " lalibre opción de la mujer a la maternidad en los términos de la ley". Sin embargo, la extensa polémica que este tema plantea se consideró dejar en manos del legislador su regulación en los casos por ejemplo, de extrema gravedad de la mujer violada, o cuando el embarazo acarrea grave peligro para la vida de la mujer o cuando el niño que está en gestación presente una enfermedad congénita que le imposibilite el goce de la vida.

El segundo inciso de este texto de articulado obedece a las últimas estadísticas realizadas por el DANE y la Universidad Externado de Colombia que arrojan un número creciente de hogares bajo la jefatura de la mujer, de los cuales, la mayoría se compone de mujeres jóvenes con hijos dependientes; generando de manera encadenada un aumento en el nivel de pobreza en razón a la gran inestabilidad laboral, la baja remuneración y la ausencia de un sistema de seguridad social.

Art. 44.- Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.
Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

CONC. 11, 13, 14, 15, 20, 48, 49, 50, 52, 67, 68.

ANTECEDENTES. "El niño no puede ser considerado como un ser aislado. Es producto de la maternidad, la familia y la sociedad. Estas condicionan su existencia por cuanto él evoluciona siempre con respecto a ellas, lo cual hace evidente que el niño es un ser en alto grado indefenso y frágil. En el siglo veinte, superados los problemas de libertad y saciadas las necesidades primarias del hombre, un despertar de la conciencia social llevó a las naciones industrializadas a pensar en el niño y su protección, pues se entendió que éste representa y garantiza el futuro de un pueblo. Sin embargo, en los países menos desarrollados el niño continúa siendo el más débil y vulnerable miembro de la comunidad, objeto de malos tratos y desatenciones, a pesar de ser él quien encarne la conservación de la especie.

Así en Colombia, la tasa de mortalidad infantil ha alcanzado niveles críticos, de ahí que ocupe el puesto 78 dentro de la escala mundial con relación a este problema. Por cada 1000 niños nacidos en el país, mueren 42, la mayoría menores de un año, debido a complicaciones sufridas por la madre durante el embarazo, el parto o el postparto. Por otra parte son abandonados por sus padres 20.000 niños; 100.000 sufren las consecuencias del maltrato y el abuso sexual y aproximadamente 5.000, entre niños y adolesentes expósitos, deambulan por las calles. Frecuentemente los juzgados reportan un gran número de menores que, ante la ausencia de solidaridad por parte de la población, infringen la ley y terminan por convertirse en delincuentes. " (Informe - ponencia para primer debate, Comisión V, Gaceta Constitucional No. 85, pág 6 ).

Lo anterior refleja la aguda crisis en que vive sumida la Nación cuyos efectos han recaído principalmente sobre los niños y jóvenes, situación que generó la necesidad de establecer garantías claras y efectivas que protegan al grupo humano que representa el futuro de Colombia.

Art. 45.- El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral.

El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud.

ANTECEDENTES. " En Colombia, la crisis normal en que entra el adolesente se ve en muchos casos acrecentada por la situación de inestabilidad en el hogar. Para los jóvenes que han tenido que soportar los conflictos entre sus padres, el paso de la infancia a la adolesencia ha significado tener que truncar sus estudios para asumir responsabilidades en la manutención de la familia. De la misma manera, la falta de una adecuada infraestructura educativa lo lleva a la vinculación laboral temprana o al ocio con todas sus secuelas. Estas situaciones los han expuesto al abuso de los empleadores y, lo que es peor, a problemas de drogadicción, alcoholismo, violencia y oportunidades de eniquecimiento rápido y e ilícito.

Por tanto, el adolesente requiere de un tratamiento especial y un lugar en la Constitución que lleven al joven paulatinamente a la madurez." (Ponencia-Informe para primer debate, Comisión V, Gaceta Constitucional No. 6, pág 7).

Art. 46.- El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria.

El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia.

CONC. 13, 48.

ANTECEDENTES. "La tercera edad no es una enfermedad. No es un concepto abstracto, sino concreto. Tiene problemas específicos, pero tambien capacidades y recursos de compensación propios tan positivos como los que caracterizan a otras edades. Contrariamente a lo que se piensa, el anciano es capaz de trabajar, de divertirse, de sentir placer y satisfacción, y sobre todo, de pertenecer a una comunidad y ser útil a esta. Debe mantenérsele en su propio medio social, pues su bienestar comineza en el contexto familiar. La experiencia en países industrializados dice que es perjudicial y poco aconsejable tratar de reunir a las personas mayores en residencias especiales que los aíslen de su comunidad. Por el contrario, debe brindárseles la posibilidad de que conserven su autonomía e independencia. Institucioanelas puede ocasionarles desórdenes de tipo mental que comprometan su salud integral, mientras que un ambiente sano, en el medio en que acostumbran a desenvolverse, contribuye a la prevención de las enfermedades.

En Colombia se calcula que en 1990 había 2. 016.334 personas mayores de 60 años (6.1%) de las cuales 592.402, más dela cuarta parte de esa población, no cuentan con los recursos necesarios para subsistir. Además, se sabe que la mayoría de los individuos pertenencientes a la tercera edad sufren de algún tipo de abandono social y muy pocos viejos tiene acceso a la seguridad social. La cifra no alcanza ni el 1% en todo el territorio nacional.

Las personas de la tercera edad han expresado en distintas ocasiones su deseo de actuar sobre el propio entorno y de permanecer en su medio social y familiar. Es éste el gran reto de la gerontología. Ha de buscarse por lo tanto que la familia cumpla con la función de proteger y socializar al anciano, en colaboración con la solidaridad ciudadana - sistema que ya se emplea en Inglaterra dentro del contexto de la seguridad social -con el fin de restaurar la capacidad productiva de éste.

Art. 47.- El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran.

CONC. 13, 54.

ANTECEDENTES. Este artículo fué acogido en su totalidad y en forma unánime por la Asamblea Constituyente, cuyo texto corresponde al presentado por el Gobierno Nacional, y en el cual se tuvo, seguramente en cuenta, que " el 8% de la población colombiana sufre problemas de deficiencia mental y hay quienes ubican hasta en un 40% el porcentaje de población que sufre deficiencias físicas sin que se conozcan estadísticas confiables sobre limitaciones sensoriales. Resulta bien importante lograr que el Estado incorpore a estas personas al trabajo productivo, a través de una política de empleos protegidos como ya existe en otras partes del mundo". ( Informe- Ponencia para primer debate, Comisión V, Gaceta Constitucional No. 85, pág 9).

Art. 48.- La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley.

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley.

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella.

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante.

CONC. 44, 46, 49, 50, 64, 365.

ANTECEDENTES. El sector social de la economía en Colombia no se ha considerado como un pilar fundamental del desarrollo y por ello se ha discriminado desde el punto de vista político y presupuestal.

Actualmente la seguridad social ha dejado de ser una noción abstracta para convertirse en un derecho concreto reconocido internacionalmente tal y como lo consagra la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en su artículo 22. El concepto de seguridad social puede cobijar aspectos amplios como la recreación, vivienda, desempleo y otros derechos indispensables a la dignidad del ser humano; o puede cobijar en un sentido restringido, únicamente aspectos referidos a la salud y los riesgos de invalidez, vejez, sobrevivencia, enfermedad profesional y accidente de trabajo.

El concepto de seguridad social no se circunscribe, como en la Constitución anterior, a la noción de asistencia pública, entendida esta en un sentido de asistencia caritativa; sino se concibe como un servicio público ; y adoptando el criterio restringido de seguridad social, los constituyentes quisieron simplemente implementar la finalidad social del Estado que debe ser permanente y prioritaria, implementanto el mecanismo de la seguridad social. Con este se busca posibilitar unas condiciones de vida dignas y en esa medida, se consagra como un derecho irrenunciable garantizado a todos los habitantes del territorio nacional bajo los principios de universalidad, uniformidad en los beneficios y solidaridad en busca del bienestar colectivo.

Art. 49.- La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley.

Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad.

La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria.

Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.

CONC. 48, 50, 64, 365.

ANTECEDENTES. Actualmente el sector salud comprende tres (3) subsectores a saber: 1. Subsector Oficial: orientado por el Ministerio de Salud que cubre aproximadamente el 40% de la población.
2. Subsector de la Seguridad Social: orientado por el Ministerio del Trabajo y se encuentra integrado por el Instituto de los Seguros Sociales y múltiples Cajas de Previsión Social. Es disperso y descordinado y sólo alcanza a cubrir el 20% de la población aproximadamente.
3. Subsector Privado: Con cobertura cada vez mas limitada debido a los altos costos. Cubre el 15% de la población.

El 25% restante de la población tiene grandes problemas para acceder a la salud no solamente por dificultades de tipo geográfico sino de tipo patrimonial pues no disponen de los recursos suficientes para pagarlos.

Por ello se propuso separar los sistemas de salud de los de previsión social con el fin de unificar los organismos que prestarían el servicio, al igual que sus ingresos y administración; de tal manera que los efectos negativos de las fallas en el sistema de previsión social y pensional no afecten el sistema de salud.

Art. 50.- Todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de protección o de seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. La ley reglamentará la materia.

CONC. 48, 49.

Art. 51.- Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna.

El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.

CONC. 64.

ANTECEDENTES. La comisión V en su informe - poenecia para primer debate en plenaria ante la Asamblea Nacional justificó la consagración del derecho a la vivienda como uno de los derechos sociales fundamentales teniendo en cuenta que " El déficit de la vivienda, urbana y rural, es uno de los graves problemas básicos de la sociedad colombiana, especialmente para los sectores medios y populares. La actividad edificadora y urbanizadora tiene enormes implicaciones e incidencia directa en el estímulo a la producción, generación de empleo, elevación de las condiciones de vida, dignificación de la persona humana, su entorno familiar, social y ambiental.

La vivienda, dotación de servicios, acceso a las lineas de crédito de fomento, hacen parte, entre otros, de los derechos y aspiraciones de los ciudadanos. El proceso de margininalidad social, reflejados en los turgurios, hacinamiento y rancherías; en las ciudades y los campos, carentes de servicios básicos y de condiciones adecuadas para el desenvolvimiento de una vida decorosa. La especulación de la tierra y la presencia delictual de los llamados "urbanizadores piratas"; el enriquecimiento sin causa basado en el acaparamiento " lotes de engorde " que se sustraen a la actividad edificadora; la concentración financiera, urbanizadora, productora de materiales y de construcción de vivienda, mediante organización monopólica de consorcios, que condicionan y manejan el mercado de la propiedad raiz y su financiación, son varios de los elementos que caracterizan la situación de la actividad edificadora y dificultan la dotación de vivienda al alcance de los estratos medios y populares.

En este horizonte, la propuesta constitucional se orienta a dar respuestas de solución a través de formas solidarias, mediante el impulso a la organización asociativa, democratización del crédito y utilización social y racional del suelo.".

Art. 52.- Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.

El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará las organizaciones deportivas, cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.

CONC. 44, 64.

Art. 53.- El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.

CONC. 13, 25.

ANTECEDENTES. El estatuto del trabajo, como ley orgánica tendrá un valor jurídico superior al de las leyes ordinarias laborales. Se pretende con ello, homogeneizar y dar coherencia temática a la actual disposición normativa.

Como un reflejo del querer ciudadano, el inciso tercero acoge las innumerales propuestas presentadas a las mesas de trabajo pese a que temas como la sustitución pensional y la conservación del poder adquisitivo son temas de ley.

Art. 54.- Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.

CONC. 13, 25, 47.

NOTA DEL COMPILADOR. Teniendo en cuenta que el derecho del trabajo no es solamente tener acceso a un empleo y a percibir una remuneración, se consagra también lo atinente a la preparación y adiestramiento de los trabajadores acorde con los avances tecnológicos, la especialidad de funciones y las nuevas estructuras empresariales.

Art. 55.- Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley.

Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo.

CONC. 38, 39.

NOTA DEL COMPILADOR. Como desarrollo del derecho de asociación, las negociaciones colectivas a través de convenciones, convenios, pactos, contratos o acuerdos tienen por objeto regular los asuntos directa o indirectamente relativos a las relaciones laborales en los diferentes sectores de la economía. Las excepciones obedecen al régimen legal de los trabajadores vinculados al servicio público aún cuando hubo propuestas en torno a que la única excepción que debía consagrarse era para los trabajadores militares y de policía.

Art. 56.- Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador.

La ley reglamentará este derecho.

Una comisión permanente integrada por el Gobierno, por representantes de los empleadores y de los trabajadores, fomentarán las buenas relaciones laborales, contribuirá a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertará las políticas salariales y laborales. La ley reglamentará su composición y funcionamiento.

CONC. 38, 39, 365.

CONC. LEGISLATIVAS. Arts. 12, 429 y 430 del Código Sustantivo del Trabajo.

NOTA DEL COMPILADOR. El artículo 430 del C. S. del T. pese a que regula lo relativo a los servicios públicos en general, sin ningún tipo de distinción, se aplica entre tanto la ley defina expresamente qué actividades deben considerarse como servicios públicos esenciales, tal y como lo hizo con los servicios públicos domiciliariosenel Decreto 1842 de 1991.

Art. 57.- La ley podrá establecer los estímulos y los medios para que los trabajadores participen en la gestión de las empresas.

CONC. 25, 333.

NOTA DEL COMPILADOR. Especialmente se quiso consagrar la participación de los trabajadores en la toma de decisiones de cierto nivel con el fin de lograr una relación laboral mas armónica. Los medios que se propusieron para cumplir este objetivo fueron comités, juntas asesoras y la participación de los trabajadores en los Consejos de Bienestar.

Art. 58.- Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.
Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.
Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio. Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar al pago de indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara.
Las razones de equidad, así como los motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por el legislador, no serán controvertibles judicialmente.

CONC. 60, 61, 64, 333.

ANTECEDENTES. La propiedad se constituye en un elemento fundamental de la sociedad civil, determinante de las relaciones del hombre.

Sobre la función social de la propiedad, ningún proyecto la definió por ello debe entenderse como un acercamiento al concepto de solidaridad que legitima la expropiación cuando el interés social lo exige; permite la participación de todas las personas en sus frutos y no discrimina ningún tipo de derechos.

En cuanto a la función ecológica, muy pocos de los texto presentados hablaban de ella y en su lugar utilizaban la protección del medio ambiente.

La expropiación se mantiene basados en el principio de John Locke según el cual " la tierra es para quien la trabaja "; y en cuanto al acceso a la propiedad, con miras a la apertura democrática de la economía, se reconocen dos formas nuevas de propiedad: la solidaria y la asociativa.

Art. 59.- En caso de guerra y sólo para atender a sus requerimientos, la necesidad de una expropiación podrá ser decretada por el Gobierno Nacional sin previa indemnización.

En el expresado caso, la propiedad inmueble sólo podrá ser temporalmente ocupada, para atender a las necesidades de la guerra, o para destinar a ella sus productos.

El Estado será siempre responsable por las expropiaciones que el Gobierno haga por sí o por medio de sus agentes.

CONC. 212.

Art. 60.- El Estado promoverá , de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad.

Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones, y ofrecer a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la materia.

CONC. 58, 333.

REGLAMENTACION. En virtud de la promulgación de la Ley 226 de 1995, fué desarrollado el principio sobre la democratización y enajenación de la propiedad accionaria estatal.

NOTA DEL COMPILADOR. Con este artículo se quiso asegurar la vigencia del principio de la igualdad de los colombianos.

Art. 61.- El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.

CONC. 58, 71.

NOTA DEL COMPILADOR. Algunos de los proyectos como el presentado por Guillermo Plazas Alcid, proponían limitar en el tiempo la protección a este tipo de propiedad por el término de la vida del autor y la de sus herederos directos, tal como la Constitución anterior lo establecía. Sin embargo se consideró, que por ser este un aspecto específico, conveniente delegar en la ley la determinación de sus condiciones y procedimientos.

Actualmente rige en Colombia sobre este tema la decisión 313 del Acuerdo de Cartagena del 6 de febrero de 1992 sobre régimen común de la Propiedad Industrial, sustitutiva de la decisión 311 y 85; y reglamentada en algunos de sus aspectos por el Decreto 575 de 1992. Esta decisión es incorporada al código de comercio en el Título II del Libro Tercero correspondiente a Los Bienes Mercantiles. ( Sistema Mercantil ).

Con relación a los derechos de autor, la ley 23 de 1982 regula en forma general todo lo relativo a este tema y el Decreto 2041 de 1991 crea la Dirección Nacional del Derecho de Autor como una unidad administrativa adscrita al Ministerio de Gobierno.

En forma específica los Decretos 3116 de 1984, 2465 de 1986 y 1360 de 1989 reglamentan las diferentes formas como se protegen los derechos de autor. ( Sistema de Legislación Civil ).

Art. 62.- El destino de las donaciones intervivos o testamentarias, hechas conforme a la ley para fines de interés social, no podrá ser variado ni modificado por el legislador, a menos que el objeto de la donación desaparezca. En este caso, la ley asignará el patrimonio respectivo a un fin similar.

El Gobierno fiscalizará el manejo y la inversión de tales donaciones.

Art. 63.- Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

CONC. 72, 102.

Art. 64.- Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educacion, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.

CONC. 48, 49, 51, 52, 58, 65, 66, 67.

DESARROLLO LEGISLATIVO. Mediante la Ley 101 de 1993, el Congreso Nacional expidió la Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.

ANTECEDENTES. Este artículo tiene como fin la " (...) democratización de la propiedad, entendida como el derecho al acceso productivo, incorporando diversas formas de tenecia, y, organización privada, familiar y asociativa de la economía solidaria, articulando este proceso como parte integral de la asistencia técnica, la educación, la formación de los trabajadores del campo, la participación comunitaria, el respeto a las formas de resguardos y culturas indígenas, dentro del marco y criterios de la productividad y eficiencia, en concurrencia con el desarrollo empresarial del sector agrario.
Una política integral de desarrollo en el sector agrario y sus componentes suponen un aumento de rpoducción y una mejora de la productividad, que constituyen las más positiva contribución y aporte a la estabilidad y desarrollos económicos, como control a la inflación de precios, al equilibrio de la balanza de comercio y al progreso colectivo. ". (Informe-ponencia para primer debate en Plenaria, Comsión V, Gaceta Constitucional No.
86, pág 16).

Art. 65.- La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad.

CONC. 64, 66.

DESARROLLO LEGISLATIVO. Mediante la Ley 101 de 1993, el Congreso Nacional expidió la Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.

ANTECEDENTES. El texto del articulado anterior contiene "(...) una ampliación del sector agrario, en el sentido de que incorpora sectores de la producción pesquera, forestal y agroindustrial, como elementos complementarios al desarrollo armónico, apuntando a un plan de seguridad alimentaria y suminstro de materias primas básicas. En este mismo horizonte se plantea la necesidad de impulsar la asistencia técnica, el crédito de fomento, el desarrollo de obras de infraestructura y de servicios, el mercadeo, acopio, ventajas fiscales y demás variables que contribuyan al desenvolvimiento pleno delos factores productivos y de la dignificación del trabajo campesino." ". ( Informe-ponencia para primer debate en Plenaria, Comsión V, Gaceta Constitucional No. 86, pág 16 ).

Sobre el tema de la Adecuación de Tierras, el Congreso expidió su reglamentación mediante la Ley 41 de 1993.

Art. 66.- Las disposiciones que se dicten en materia crediticia podrán reglamentar las condiciones especiales del crédito agropecuario, teniendo en cuenta los ciclos de las cosechas y de los precios, como también los riesgos inherentes a la actividad y las calamidades ambientales.

CONC. 64, 65.

Art. 67.- La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.

CONC. 44, 64, 79, 222.

DESARROLLO LEGISLATIVO. La Ley General de la Educación fué expedida por el Congreso en virtud de la Ley 115 de 1994.

NOTA DEL COMPILADOR. El inciso tercero desarrolla un principio de solidaridad en procura de una mayor cobertura de la educación.

Art. 68.- Los particulares podrán fundar Establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión.

La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación.

La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente.

Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los Establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa.

Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural.

La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado.

CONC. 10, 13, 19, 21, 44, 69, 189.

Art. 69.- Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.

La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.

El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo.

El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior.

CONC. 21, 68, 70, 71, 189.

NOTA DEL COMPILADOR. La consagración de la autonomía universitaria se dan unos parámetros de autoregulación e independencia en la fijación de criterio para determinadas actividades.

En cuanto a mecanismos financieros se pueden mencionar los subsidios, las becas y los créditos educativos.

Art. 70.- El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

CONC. 7, 13, 21, 69, 71, 189.

DESARROLLO LEGISLATIVO. Una de las manifestaciones en virtud de las cuales se logra el fomento a la cultura se realizó mediante la Ley 98 de 1993 sobre Democratización y Fomento del Libro Colombiano.

Art. 71.- La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.

CONC. 61, 69, 70.

Art. 72.- El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.

CONC. 63, 102.

Art. 73.- La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional.

CONC. 13, 15, 20, 21, 75.

Art. 74.- Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.

El secreto profesional es inviolable.

CONC. 15, 23.

Art. 75.- El espectro electromagnético es un bien público inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley.

Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético.

CONC. 13, 73, 101, 333, 336.

NOTA DEL COMPILADOR. Simultáneamente al considerarse el espectro electromagnético como un bien del Estado, se le suprime su uso en forma monopolística al Estado, permitiendo a los particulares su uso mediante el sistema de la concesión.

Art. 76.- La intervención estatal en el espectro electromagnético utilizado para los servicios de televisión, estará a cargo de un organismo de derecho público con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio.

Dicho organismo desarrollará y ejecutará los planes y programas del Estado en el servicio a que hace referencia el inciso anterior.

CONC. 20, 77.

NOTA DEL COMPILADOR. El objetivo de este nuevo organismo es el de evitar el monopolio del Estado en la actividad de la televisión y garantizar la concurrencia del mayor número de fuerzas políticas y sociales en los programas de televisión. Le corresponde desarrollar en esta área, el derecho de información.

Art. 77.- La dirección de la política que en materia de televisión determine la ley sin menoscabo de las libertades consagradas en esta Constitución, estará a cargo del organismo mencionado.

La televisión será regulada por una entidad autónoma del orden nacional, sujeta a un régimen propio. La dirección y ejecución de las funciones de la entidad estarán a cargo de una junta directiva integrada por cinco (5) miembros, la cual nombrará el director. Los miembros de la junta directiva tendrán período fijo. El gobierno nacional designará dos de ellos. Otro será escogido entre los representantes legales de los canales regionales de televisión. La ley dispondrá lo relativo al nombramiento de los demás miembros y regulará la organización y funcionamiento de la entidad.

Parágrafo. Se garantizarán y respetarán la estabilidad y los derechos de los trabajadores de Inravisión.

CONC. 76.

CAPITULO 3.

De los derechos colectivos y del ambiente.

Art. 78.- La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización.

Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.

El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen.

Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos internos.

CONC. 88, 89 277-4.

Art. 79.- Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservará las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

CONC. 67, 80, 88, 89, 95-8, 277-\n4.

DESARROLLO LEGISLATIVO. Mediante la Ley 99 de 1993 se creó el Ministerio del Medio Ambiente y se estructuró el Sistema Nacional Ambiental.

Art. 80.- El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Así mismo, cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.

CONC. 79, 88, 277-4.

Art. 81.- Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos.

El Estado regulará el ingreso al país y la salida de él de los recursos genéticos, y su utilización, de acuerdo con el interés nacional.

CONC. 223.

Art. 82.- Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.

Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común.

CONC. 88, 277-4.

CAPITULO 4.

De la protección y aplicación de los derechos.

NOTA DEL COMPILADOR. Se intenta integrar en un solo cuerpo normativo, coherente, las diferentes instituciones de protección de los derechos de las personas y de la legalidad que hoy se encuentra disperso en nuestro ordenamiento, complementándolo y mejorándolo con base en importantes y recientes desarrollos doctrinales y jurisprudenciales.

De otra parte, de nada serviría tener escrito toda una serie de derechos fundamentales sin que se dote a las personas de mecanismos para su protección y promoción.

Como mecanismos nuevos se consagran las acciones populares, el derecho de tutela y la acción de cumplimiento; ésta última, con capacidad para que el juez pueda expedir una orden de inmediato cumplimiento para las autoridades administrativas.

Art. 83.- Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.

CONC. 6, 124, 198.

NOTA DEL COMPILADOR. Busca recuperar la vigencia y practicidad real de este principio, extendiéndolo al ámbito del derecho público; en especial a las relaciones entre los particulares y las autoridades con el fin de resaltar el criterio de servicio público que debe imperar en todas las actuaciones de la Administración por encima de las condiciones formalistas y entrabadoras.

De igual manera se quiere convertir este derecho en criterio rector de todo el ordenamiento jurídico, convertirlo en fuente directa de derechos y obligaciones superando el criterio meramente interpretativo que se tenía de él.

Art. 84.- Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio.

CONC. 87.

NOTA DEL COMPILADOR. Se amparan derechos con este articulado que en la mayoría de las veces, la burocracia, la corrupción administrativa y el ejercicio de funciones públicas amparadas en una situación de poder, hacen imposible su práctica y aplicación por parte de los particulares.

Art. 85.- Son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 40.

NOTA DEL COMPILADOR. La aplicación inmediata hace referencia a la oportunidad temporal de aplicar los mecanismos de tutela.

Art. 86.- Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.
La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.

CONC. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 241-9, 282.

REGLAMENTACION. En virtud de la disposición constitucional, se expidieron los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992 sobre la Acción de Tutela.

JURISPRUDENCIA. Para establecer el alcance, objeto y naturaleza de la acción de tutela puede consultarse la sentencia de abril 3 de 1992 proferida por la Corte Constitucional de su sala de revisión de tutelas.

NOTA DEL COMPILADOR. A diferencia de los países en donde se consagra el derecho de amparo, de origen mexicano, en virtud del cual se cobija el recurso de habbeas corpus, la excepción de inconstitucionalidad, las acciones administrativas de nulidad y reparación directa, el recurso extraordinario de casación , entre otros; en Colombia con la acción de tutela, simplemente se protegen los derechos constitucionales fundamentales.

Se consagra entonces la acción de tutela como una garantía de jerarquía constitucional, a la cual se le definen sus elementos esenciales con el fin de prevenir, en su desarrollo legal, su desnaturalización, su limitación en sus alcances y su inoperancia. Como mecanismo subsidiario y residual, sólo procede en ausencia de otros mecanismos de defensa. No tiene el carácter de instancia adicional en la controversia de los derechos que ya han sido definidos judicialmente, como sí ocurre con el recurso de amparo. Tampoco procede con relación a los derechos colectivos pues estos en forma específica, son protegidos por las acciones populares.

Art. 87.- Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo.

En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido.

CONC. 40, 84, 92.

COMENTARIO. La acción de cumplimiento estaría sujeta a un régimen general de responsabilidad de las autoridades públicas ante el desacato de la orden judicial impartida.

Art. 88.- La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.

También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares.

Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos.

CONC. 40, 77, 79, 82, 282, 334.

NOTA DEL COMPILADOR. Las acciones populares o cívicas se encuentran orientadas a la defensa de un interés colectivo difuso, que no se concreta en cabeza de nadie en particular y por lo tanto, no posee voceros legitimados para su defensa.

Estas acciones se diferencian de las acciones de clase o de representación propias del derecho anglosajón en cuando que ellas buscan la reclamación conjunta de una serie de derechos individuales que surgen como consecuencia de un daño o perjuicio colectivo imputable a una persona natural o jurídica.
En las acciones populares se parte de una pretensión privada que legitima en la causa, basada en razones de tipo económico y de efectividad procesal de los derechos que permiten acumular de manera indefinida, las pretensiones. Son dos instituciones diferentes aun cuando en determinadas ocasiones pueden ser concurrentes.

Art. 89.- Además de los consagrados en los artículos anteriores, la ley establecerá los demás recursos, las acciones, y los procedimientos necesarios para que puedan propugnar por la integridad del orden jurídico, y por la protección de sus derechos individuales, de grupo o colectivos, frente a la acción u omisión de las autoridades públicas.

CONC. 40, 78, 79.

NOTA DEL COMPILADOR. Constituye el fundamento de legitimación constitucional para la creación y aplicación de nuevos mecanismos jurídicos, que frente a nuevas circunstancias de tipo social, se requieran para su protección.

Art. 90.- El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.

CONC. 6.

NOTA DEL COMPILADOR. Al radicar el fundamento de este tipo de responsabilidad patrimonial en el daño antijurídico y su imputabilidad al órgano estatal, se resuelve el problema de la insuficiencia del criterio de " falla del servicio " dentro del cual no cabían todas las actuales formas y situaciones de responsabilidad patrimonial como por ejemplo, el de la responsabilidad por daño especial. El fundamento de la responsabilidad administrativa se desplaza, del concepto subjetivo de la antijuridicidad de la acción del Estado al criterio objetivo de la antijuridicidad del daño producido por ella. Esta antijuridicidad habrá de aplicarse cuando se cause un detrimento patrimonial que carezca de título jurídico válido y exceda el conjunto de las cargas que normalmente debe soportar el individuo en su vida social.

En cuanto a la imputabilidad se resalta el hecho de que para que exista responsabilidad no basta la mera relación de causalidad entre el daño y la acción de una autoridad pública, sino que es necesario además, que pueda atribuírsele al órgano o al Estado, el deber jurídico de indemnizarlo.

Art. 91.- En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta.

Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición.

Respecto de ellos, la responsabilidad recaerá únicamente en el superior que da la orden.

NOTA DEL COMPILADOR. Se mantiene en esencia este tipo de responsabilidad como la constitución anterior lo consagraba en el artículo 21.

Art. 92.- Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de la autoridad competente la aplicación de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas.

CONC. 40, 87.

NOTA DEL COMPILADOR. Esto permite que toda persona se convierta en un agente fiscalizador de la moralidad administrativa, sin que se le puedan oponer obstáculos derivados de una supuesta falta de legitimidad.

Art. 93.- Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohiben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

CONC. 5, 214.

NOTA DEL COMPILADOR. Es la consagración de la supremacía de los tratados y convenios suscritos por Colombia y aprobados por el congreso. Busca evitar que al amparo de situaciones de emergencia como el estado de sitio, se suspendan garantías fundamentales consagradas en tratados públicos. De igual manera se intenta poner freno a los desmanes del poder público bajo el pretexto de prevenir desórdenes internos.

Art. 94.- La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.

CONC. 5.

NOTA DEL COMPILADOR. Se consagra el principio de la mera enumeración en contraposición al de la taxatividad.

CAPITULO 5.

De los deberes y obligaciones.

Art. 95.- La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos estan en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.

Son deberes de la persona y del ciudadano: 1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; 2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; 3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituídas para mantener la independencia y la integridad nacionales.
4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica; 5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; 6. Propender al logro y mantenimiento de la paz; 7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano; 9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.

CONC. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 22, 40, 79, 103.

NOTA DEL COMPILADOR. La consagración simultáneamente de deberes para las personas obedece al postulado en virtud del cual nadie puede bajo pretexto de ejercer sus derechos, atentar contra el orden institucional.

El informe - ponencia presentado para estudio a plenaria en la Asamblea Nacional Constituyente incorporaba dos deberes más que no fueron aprobados, a saber: el deber de defender a Colombia y sus instituciones legítimas para mantener la independencia y la integridad nacional; y el de prestar el servicio militar obligatorio, los servicios sociales, cívicos y ecológicos cuando la ley lo estableciera.

TITULO III.

DE LOS HABITANTES Y DEL TERRITORIO.

CAPITULO 1.

De la Nacionalidad.

Art. 96.- Son nacionales colombianos: 1. Por nacimiento: a) Los naturales de Colombia, con una de dos condiciones: que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la República en el momento del nacimiento.

b) Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en la República.
2. Por adopción:
a) Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalización, de acuerdo con la ley, la cual establecerá los casos en los cuales se pierde la nacionalidad colombiana por adopción.

b) Los latinoamericanos y del Caribe por nacimiento domiciliados en Colombia, que con autorización del Gobierno y de acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad, pidan ser inscritos como colombianos ante la municipalidad donde se establecieren.

c) Los miembros de pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos.

Ningún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad.

La calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Los nacionales por adopción no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen o adopción.

Quienes hayan renunciado a la nacionalidad colombiana podrán recobrarla con arreglo a la ley.

CONC. 98, 179-7, 191, 232, 255, 267, 272.

DESARROLLO LEGISLATIVO Y REGLAMENTARIO. Sobre el tema relativo a la adquisición, renuncia, pérdida y recuperación de la nacionalidad colombiana se expidió la Ley 43 de 1993, reglamentada por los Decretos 207 y 286 de 1993.

ANTECEDENTES. La Comisión I y luego la Asamblea Nacional Constituyente le reconoció en forma automática la categoria de colombiano por nacimiento, a quien siendo miembro de pueblo indígena que comparte territorios fronterizos con Colombia, ingrese a territorio nacional. Lo anterior obedeció a una realidad " (...) de los pueblos indígenas que habitan las fronteras colombianas, como los Emberas del Darién en los límites con Panamá, los Wuayú limítrofes con Venezuela, los Yanumamis y Nukats que habitan en zonas limítrofes con el Brasil y los Cunas o Awacs que habitan en las fronteras colombo- ecuatorianas. Cada una de estas comunidades indígenas comparte una organización social, religiosa y política; es, por esto, que la interrelación cultural entre Emberas que habitan territorio colombiano y Emberas que habitan en territorio panameño es un hecho, muy a pesar de los límites políticos existentes.". Por ello el asentamiento de las comunidades indígenas en territorio Iberoamericano ha afectado las comunidades indígenas nómadas fronterizas, que aún hoy " (...
) no asimilan el concepto de límite político, ficción esta que pugna con sus constumbres. Igualmente se conservan familias enteras que se encuentran divididas por fronteras.".

En cuanto a la doble nacionalidad esta es hoy " (...) un fenómeno hoy universal; la tendencia moderna es que por medio de tratados públicos binacionales y multinacionales se regule en qué circunstancias se suspende, y cuál nacionalidad se aplica, atendiendo por regla general al fenómeno de la residencia." (Informe-ponencia para primer debate, ponente Alvaro Leyva Durán, Gaceta Constitucional No. 86, pág 3).

Art. 97.- El colombiano, aunque haya renunciado a la calidad de nacional, que actúe contra los intereses del país en guerra exterior contra Colombia, será juzgado y penado como traidor.

Los colombianos por adopción y los extranjeros domiciliados en Colombia, no podrán ser obligados a tomar las armas contra su país de origen; tampoco lo serán los colombianos nacionalizados en país extranjero, contra el país de su nueva nacionalidad.

CONC. 216.

CAPITULO 2.

De la ciudadanía.

Art. 98.- La ciudadanía se pierde de hecho cuando se ha renunciado a la nacionalidad, y su ejercicio se puede suspender en virtud de decisión judicial en los casos que determine la ley.

Quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de la ciudadanía, podrán solicitar su rehabilitación.

Parágrafo. Mientras la ley no decida otra edad, la ciudadanía se ejercerá a partir de los dieciocho años.

CONC. 96.

NOTA DEL COMPILADOR. El informe - ponencia presentado por la comisión a plenaria proponía la mayoría de edad a los 17 años teniendo en cuenta que esa es la edad promedio del bachiller colombiano a quienes podría dárseles participación política en cuanto han demostrado elementos de criterio y madurez.

Art. 99.- La calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa e indispensable para ejercer el derecho de sufragio, para ser elegido y para desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción.

CONC. 40, 103, 172, 177, 191, 232, 255, 267, 272, 299.

CONC. LEGISLATIVA. Art. 241 Código de Régimen Político.

CAPITULO 3.

De los extranjeros.

Art. 100.- Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros.

Así mismo, los extranjeros gozarán, en el territorio de la República, de las garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o la ley.

Los derechos políticos se reservan a los nacionales, pero la ley podrá conceder a los extranjeros residentes en Colombia el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de carácter municipal o distrital.

CONC. 4, 40, 103.

CAPITULO 4.

Del territorio.

Art. 101.- Los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República, y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la Nación.

Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución, sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República.

Forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina e isla de Malpelo, además de las islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen.

También son parte de Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de conformidad con el Derecho Internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales.

CONC. 75, 224, 290.

Art. 102.- El territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la Nación.

CONC. 63, 72.

TITULO IV.

DE LA PARTICIPACION DEMOCRATICA Y DE LOS PARTIDOS POLITICOS.

CAPITULO 1.

De las formas de participación democrática.

Art. 103.- Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.

La ley los reglamentará.

El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan.

CONC. 0, 3, 40, 41, 95, 99, 100, 170, 258, 270, 318.

DESARROLLO LEGISLATIVO. Los Mecanismos de Participación Ciudadana fueron regulados mediante Ley 134 de 1994.

ANTECEDENTES. Durante casi cinco siglos (XIII-XVIII), se presenta en el mundo occidental varios medios de legitimación del poder; desde la Carta Magna (1215) hasta la revolución francesa (1789), pasando por las obras inglesas y teorias de Bodino, Hobbes, Locke, Montesquieu y Rousseau, hasta llegar a las obras de Sieyés y Alexis de Tocqueville.

En colombia, desde el Acta de Independencia (1810) se acoge la Democracia Representativa hasta 1991, donde se adopta el de Democracia Participativa, la cual implica el concurso de los ciudadanos en las decisiones administrativas requeridas para el ejercicio de los servicios públicos.

Uno de sus desarrollos lo constituye la revocatoria del mandato, concepto que va ligado al de soberanía popular y control político; ya que el mandato que confiere el elector es de natrulareza programática, es decir con fundamento en el programa presentado y el espacio político que prometió defender.

Art. 104.- El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria. La consulta no podrá realizarse en concurrencia con otra elección.

CONC. 40, 173, 189.

Art. 105.- Previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que señale el estatuto general de la organización territorial y en los casos que éste determine, los Gobernadores y Alcaldes según el caso, podrán realizar consultas populares para decidir sobre asuntos de competencia del respectivo departamento o Municipio.

CONC. 40, 305, 315, 316, 319.

Art. 106.- Previo el cumplimiento de los requisitos que la ley señale y en los casos que ésta determine, los habitantes de las entidades territoriales podrán presentar proyectos sobre asuntos que son de competencia de la respectiva corporación pública, la cual está obligada a tramitarlos; decidir sobre las disposiciones de interés de la comunidad a iniciativa de la autoridad o corporación correspondiente o por lo menos del 10% de los ciudadanos inscritos en el respectivo censo electoral; y elegir representantes en las juntas de las empresas que prestan servicios públicos dentro de la entidad territorial respectiva.

CONC. 40.

CAPITULO 2.

De los partidos y de los movimientos políticos.

Art. 107.- Se garantiza a todos los nacionales el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.

También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos.

CONC. 40, 265-8.

DESARROLLO LEGISLATIVO. El Estatuto Básico de los Partidos y Movimientos Políticos, fué consagrado en la Ley 130 de 1994.

ANTECEDENTES. La consagración constitucional de los partidos y en especial, de los movimientos políticos, colocan nuesta carta política "(...) a la altura del moderno constitucionalismo ", que reconoce estos y otros tipos de intermediación política.

Se quiso con esta reforma a los partidos, renovar la democracia con el fin de subsistir y desarrollar a niveles cada vez mas superiores, la organización social. No obstante se presentaron dificultades teniendo en cuenta que " el proceso de institucionalización de los partidos es complejo, pues una definición rígida de lo que es un partido o movimiento político podría llevar a interpretaciones caprichosas o unilaterales por parte de los organismos o funcionarios encargados de tramitar el reconocimiento de su personería jurídica y de ampliar las garantías que deba brindarles el Estado para el cabal cumplimiento de su misión. (...) La necesidad de que la institucionalidad contribuya a la democratización de los partidos y movimientos, gestores de la acción gubernamental y administrativa que como se afirma en el Preámbulo de la Constitución, debe ser democrática y pluralista, es evidente pues sin democratizar a los partidos y movimientos políticos no será facil democratizar el país. " (Gaceta Constitucional No.
89, pág 3).

Art. 108.- El Consejo Nacional Electoral reconocerá personería jurídica a los partidos y movimientos políticos que se organicen para participar en la vida democrática del país, cuando comprueben su existencia con no menos de cincuenta mil firmas, o cuando en la elección anterior hayan obtenido por lo menos la misma cifra de votos o alcanzado representación en el congreso de la República.

En ningún caso podrá la ley establecer exigencias en relación con la organización interna de los partidos y movimientos políticos, ni obligar la afiliación a ellos para participar en las elecciones.

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones sin requisito adicional alguno. Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue.

Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos.

La ley podrá establecer requisitos para garantizar la seriedad de las inscripciones.

La personería de que trata el presente artículo quedará extinguida por no haberse obtenido el número de votos mencionado o alcanzado representación como miembros del Congreso, en la elección anterior.

Se perderá también dicha personería cuando en los comicios electorales que se realicen en adelante no se obtengan por el partido o movimiento político a través de sus candidatos por lo menos 50.000 mil votos o no se alcance la representación en el Congreso de la República.

CONC. 265-8.

DESARROLLO LEGISLATIVO. El Estatuto Básico de los Partidos y Movimientos Políticos, fué consagrado en la Ley 130 de 1994.

Art. 109.- El Estado contribuirá a la financiación del funcionamiento y de las campañas electorales de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica.

Los demás partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que postulen candidatos, se harán acreedores a este beneficio siempre que obtengan el porcentaje de votación que señale la ley.

La ley podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos o candidatos puedan realizar en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones individuales. Los partidos, movimientos y candidatos deberán rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos.

DESARROLLO LEGISLATIVO. La financiación de los Partidos y Movimientos Políticos y la de las Campañas Electorales fué regulado mediante la Ley 130 de 1994.

ANTECEDENTES. "Es evidente que un factor fundamental para la democratización de la política y su moralización, es la financiación estatal del funcionamiento de los partidos y movimientos permanentes así como la de las campañas electorales de todas las corrientes de opinión que presenten candidatos, entre las cuales se encuentran los movimientos sociales, partidos en formación y otros grupos significativos de personas. La esencia de la democracia es el acatamiento del mandato generado por las mayorías y el derecho de subsistencia de las minorías." (Gaceta Constitucional No. 89, pág 3).

Art. 110.- Se prohibe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley.

El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones será causal de remoción del cargo o de pérdida de la investidura.

CONC. 109, 127.

CONC. D. 2400 de 1968, Art. 10,: " Asimismo a los empleados les está prohibido, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho del sufragio, desarrollar actividades partidarias. Se entiende por tales, aceptar la designación o formar parte de directorios y comités de partidos políticos aun cuando no se ejerzan las funciones correspondientes; intervenir en la organización de manifestaciones o reuniones públicas de los partidos; pronunciar discursos o conferencias de carácter partidario y comentar por medio de periódicos, noticieros u otros medios de información, temas de la misma naturaleza; tomar en cuenta la filiación política de los ciudadanos para darles un tratamiento de favor o para ejercer discriminaciones en contra; coartar por cualquier clase de influencia o presión la libertad de opinión o de sufragio de los subalternos. ".

NOTA DEL COMPILADOR. Las excepciones a que se refiere el texto del articulado anterior se presentan cuando el respectivo partido dispone contribuciones de todos sus afiliados en igualdad de condiciones, eventualidad en que podrían participar voluntariamente los funcionarios públicos.

Art. 111.- Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica tienen derecho a utilizar los medios de comunicación social del Estado en todo tiempo, conforme a la ley. Ella establecerá así mismo los casos y la forma como los candidatos debidamente inscritos tendrán acceso a dichos medios.

CONC. 265-9.

DESARROLLO LEGISLATIVO. El Estatuto Básico de los Partidos y Movimientos Políticos, fué consagrado en la Ley 130 de 1994.

CAPITULO 3.

DEL ESTATUTO DE LA OPOSICION.

Art. 112.- Los partidos y movimientos políticos que no participen en el Gobierno podrán ejercer libremente la función crítica frente a éste y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, salvo las restricciones legales, se les garantizan los siguientes derechos: de acceso a la información y a la documentación oficiales; de uso de los medios de comunicación social del Estado de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; de réplica en los medios de comunicación del Estado frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos por altos funcionarios oficiales, y de participación en los organismos electorales.

Los partidos y movimientos minoritarios tendrán derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según su representación en ellos.

Una ley estatutaria regulará íntegramente la materia.

CONC. 152, 265-5.

DESARROLLO LEGISLATIVO. El Estatuto Básico de los Partidos y Movimientos Políticos, fué consagrado en la Ley 130 de 1994.

NOTA DEL COMPILADOR. La finalidad prístina para la consagración del estatuto de la oposición radica en la posibilidad de permitir el ejercicio de una función crítica de los gobiernos, de las agrupaciones que no participan de él.

El ejercicio de la oposición política en Colombia venía necesitando el establecimiento de unas reglas claras, que si bien la Constitución no las establece, sí serán objeto de regulación de la ley estatutaria que reglamentará la materia.
La Constitución simplemente se limita a reconocer una serie de derechos y garantías en procura de un mejor desarrollo del principio de la democracia participativa.

TITULO V.

DE LA ORGANIZACION DEL ESTADO.

CAPITULO 1.

De la estructura del Estado.

Art. 113.- Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial.
Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado.
Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.

CONC. 121, 209.

Art. 114.- Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración.

El Congreso de la República, estará integrado por el Senado y la Cámara de Representantes.

CONC. 135, 138, 150.

Art. 115.- El Presidente de la República es Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa.

El Gobierno Nacional está formado por el Presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de Departamentos administrativos.

El Presidente y el Ministro o Director de Departamento correspondientes, en cada negocio particular, constituyen el Gobierno.

Ningún acto del Presidente, excepto el de nombramiento y remoción de Ministros y Directores de Departamentos Administrativos y aquellos expedidos en su calidad de Jefe del Estado y de suprema autoridad administrativa, tendrá valor ni fuerza alguna mientras no sea suscrito y comunicado por el Ministro del ramo respectivo o por el Director del Departamento Administrativo correspondiente, quienes, por el mismo hecho, se hacen responsables.

Las gobernaciones y las alcaldías, así como las Superintendencias, los Establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del Estado, forman parte de la Rama Ejecutiva.

CONC. 189.

CONC. LEGISLATIVA. La Estructura de la Administración del Estado se encuentra determinada en el Decreto 1050 de 1968.

Art. 116.- La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran justicia. También lo hace la justicia penal militar.

El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales.

Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.

Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.

CONC. 174, 175, 178-3, 228, 249.

Art. 117.- El Ministerio Público y la Contraloría General de la República son órganos de control.

CONC. 267, 275.

Art. 118.- El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del ministerio público ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas.

CONC. 275, 277, 278, 281, 282.

Art. 119.- La Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la administración.

CONC. 267, 268.

Art. 120.- La organización electoral está conformada por el Consejo Nacional Electoral, por la Registraduría Nacional del Estado Civil y por los demás organismos que establezca la ley. Tiene a su cargo la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las personas.

CONC. 264, 265, 266, 267.

Art. 121.- Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.

CONC. 113, 122, 136-1, 209, 228.

CONC. LEGISLATIVA. Art. 162, Código Penal.

CAPITULO 2.

DE LA FUNCION PUBLICA.

Art. 122.- No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento.
Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben.
Antes de tomar posesión del cargo, retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas.
Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público.
Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, el servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.

CONC. 121, 183-3, 192.

CONC. Art. 6, D. 1950 de 1973, : " Se entiende por empleo el conjunto de deberes, atribuciones y responsabilidades establecidas por la Constitución, la ley, el reglamento o asignados o por autoridad competente, para satisfacer necesidades permanentes de la administración pública, y que deben ser atendidas por una persona natural. ".

CONC. LEGISLATIVAS. Arts. 239, 251 y 269, Código de Régimen Político.

Art. 123.- Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.

Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.

La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio.

CONC. 124, 277-6.

CONC. LEGISLATIVAS. Art. 4, Código Sustantivo del Trabajo; Art. 243, Código de Régimen Político.

NOTA DEL COMPILADOR. Sobre la Organización de la Administración Pública puede consultarse el Decreto 1050 de 1968.

Art. 124.- La ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva.

CONC. 6, 83, 121, 122, 123, 198.

Art. 125.- Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción.

CONC. 260.

CONC. Art. 40, Decreto 2400 de 1968, : " La carrera administrativa tiene por objeto mejorar la eficiencia de la administración y ofrecer a todos los colombianos igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público, la estabilidad en sus empleos y la posibilidad de ascender en la carrera, conforme a las reglas que el presente título establece. (...)".

NOTA DEL COMPILADOR. Mediante la ley 27 de 1992, el Congreso de la República reguló la parte referente a la carrera administrativa con la finalidad de unificar la legislación existente sobre la materia, y el gobierno nacional la reglamentó mediante los Decretos 1221, 1222, 1223, 1224, 2611 de 1993 y 256 y 805 de 1994.

Art. 126.- Los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentezco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. Tampoco podrán designar a personas vinculadas por los mismos lazos con servidores públicos competentes para intervenir en su designación.

Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos.

CONC. 179-5, 179-6.

Art. 127.- Los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales.

A los empleados del Estado y de sus entidades descentralizadas que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o política, cargos de dirección administrativa, o se desempeñen en los órganos judicial, electoral, de control, les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio.

Los empleados no contemplados en esta prohibición podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la ley.

La utilización del empleo para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o campaña política constituye causal de mala conducta.

CONC. 110, 180-4, 179-2, 179-3.

CONC. LEGISLATIVAS. Arts. 144, 145, 146, 158 del Código Penal.

CONC. Art. 10, Decreto 2400 de 1968, : " Asimismo a los empleados les está prohibido, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho del sufragio, desarrollar actividades partidistas. Se entiende por tales, aceptar la designación o formar parte de directorios y comités de partidos políticos aun cuando no se ejerzan las funciones correspondientes; intervenir en la organización de manifestaciones o reuniones públicas de los partidos; pronunciar discursos o conferencias de carácter partidario y comentar por medio de periódicos, noticieros u otros medios de información, temas de la misma naturaleza; tomar en cuenta la filiación política de los ciudadanos para darles un tratamiento de favor o para ejercer discriminaciones en contra; coartar por cualquier clase de influencia o presión la libertad de opinión o de sufragio de los subalternos. ".

Art. 128.- Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas.

CONC. 179-8, 245, 267.

DESARROLLO LEGISLATIVO. Sobre el concepto de Tesoro Público y las respectivas incompatibilidades el Congreso de la República lo reguló desde 1931 bajo la Ley 78 que reglamenta el artículo 64 de la Constitución de 1886, actualmente, artículo 128; y mediante el Decreto 1713 de 1960 se establecieron las excepciones a las incompatibilidades allí establecidas.

CONC. LEGISLATIVAS. Arts. 306, 307 y 308 del Código de Régimen Político.

Art. 129.- Los servidores públicos no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros u organismos internacionales, ni celebrar contratos con ellos, sin previa autorización del Gobierno.

Art. 130.- Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial.

CONC. Art. 10, Decreto 1950 de 1973, : " Compete al Departamento Administrativo del Servicio Civil velar por el cumplimiento de las normas legales y de lo dispuesto en el presente capítulo, para lo cual el Departamento dirigirá los estudios, prestará la asesoría correspondiente y coordinará con los demás organismos oficiales la intervención que se requiera.".

Art. 131.- Compete a la ley la reglamentación del servicio público que prestan los notarios y registradores, la definición del régimen laboral para sus empleados y lo relativo a los aportes como tributación especial de las notarías, con destino a la administración de justicia.

El nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante concurso.

Corresponde al Gobierno la creación, supresión y fusión de los círculos de notariado y registro y la determinación del número de notarías y oficinas de registro.

NOTA DEL COMPILADOR. Dar "fe" constituye en Colombia, la columna vertebral de la actividad notarial. Esta "fe" se considera de origen privado aunque presenta características de interés general y público, razón por la cual la ley regula su ejercicio. La actividad notarial es una actividad pública en el sentido de estar vinculada al interés social.

Las funciones que cumplen las Notarías y el estatuto orgánico de notariado, Decreto 960 de 1970, y su reglamentario, Decreto 2148 de 1983, puede consultarse en el " Sistema de Legislación de Procedimiento Civil".

TITULO VI DE LA RAMA LEGISLATIVA

CAPITULO 1.

De la composición y las funciones.

Art. 132.- Los senadores y los representantes serán elegidos para un período de cuatro años, que se inicia el 20 de julio siguiente a la elección.

CONC. 138.

CONC. LEGISLATIVA.Art. 253, Código de Régimen Político.

DESARROLLO LEGISLATIVO. El reglamento del Congreso fué expedido en virtud de la Ley 5 de 1992.

NOTA DEL COMPILADOR. El bicameralismo y unicameralismo fueron dos temas de grandes debates. La reforma al Congreso tuvo fundamento en dos hechos principales: el desprestigio de la Corporación, producto de sus vicios y abusos arraigados de tiempo atrás; y la modernización que permitiera colocarlo nuevamente como un instrumento productivo de la voluntad popular.

Quienes defendían el mantenimiento del bicameralismo simplemente modificaban dos aspectos de procedimiento: la simplificación de los trámites legislativos y la diferenciación funcional de las dos cámaras.

Por el contrario, quienes eran partidarios del unicameralismo o monocameralismo aducían un ahorro sustancial en el trámite legislativo y una reducción de costos en el mantenimiento de la burocracia parlamentaria.

Art. 133.- Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común.

El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura.

DESARROLLO LEGISLATIVO. El reglamento del Congreso fué expedido en virtud de la Ley 5 de 1992.

Art. 134.- Modificado. Art. 1, Acto Legislativo No. 3 de 1993: Las faltas absolutas o temporales de los miembros de las Corporaciones Públicas serán suplidas por los candidatos que, según el orden de inscripción, en forma sucesiva y descendente, correspondan a la misma lista electoral.

CONC. 261.

Art. 135.- Son facultades de cada Cámara: 1. Elegir sus mesas directivas.
2. Elegir a su Secretario General, para períodos de dos años, contados a partir del 20 de julio, quien deberá reunir las mismas calidades señaladas para ser miembro de la respectiva Cámara.
3. Solicitar al Gobierno los informes que necesite, salvo lo dispuesto en el numeral 2 del Artículo siguiente.
4. Determinar la celebración de sesiones reservadas en forma prioritaria a las preguntas orales que formulen los Congresistas a los Ministros y a las respuestas de éstos. El reglamento regulará la materia.
5. Proveer los empleos creados por la ley para el cumplimiento de sus funciones.
6. Recabar del Gobierno la cooperación de los organismos de la administración pública para el mejor desempeño de sus atribuciones.
7. Organizar su Policía interior.
8. Citar y requerir a los Ministros para que concurran a las sesiones. Las citaciones deberán hacerse con una anticipación no menor de cinco dias y formularse en cuestionario escrito. En caso de que los Ministros no concurran, sin excusa aceptada por la respectiva Cámara, ésta podrá proponer moción de censura. Los Ministros deberán ser oídos en la sesión para la cual fueron citados, sin perjuicio de que el debate continúe en sesiones posteriores por decisión de la respectiva Cámara. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día de la sesión.
9. Proponer moción de censura respecto de los ministros por asuntos relacionados con funciones propias del cargo. La moción de censura, si hubiere lugar a ella, deberá proponerla por lo menos la décima parte de los miembros que componen la respectiva cámara. La votación se hará entre el tercero y el décimo día siguientes a la terminación del debate, en Congreso pleno, con audiencia de los ministros respectivos. Su aprobación requerir la mayoría absoluta de los integrantes de cada cámara. Una vez aprobada, el ministro quedará separado de su cargo. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia a menos que la motiven hechos nuevos.

CONC. 114, 141, 147, 172, 177, 200-5, 208.

DESARROLLO LEGISLATIVO. El reglamento del Congreso fué expedido en virtud de la Ley 5 de 1992.

NOTA DEL COMPILADOR. Con el establecimiento de la Moción de Censura se quiere complementar la figura " amorfa e inconclusa " de la citación a los Ministros. Se busca que el congreso en forma oportuna, como órgano de representación ciudadana, corrija a tiempo los eventuales abusos que pueden generar los ministros con sus actos; se trata de incorporar un medio de racionalización y restablecimiento del equilibrio de las funciones del ejecutivo y el legislativo. No se busca cercenar la actividad legítima del gobierno; sino simplemente equilibrar los poderes del legislativo y ejecutivo.

Art. 136.- Se prohibe al Congreso y a cada una de sus Cámaras: 1. Inmiscuirse, por medio de resoluciones o de leyes, en asuntos de competencia privativa de otras autoridades.
2. Exigir al Gobierno información sobre instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones de carácter reservado.
3. Dar votos de aplauso a los actos oficiales.
4. Decretar a favor de personas o entidades donaciones, gratificaciones, auxilios, indemnizaciones, pensiones u otras erogaciones que no estén destinadas a satisfacer créditos o derechos reconocidos con arreglo a la ley preexistente.
5. Decretar actos de proscripción o persecución contra personas naturales o jurídicas.
6. Autorizar viajes al exterior con dineros del erario, salvo en cumplimiento de misiones específicas, aprobadas al menos por las tres cuartas partes de los miembros de la respectiva Cámara.

CONC. 121, 355.

DESARROLLO LEGISLATIVO. El reglamento del Congreso fué expedido en virtud de la Ley 5 de 1992.

Art. 137.- Cualquier comisión permanente podrá emplazar a toda persona natural o jurídica, para que en sesión especial rinda declaraciones orales o escritas, que podrán exigirse bajo juramento, sobre hechos relacionados directamente con las indagaciones que la comisión adelante.

Si quienes hayan sido citados se excusaren de asistir y la comisión insistiere en llamarlos, la Corte Constitucional, después de oirlos, resolverá sobre el particular en un plazo de diez dias, bajo estricta reserva.

La renuencia de los citados a comparecer o a rendir las declaraciones requeridas, será sancionada por la comisión con la pena que señalen las normas vigentes para los casos de desacato a las autoridades.

Si en el desarrollo de la investigación se requiere, para su perfeccionamiento, o para la persecución de posibles infractores penales, la intervención de otras autoridades, se las exhortará para lo pertinente.

CONC. 208, 241-7.

DESARROLLO LEGISLATIVO. El reglamento del Congreso fué expedido en virtud de la Ley 5 de 1992.

NOTA DEL COMPILADOR. Esta artículo es nuevo. La comparecencia es obligatoria y no acepta la asistencia de representantes. Es personal.

CAPITULO 2.

De la reunión y el funcionamiento.

Art. 138.- El Congreso, por derecho propio, se reunirá en sesiones ordinarias, durante dos períodos por año, que constituirán una sola legislatura. El primer período de sesiones comenzará el 20 de julio y terminará el 16 de diciembre; el segundo el 16 de marzo y concluir el 20 de junio.
Si por cualquier causa no pudiere reunirse en las fechas indicadas, lo harán tan pronto como fuere posible, dentro de los períodos respectivos.
También se reunirá el Congreso en sesiones extraordinarias, por convocatoria del Gobierno y durante el tiempo que éste señale.
En el curso de ellas sólo podrá ocuparse en los asuntos que el Gobierno someta a su consideración, sin perjuicio de la función de control político que le es propia, la cual podrá ejercer en todo tiempo.

CONC. 114, 132, 202-2, 213.

DESARROLLO LEGISLATIVO. El reglamento del Congreso fué expedido en virtud de la Ley 5 de 1992.

CONC. LEGISLATIVA. Art. 11, Código de Régimen Político.

Art. 139.- Las sesiones del Congreso serán instaladas y clausuradas conjunta y públicamente por el Presidente de la República, sin que esta ceremonia, en el primer evento, sea esencial para que el Congreso ejerza legítimamente sus funciones.

CONC. 141, 189-8.

DESARROLLO LEGISLATIVO. El reglamento del Congreso fué expedido en virtud de la Ley 5 de 1992.

CONC. LEGISLATIVA. Art. 17, Código de Régimen Político.

Art. 140.- El Congreso tiene su sede en la capital de la República.

Las cámaras podrán por acuerdo entre ellas trasladar su sede a otro lugar y, en caso de perturbación del orden público, podrán reunirse en el sitio que designe el Presidente del Senado.

CONC. 150-6

DESARROLLO LEGISLATIVO. El reglamento del Congreso fué expedido en virtud de la Ley 5 de 1992.

CONC. LEGISLATIVA. Art., Código de Régimen Político.

Art. 141.- El Congreso se reunirá en un solo cuerpo únicamente para la instalación y clausura de sus sesiones, para dar posesión al Presidente de la República, para recibir a Jefes de Estado o de Gobierno de otros países, para elegir Contralor General de la República y Vicepresidente cuando sea menester reemplazar el electo por el pueblo, así como decidir sobre la moción de censura, con arreglo al artículo 135.

En tales casos el Presidente del Senado y el de la Cámara serán respectivamente Presidente y Vicepresidente del Congreso.

CONC. 139, 192, 205, 267.

DESARROLLO LEGISLATIVO. El reglamento del Congreso fué expedido en virtud de la Ley 5 de 1992.

Art. 142.- Cada Cámara elegirá, para el respectivo período constitucional, comisiones permanentes que tramitarán en primer debate los proyectos de acto legislativo o de ley.

La ley determinará el número de comisiones permanentes y el de sus miembros, así como las materias de las que cada una deberá ocuparse.

Cuando sesionen conjuntamente las Comisiones Constitucionales Permanentes, el quórum decisorio será el que se requiera para cada una de las comisiones individualmente consideradas.

CONC. 146.

DESARROLLO LEGISLATIVO. El reglamento del Congreso fué expedido en virtud de la Ley 5 de 1992.

Art. 143.- El Senado de la República y la Cámara de Representantes podrán disponer que cualquiera de las comisiones permanentes sesione durante el receso, con el fin de debatir los asuntos que hubieren quedado pendientes en el período anterior, de realizar los estudios que la corporación respectiva determine y de preparar los proyectos que las Cámaras les encarguen.

Art. 144.- Las sesiones de las Cámaras y de sus comisiones permanentes serán públicas, con las limitaciones a que haya lugar conforme a su reglamento.

CONC. 183-2.

DESARROLLO LEGISLATIVO. El funcionamiento y organización de las Comisiones del Congreso fueron reguladas por las Leyes 3 y 5 de 1992.

Art. 145.- El Congreso pleno, las Cámaras y sus comisiones no podrán abrir sesiones ni deliberar con menos de una cuarta parte de sus miembros. Las decisiones sólo podrán tomarse con la asistencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva corporación, salvo que la Constitución determine un quórum diferente.

CONC. 146, 148.

DESARROLLO LEGISLATIVO. El reglamento del Congreso fué expedido en virtud de la Ley 5 de 1992.

Art. 146.- En el Congreso pleno, en las Cámaras y en sus comisiones permanentes, las decisiones se tomarán por la mayoría de los votos de los asistentes, salvo que la Constitución exija expresamente una mayoría especial.

CONC. 142, 145, 148.

DESARROLLO LEGISLATIVO. El reglamento del Congreso fué expedido en virtud de la Ley 5 de 1992.

Art. 147.- Las mesas directivas de las Cámaras y de sus comisiones permanentes serán renovadas cada año, para la legislatura que se inicia el 20 de julio, y ninguno de sus miembros podrá ser reelegido dentro del mismo cuatrienio constitucional.

DESARROLLO LEGISLATIVO. El reglamento del Congreso fué expedido en virtud de la Ley 5 de 1992.

Art. 148.- Las normas sobre quórum y mayorías decisorias regirán también para las demás corporaciones públicas de elección popular.

CONC. 145, 146.

Art. 149.- Toda reunión de miembros del Congreso que, con el propósito de ejercer funciones propias de la rama legislativa del poder público, se efectúe fuera de las condiciones constitucionales, carecerá de validez; a los actos que realice no podrá dárseles efecto alguno, y quienes participen en las deliberaciones, serán sancionados conforme a las leyes.

CONC. LEGISLATIVA. Art. 19, Código de Régimen Político.

CAPITULO 3.

De las leyes.

Art. 150.- Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: 1. Interpretar, reformar y derogar las leyes.
2. Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones.
3. Aprobar el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas que hayan de emprenderse o continuarse, con la determinación de los recursos y apropiaciones que se autoricen para su ejecución, y las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos.
4. Definir la división general del territorio con arreglo a lo previsto en esta Constitución, fijar las bases y condiciones para crear, eliminar, modificar o fusionar entidades territoriales y establecer sus competencias.
5. Conferir atribuciones especiales a las Asambleas departamentales.
6. Variar, en circunstancias extraordinarias y por graves motivos de conveniencia pública, la actual residencia de los altos poderes nacionales.
7. Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, Departamentos administrativos, Superintendencias, Establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica; reglamentar la creación y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales dentro de un régimende autonomía; así mismo, crear o autorizar la constitución de empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta.
8. Expedir las normas a las cuales debe sujetarse el Gobierno para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que le señala la Constitución.
9. Conceder autorizaciones al Gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos y enajenar bienes nacionales.
El Gobierno rendirá periódicamente informes al Congreso sobre el ejercicio de estas autorizaciones.
10. Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje.

Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el Gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara.

El Congreso podrá, en todo tiempo y por iniciativa propia, modificar los decretos leyes dictados por el Gobierno en uso de facultades extraordinarias.

Estas facultades no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni las previstas en el numeral 20 del presente artículo, ni para decretar impuestos.
11. Establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración.
12. Establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley.
13. Determinar la moneda legal, la convertibilidad y el alcance de su poder liberatorio, y arreglar el sistema de pesas y medidas.
14. Aprobar o improbar los contratos o convenios que, por razones de evidente necesidad nacional, hubiere celebrado el Presidente de la República, con particulares, compañías o entidades públicas, sin autorización previa.
15. Decretar honores a los ciudadanos que hayan prestado servicios a la patria.
16. Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados.
17. Conceder, por mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros de una y otra Cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos. En caso de que los favorecidos fueren eximidos de la responsabilidad civil respecto de particulares, el Estado quedará obligado a las indemnizaciones a que hubiere lugar.
18. Dictar las normas sobre apropiación o adjudicación y recuperación de tierras baldías.
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: a) Organizar el crédito público; b) Regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional, en concordancia con las funciones que la Constitución consagra para la Junta Directiva del Banco de la República; c) Modificar, por razones de política comercial los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas; d) Regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público; e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública.
f) Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales.

Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en las Corporaciones públicas territoriales y éstas no podrán arrogárselas.
20. Crear los servicios administrativos y técnicos de las Cámaras.
21. Expedir las leyes de intervención económica, previstas en el artículo 334, las cuales deberán precisar sus fines y alcances y los límites a la libertad económica.
22. Expedir las leyes relacionadas con el Banco de la República y con las funciones que compete desempeñar a su Junta Directiva.
23. Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos.
24. Regular el régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual.
25. Unificar las normas sobre policía de tránsito en todo el territorio de la República.

Compete al Congreso expedir el estatuto general de contratación de la administración pública y en especial de la administración nacional.

CONC. 114, 140, 189-2, 189-\n15, 189-16, 189-23, 189-24, 189-27, 189-\n28, 200-3, 201-2, 206, 241-5, 241-10, 277-\n8, 334, 367, 372.

NOTA DEL COMPILADOR. Con la nueva Constitución, la claúsula general de competencia vuelve a radicarse plenamente en el Congreso. Se refuerza y revaloriza la función legislativa, dejando sin embargo, a través de las leyes marco y orgánicas, un campo de acción, aun cuando reducido, al ejecutivo. Mediante las leyes orgánicas, el desenvolvimiento legislativo ordinario y el ejecutivo queda condicionado a un mandato superior. Con las leyes marco, la rama legislativa al mismo tiempo que impulsa y otorga una cierta libertad a la acción del Estado, orienta y guía al ejecutivo en su función de regulación. De esta manera, los reglamentos constitucionales o autónomos quedaron eliminados y remplazados por leyes marco.

Art. 151.- El Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa.
Por medio de ellas se establecerán los reglamentos del Congreso y de cada una de las Cámaras, las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y del plan general de desarrollo, y las relativas a la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales. Las leyes orgánicas requerirán, para su aprobación, la mayoría absoluta de los votos de los miembros de una y otra Cámara.

CONC. 285, 288, 342, 349.

DESARROLLO LEGISLATIVO. Con fundamento en este artículo, el Congreso ha expedido la Ley 5 de 1992 sobre Reglamento del Congreso; la Ley 38 de 1989, Ley 179 de 1994 y Ley 225 compiladas en el Decreto 111 de 1996 sobre Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones; la Ley 152 de 1994 sobre el Plan General de Desarrollo; y la Ley 60 de 1993 sobre Asignación de Competencias Normativas a las Entidades Territoriales.

Art. 152.- Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes materias : a. Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección; b. Administración de justicia; c. Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos; estatuto de la oposición y funciones electorales; d. Instituciones y mecanismos de participación ciudadana; e. Estados de excepción.

CONC. 112, 214.

DESARROLLO LEGISLATIVO. Con fundamento en este artículo, el Congreso de la República ha expedido la Ley 130 de 1994 sobre Organización y Régimen de los Partidos Políticos; La Ley 134 de 1994 sobre Mecanismos de Participación Ciudadana; y la Ley 137 sobre Estados de Excepción.

Art. 153.- La aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias exigirá la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y deberá efectuarse dentro de una sola legislatura.

Dicho trámite comprenderá la revisión previa, por parte de la Corte Constitucional, de la exequibilidad del proyecto.
Cualquier ciudadano podrá intervenir para defenderla o impugnarla.

CONC. 241-8.

Art. 154.- Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las Cámaras a propuesta de sus respectivos miembros, del Gobierno Nacional, de las entidades señaladas en el artículo 156, o por iniciativa popular en los casos previstos en la Constitución.

No obstante, sólo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno las leyes a que se refieren los numerales 3, 7, 9, 11 y 22 y los literales a, b y e, del numeral 19 del artículo 150; las que ordenen participaciones en las rentas nacionales o transferencias de las mismas; las que autoricen aportes o suscripciones del Estado a empresas industriales o comerciales y las que decreten exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales.

Las Cámaras podrán introducir modificaciones a los proyectos presentados por el Gobierno.

Los proyectos de ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y los que se refieran a relaciones internacionales, en el Senado.

CONC. 155, 156, 200-1, 208.

DESARROLLO LEGISLATIVO. El reglamento del Congreso fué expedido en virtud de la Ley 5 de 1992.

Art. 155.- Podrán presentar proyectos de ley o de reforma constitucional, un número de ciudadanos igual o superior al cinco por ciento del censo electoral existente en la fecha respectiva o el treinta por ciento de los Concejales o Diputados del país. La iniciativa popular será tramitada por el Congreso, de conformidad con lo establecido en el artículo 163, para los proyectos que hayan sido objeto de manifestación de urgencia.

Los ciudadanos proponentes tendrán derecho a designar un vocero que será oído por las Cámaras en todas las etapas del trámite.

CONC. 40, 154, 241.

DESARROLLO LEGISLATIVO. El reglamento del Congreso fué expedido en virtud de la Ley 5 de 1992.

Art. 156.- La Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, tienen la facultad de presentar proyectos de ley en materias relacionadas con sus funciones.

CONC. 154, 237-4, 251-3, 257, 268-9, 278-3, 282.

Art. 157.- Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes: 1. Haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva.
2. Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara. El reglamento del Congreso determinará los casos en los cuales el primer debate se surtirá en sesión conjunta de las comisiones permanentes de ambas Cámaras.
3. Haber sido aprobado en cada Cámara en segundo debate.
4. Haber obtenido la sanción del Gobierno.

CONC. 165, 189-9.

DESARROLLO LEGISLATIVO. El reglamento del Congreso fué expedido en virtud de la Ley 5 de 1992.

Art. 158.- Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El Presidente de la respectiva comisión rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la misma comisión. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas.

Art. 159.- El proyecto de ley que hubiere sido negado en primer debate podrá ser considerado por la respectiva Cámara a solicitud de su autor, de un miembro de ella, del Gobierno o del vocero de los proponentes en los casos de iniciativa popular.

Art. 160.- Entre el primero y el segundo debate deberá mediar un lapso no inferior a ocho días, y entre la aprobación del proyecto en una de las Cámaras y la iniciación del debate en la otra, deberán transcurrir por lo menos quince días.

Durante el segundo debate cada Cámara podrá introducir al proyecto las modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue necesarias.

En el informe a la Cámara plena para segundo debate, el ponente deberá consignar la totalidad de las propuestas que fueron consideradas por la comisión y las razones que determinaron su rechazo.

Todo Proyecto de Ley o de Acto Legislativo deberá tener informe de ponencia en la respectiva comisión encargada de tramitarlo, y deberá dársele el curso correspondiente.

CONC. 167.

Art. 161.- Cuando surgieren discrepancias en las cámaras respecto de un proyecto, ambas integrarán comisiones accidentales que, reunidas conjuntamente, prepararán el texto que será sometido a decisión final en sesión plenaria de cada cámara. Si después de la repetición del segundo debate persisten las diferencias, se considerará negado el proyecto.

Art. 162.- Los proyectos de ley que no hubieren completado su trámite en una legislatura y que hubieren recibido primer debate en alguna de las cámaras, continuarán su curso en la siguiente, en el estado en que se encuentren. Ningún proyecto podrá ser considerado en más de dos legislaturas.

Art. 163.- El Presidente de la República podrá solicitar trámite de urgencia para cualquier proyecto de ley. En tal caso, la respectiva cámara deberá decidir sobre el mismo dentro del plazo de treinta días. Aún dentro de este lapso, la manifestación de urgencia puede repetirse en todas las etapas constitucionales del proyecto. Si el Presidente insistiere en la urgencia, el proyecto tendrá prelación en el orden del día excluyendo la consideración de cualquier otro asunto, hasta tanto la respectiva cámara o comisión decida sobre él.

Si el proyecto de ley a que se refiere el mensaje de urgencia se encuentra al estudio de una comisión permanente, ésta, a solicitud del Gobierno, deliberará conjuntamente con la correspondiente de la otra cámara para darle primer debate.

Art. 164.- El Congreso dará prioridad al trámite de los proyectos de ley aprobatorios de los tratados sobre derechos humanos que sean sometidos a su consideración por el Gobierno.

CONC. 224.

Art. 165.- Aprobado un proyecto de ley por ambas cámaras, pasará al Gobierno para su sanción. Si éste no lo objetare, dispondrá que se promulgue como ley; si lo objetare, lo devolver a la cámara en que tuvo origen.

CONC. 157, 166, 189-9, 189-\n10.

Art. 166.- El Gobierno dispone del término de seis días para devolver con objeciones cualquier proyecto cuando no conste de más de veinte artículos; de diez días, cuando el proyecto contenga de veintiuno a cincuenta artículos; y hasta de veinte días cuando los artículos sean más de cincuenta.

Si transcurridos los indicados términos, el Gobierno no hubiere devuelto el proyecto con objeciones, el Presidente deberá sancionarlo y promulgarlo.

Si las cámaras entran en receso dentro de dichos términos, el Presidente tendrá el deber de publicar el proyecto sancionado u objetado dentro de aquellos plazos.

CONC. 165, 189-9, 189-10.

Art. 167.- El proyecto de ley objetado total o parcialmente por el Gobierno volverá a las Cámaras a segundo debate.

El Presidente sancionará sin poder presentar objeciones el proyecto que, reconsiderado, fuere aprobado por la mitad más uno de los miembros de una y otra Cámara.

Exceptúase el caso en que el proyecto fuere objetado por inconstitucional. En tal evento, si las Cámaras insistieren, el proyecto pasará a la Corte Constitucional para que ella, dentro de los seis días siguientes decida sobre su exequibilidad. El fallo de la Corte obliga al Presidente a sancionar la ley. Si lo declara inexequible, se archivará el proyecto.

Si la Corte considera que el proyecto es parcialmente inexequible, así lo indicará a la Cámara en que tuvo su origen para que, oído el Ministro del ramo, rehaga e integre las disposiciones afectadas en términos concordantes con el dictamen de la Corte. Una vez cumplido este trámite, remitirá a la Corte el proyecto para fallo definitivo.

CONC. 160, 189-9, 241-8.

Art. 168.- Si el Presidente no cumpliere el deber de sancionar las leyes en los términos y según las condiciones que la Constitución establece, las sancionará y promulgará el Presidente del Congreso.

CONC. 189-9.

Art. 169.- El título de las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido, y a su texto precederá esta fórmula:

"El Congreso de Colombia,

DECRETA".

Art. 170.- Un número de ciudadanos equivalente a la décima parte del censo electoral, podrá solicitar ante la organización electoral la convocación de un referendo para la derogatoria de una ley.

La ley quedará derogada si así lo determina la mitad más uno de los votantes que concurran al acto de consulta, siempre y cuando participe en éste una cuarta parte de los ciudadanos que componen el censo electoral.

No procede el referendo respecto de las leyes aprobatorias de tratados internacionales, ni de la Ley de Presupuesto, ni de las referentes a materias fiscales o tributarias.

CONC. 40, 103, 341-2, 377.

CAPITULO 4.

Del Senado.

Art. 171.- El Senado de la República estará integrado por cien miembros elegidos en circunscripción nacional.

Habrá un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas.

Los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior podrán sufragar en las elecciones para Senado de la República.

CONC. 260, 263.

Art. 172.- Para ser elegido senador se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de treinta años de edad en la fecha de la elección.

CONC. 99, 135-2.

Art. 173.- Son atribuciones del Senado: 1. Admitir o no las renuncias que hagan de sus empleos el Presidente de la República o el Vicepresidente.
2. Aprobar o improbar los ascensos militares que confiera el Gobierno, desde oficiales generales y oficiales de insignia de la fuerza pública, hasta el más alto grado.
3. Conceder licencia al Presidente de la República para separarse temporalmente del cargo, no siendo caso de enfermedad, y decidir sobre las excusas del Vicepresidente para ejercer la Presidencia de la República.
4. Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República.
5. Autorizar al Gobierno para declarar la guerra a otra nación.
6. Elegir a los magistrados de la Corte Constitucional.
7. Elegir al Procurador General de la Nación.

CONC. 104, 193, 194, 196, 189-3, 205, 212, 220, 239, 241, 276.

Art. 174.- Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces; contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.

CONC. 6, 116, 199, 178-3, 235-\n2.

Art. 175.- En los juicios que se sigan ante el Senado, se observarán estas reglas: 1. El acusado queda de hecho suspenso de su empleo, siempre que una acusación sea públicamente admitida.
2. Si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de funciones, o a indignidad por mala conducta, el Senado no podrá imponer otra pena que la de destitución del empleo, o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos; pero al reo se le seguirá juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia, si los hechos lo constituyen responsable de infracción que merezca otra pena.
3. Si la acusación se refiere a delitos comunes, el Senado se limitará a declarar si hay o no lugar a seguimiento de causa y, en caso afirmativo, pondrá al acusado a disposición de la Corte Suprema.
4. El Senado podrá cometer la instrucción de los procesos a una diputación de su seno, reservándose el juicio y la sentencia definitiva, que ser pronunciada en sesión pública, por los dos tercios, al menos, de los votos de los Senadores presentes.

CONC. 6, 116, 194, 199, 235-2.

CAPITULO 5.

De la Cámara de Representantes.

Art. 176.- La Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones territoriales y circunscripciones especiales.

Habrá dos representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada doscientos cincuenta mil habitantes o fracción mayor de ciento veinticinco mil que tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil.

Para la elección de representantes a la Cámara, cada departamento y el Distrito Capital de Bogotá conformarán una circunscripción territorial.

La ley podrá establecer una circunscripción especial para asegurar la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos y de las minorías políticas y de los colombianos residentes en el exterior.

Mediante esta circunscripción se podrá elegir hasta cinco representantes.

CONC. 260, 263.

Art. 177.- Para ser elegido representante se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener más de veinticinco años de edad en la fecha de la elección.

CONC. 99, 135-2, 206.

Art. 178.- La Cámara de Representantes tendrá las siguientes atribuciones especiales: 1. Elegir al Defensor del Pueblo.
2. Examinar y fenecer la cuenta general del presupuesto y del tesoro que le presente el Contralor General de la República.
3. Acusar ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente de la República o a quien haga sus veces, a los magistrados de la Corte Constitucional, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, a los magistrados del Consejo de Estado y al Fiscal General de la Nación.
4. Conocer de las denuncias y quejas que ante ella se presenten por el Fiscal General de la Nación o por los particulares contra los expresados funcionarios y, si prestan mérito, fundar en ellas acusación ante el Senado.
5. Requerir el auxilio de otras autoridades para el desarrollo de las investigaciones que le competen, y comisionar para la práctica de pruebas cuando lo considere conveniente.

CONC. 116, 174, 199, 251-1, 268, 281.

CAPITULO 6.

De los congresistas.

ANTECEDENTES. El estatuto del congresista es uno de los elementos más importantes que se tuvieron en cuenta en la Asamblea Nacional Constituyente para cumplir el objetivo de la moralización y recuperación del prestigio parlamentario: " El Congreso aparece hoy como un órgano ineficiente, desorganizado, vacilante, incompetente, burocratizado, cuyos miembros sólo tienen preocupaciones electorales, incapaz de enfrentar con eficacia los grandes problemas y las inaplazables soluciones de un país que desespera ". ( G.C. No. 51, T. 4., pág 25 y ss ).

Es así como se aprobó el estatuto del congresista con las siguientes finalidades: 1. INHABILIDADES: para impedir que se utilicen los factores de poder del Estado con fines electorales e impedir que personas indignas puedan llegar al Congreso.

2. INCOMPATIBILIDADES: para asegurar que el congresista no utilice su poder sobre las otras ramas del poder público y sobre la comunidad en general para obtener beneficios; y prevenir la acumulación de honores.

3. CONFLICTO DE INTERESES : para evitar que la función del congresista se ejerza en detrimento del interés común y que se parcialice por motivos de orden personal o privado.

4. INMUNIDAD E INVIOLABILIDAD : para evitar que por razones de política se utilice a la justicia para impedir a un congresista su intervención en determinados asuntos o votación; y evitar que el congresista pierda autonomía por temor a que sus opiniones puedan utilizarse para denuncias penales en su contra.

5. PERDIDA DE LA INVESTIDURA : para lograr el respeto al régimen de inhabilidades e incompatibilidades mediante una sanción.

6. PROHIBICIONES AL CONGRESO: para impedir que la función legislativa y la capacidad decisoria del Congreso se utilicen para beneficios personales o fines contrarios al bien común.

Art. 179.- No podrán ser congresistas: 1. Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.
2. Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección.
3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección.
4. Quienes hayan perdido la investidura de congresista.
5. Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentezco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política.
6. Quienes estén vinculados entre sí por matrimonio, o unión permanente, o parentezco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil, y se inscriban por el mismo partido, movimiento o grupo para elección de cargos, o de miembros de corporaciones públicas que deban realizarse en la misma fecha.
7. Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento.
8. Nadie podrá ser elegido para mas de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente.

Las inhabilidades previstas en los numerales 2, 3, 5 y 6 se refieren a situaciones que tengan lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección. La ley reglamentará los demás casos de inhabilidades por parentezco, con las autoridades no contemplados en estas disposiciones.

Para los fines de este artículo se considera que la circunscripción nacional coincide con cada una de las territoriales, excepto para la inhabilidad consignada en el numeral 5.

CONC. 96, 126, 127, 128, 180, 181, 183, 197.

Art. 180.- Los congresistas no podrán: 1. Desempeñar cargo o empleo público o privado.
2. Gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno. La ley establecerá las excepciones a esta disposición.
3. Modificado. Art. 2, parágrafo 2, Acto legislativo No. 3 de 1993: NUMERAL TERCERO. Ser miembros de Juntas o Consejos Directivos de entidades oficiales descentralizadas de cualquier nivel o de instituciones que administren tributos.
4. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban donaciones de éste. Se exceptúa la adquisición de bienes o servicios que se ofrecen a los ciudadanos en igualdad de condiciones.
Parágrafo 1. Se exceptúa del régimen de incompatibilidades el ejercicio de la cátedra universitaria.
Parágrafo 2. El funcionario que en contravención del presente artículo, nombre a un Congresista para un empleo o cargo o celebre con él un contrato o acepte que actúe como gestor en nombre propio o de terceros, incurrirá en causal de mala conducta.

CONC. 127, 179, 183.

CONC. LEGISLATIVA. Art. 23, Código de Régimen Político.

Art. 181.- Las incompatibilidades de los congresistas tendrán vigencia durante el período constitucional respectivo.
En caso de renuncia, se mantendrán durante el año siguiente a su aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento del período fuere superior.

Quien fuere llamado a ocupar el cargo, quedará sometido al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades a partir de su posesión.

CONC. 179, 180, 181.

Art. 182.- Los congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración. La ley determinará lo relacionado con los conflictos de intereses y las recusaciones.

CONC. 183.

Art. 183.- Los congresistas perderán su investidura: 1. Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses.
2. Por la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura.
3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación de las Cámaras, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse.
4. Por indebida destinación de dineros públicos.
5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.

Parágrafo. Las causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie fuerza mayor.

CONC. 122, 144, 179, 180, 181, 182, 184.

DESARROLLO LEGISLATIVO. Mediante Ley 144 de 1994 se estableció el Procedimiento de Pérdida de la Investidura de los Congresistas.

CONC. LEGISLATIVAS. Art. 64, Código Civil; Arts. 144 y 147, Código Penal.

Art. 184.- La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado de acuerdo con la ley y en un término no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud formulada por la mesa directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano.

CONC. 183, 237-5.

Art. 185.- Los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo, sin perjuicio de las normas disciplinarias contenidas en el reglamento respectivo.

Art. 186.- De los delitos que cometan los congresistas, conocerá en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su detención. En caso de flagrante delito deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de la misma corporación.

CONC. 6, 32, 235-3.

Art. 187.- La asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República.

CONC. 150-19.

TITULO VII.

DE LA RAMA EJECUTIVA.

CAPITULO 1.

Del Presidente de la República.

Art. 188.- El Presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos.

CONC. 0, 2, 4.

Art. 189.- Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: 1. Nombrar y separar libremente a los Ministros del Despacho y a los Directores de Departamentos Administrativos.
2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso.
3. Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República.
4. Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado.
5. Dirigir las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente.
6. Proveer a la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la honra de la Nación y la inviolabilidad del territorio; declarar la guerra con permiso del Senado, o hacerla sin tal autorización para repeler una agresión extranjera; y convenir y ratificar los tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta inmediata al Congreso.
7. Permitir, en receso del Senado, previo dictamen del Consejo de Estado, el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República.
8. Instalar y clausurar las sesiones del Congreso en cada legislatura.
9. Sancionar las leyes.
10. Promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento.
11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.
12. Presentar un informe al Congreso, al iniciarse cada legislatura, sobre los actos de la Administración, sobre la ejecución de los planes y programas de desarrollo económico y social, y sobre los proyectos que el Gobierno se proponga adelantar durante la vigencia de la nueva legislatura.
13. Nombrar a los presidentes, directores o gerentes de los Establecimientos públicos nacionales y a las personas que deban desempeñar empleos nacionales cuya provisión no sea por concurso o no corresponda a otros funcionarios o corporaciones, según la Constitución o la ley.

En todo caso, el Gobierno tiene la facultad de nombrar y remover libremente a sus agentes.
14. Crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que demande la administración central, señalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y emolumentos. El Gobierno no podrá crear, con cargo al Tesoro, obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.
15. Suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de conformidad con la ley.
16. Modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley.
17. Distribuir los negocios según su naturaleza, entre Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos.
18. Conceder permiso a los empleados públicos nacionales que lo soliciten, para aceptar, con carácter temporal, cargos o mercedes de gobiernos extranjeros.
19. Conferir grados a los miembros de la fuerza pública y someter para aprobación del Senado los que correspondan de acuerdo con el artículo 173.
20. Velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y decretar su inversión de acuerdo con las leyes.
21. Ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza conforme a la ley.
22. Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos.
23. Celebrar los contratos que le correspondan con sujeción a la Constitución y la ley.
24. Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público. Así mismo, sobre las entidades cooperativas y las sociedades mercantiles.
25. Organizar el Crédito Público; reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio; modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas; regular el comercio exterior; y ejercer la intervención en las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos provenientes del ahorro de terceros de acuerdo con la ley.
26. Ejercer la inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común para que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas y para que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores.
27. Conceder patente de privilegio temporal a los autores de invenciones o perfeccionamientos útiles, con arreglo a la ley.
28. Expedir cartas de naturalización, conforme a la ley.

CONC. 68, 69, 70, 104, 115, 139, 150-7, 150-8, 150-9, 150-14, 150-16, 150-19, 150-\n24, 157, 165, 166, 167, 168, 173-2 173-4, 212, 213, 216, 220, 224, 241, 304, 305-14, 314, 315-2, 323, 330, 365.

Art. 190.- El Presidente de la República será elegido para un período de cuatro años, por la mitad más uno de los votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos en la fecha y con las formalidades que determine la ley. Si ningún candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará una nueva votación que tendrá lugar tres semanas más tarde, en la que sólo participarán los dos candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones. Será declarado Presidente quien obtenga el mayor número de votos.

En caso de muerte o incapacidad física permanente de alguno de los dos candidatos con mayoría de votos, su partido o movimiento político podrá inscribir un nuevo candidato para la segunda vuelta. Si no lo hace o si la falta obedece a otra causa, lo reemplazará quien hubiese obtenido la tercera votación; y así en forma sucesiva y en orden descendente.

Si la falta se produjese con antelación menor a dos semanas de la segunda vuelta, ésta se aplazará por quince días.

CONC. 202, 260.

NOTA DEL COMPILADOR. Para adoptar el nuevo sistema de elección del Presidente de la República, se tuvo en cuenta la relación que existe entre los sistemas electorales y los regímenes de partidos: en un sistema mayoritario, la elección a una vuelta implica un bipartidismo alternativo; a dos vueltas, un multipartidismo aliancista.

En Colombia no puede desconocerse la aparición de nuevas fuerzas políticas que constituyen nuevas opciones de poder, a las que debe garantizárseles condiciones reales de participación política; y con este objetivo, para la elección de Presidente de la República, el sistema de la doble vuelta o de la mayoría absoluta, buscando incentivar el multipartidismo, la participación política de diversos sectores y un ambiente coalicionista en el Gobierno.

Desde el punto de vista del derecho comparado, en América Latina han adoptado este sistema Argentina, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Chile y ahora, Colombia.

Art. 191.- Para ser Presidente de la República se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta años.

CONC. 96, 99, 204, 251.

Art. 192.- El Presidente de la República tomará posesión de su destino ante el Congreso, y prestará juramento en estos términos: "Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia".

Si por cualquier motivo el Presidente de la República no pudiere tomar posesión ante el Congreso, lo hará ante la Corte Suprema de Justicia o, en defecto de ésta, ante dos testigos.

CONC. 122, 141.

CONC. LEGISLATIVA. Art. 254, Código de Régimen Político.

Art. 193.- Corresponde al Senado conceder licencia al Presidente de la República para separarse temporalmente del cargo.

Por motivo de enfermedad, el Presidente de la República puede dejar de ejercer el cargo, por el tiempo necesario, mediante aviso al Senado o, en receso de éste, a la Corte Suprema de Justicia.

CONC. 173-3.

Art. 194.- Son faltas absolutas del Presidente de la República su muerte, su renuncia aceptada, la destitución decretada por sentencia, la incapacidad física permanente y el abandono del cargo, declarados éstos dos últimos por el Senado.

Son faltas temporales la licencia y la enfermedad, de conformidad con el artículo precedente y la suspensión en el ejercicio del cargo decretada por el Senado, previa admisión pública de la acusación en el caso previsto en el numeral\nprimero del artículo 175.

CONC. 173-1, 202.

Art. 195.- El encargado del Ejecutivo tendrá la misma preeminencia y las mismas atribuciones que el Presidente, cuyas veces hace.

CONC. 196, 198, 202, 203.

Art. 196.- El Presidente de la República, o quien haga sus veces, no podrá trasladarse a territorio extranjero durante el ejercicio de su cargo, sin previo aviso al Senado o, en receso de éste, a la Corte Suprema de Justicia.
La infracción de esta disposición implica abandono del cargo.
El Presidente de la República, o quien haya ocupado la Presidencia a título de encargado, no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones, sin permiso previo del Senado.
Cuando el Presidente de la República se traslade a territorio extranjero en ejercicio de su cargo, el Ministro a quien corresponda, según el orden de precedencia legal, ejercerá bajo su propia responsabilidad las funciones constitucionales que el Presidente le delegue, tanto aquellas que le son propias como las que ejerce en su calidad de Jefe del Gobierno. El Ministro Delegatario pertenecerá al mismo partido o movimiento político del Presidente.

CONC. 173, 195, 202.

Art. 197.- No podrá ser elegido Presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia. Esta prohibición no cobija al Vicepresidente cuando la ha ejercido por menos de tres meses, en forma contínua o discontínua, durante el cuatrienio.

Tampoco podrá ser elegido Presidente de la República quien hubiere incurrido en alguna de las causales de inhabilidad consagradas en los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179, ni el ciudadano que un año antes de la elección haya ejercido cualquiera de los siguientes cargos: Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, o de la Corte Constitucional, Consejero de Estado o miembro del Consejo Nacional Electoral, o del Consejo Superior de la Judicatura, Ministros del Despacho, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil, Director de Departamento Administrativo, Gobernador de Departamento o Alcalde Mayor de SantaFé de Bogotá.

CONC. 179, 204.

NOTA DEL COMPILADOR. En cuanto a la reelección del Presidente se presentaron dos posiciones: la primera, que propone su prohibición, como un mecanismo para impedir que un solo hombre decida el destino nacional y aspire " perpetuarse como solución providencial permanente"; y la segunda, la contraria, respalda la reelección del Presidente sin limitación alguna como un proceso de selección natural donde se respalda a quien ejerza un buen gobierno y propiciando el libre juego de las fuerzas políticas.

Art. 198.- El Presidente de la República, o quien haga sus veces, será responsable de sus actos u omisiones que violen la Constitución o las leyes.

CONC. 6, 83, 124, 195, 202.

Art. 199.- El Presidente de la República, durante el período para el que sea elegido, o quien se halle encargado de la Presidencia, no podrá ser perseguido ni juzgado por delitos, sino en virtud de acusación de la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya declarado que hay lugar a formación de causa.

CONC. 174, 175, 178-3.

CAPITULO 2.

Del Gobierno.

Art. 200.- Corresponde al Gobierno, en relación con el Congreso: 1. Concurrir a la formación de las leyes, presentando proyectos por intermedio de los ministros, ejerciendo el derecho de objetarlos y cumpliendo el deber de sancionarlos con arreglo a la Constitución.
2. Convocarlo a sesiones extraordinarias.
3. Presentar el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas, conforme a lo dispuesto en el artículo 150.
4. Enviar a la Cámara de Representantes el proyecto de presupuesto de rentas y gastos.
5. Rendir a las cámaras los informes que éstas soliciten sobre negocios que no demanden reserva.
6. Prestar eficaz apoyo a las cámaras cuando ellas lo soliciten, poniendo a su disposición la fuerza pública, si fuere necesario.

CONC. 135-3, 138, 150-3, 154.

Art. 201.- Corresponde al Gobierno, en relación con la Rama Judicial: 1. Prestar a los funcionarios judiciales, con arreglo a las leyes, los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias.
2. Conceder indultos por delitos políticos, con arreglo a la ley, e informar al Congreso sobre el ejercicio de esta facultad. En ningún caso estos indultos podrán comprender la responsabilidad que tengan los favorecidos respecto de los particulares.

CONC. 150-7, 208, 230.

CAPITULO 3.

Del Vicepresidente.

Art. 202.- El Vicepresidente de la República será elegido por votación popular el mismo día y en la misma fórmula con el Presidente de la República.
Los candidatos para la segunda votación, si la hubiere, deberán ser en cada fórmula quienes la integraron en la primera.
El Vicepresidente tendrá el mismo período del Presidente y lo remplazará en sus faltas temporales o absolutas, aún en el caso de que éstas se presenten antes de su posesión.
En las faltas temporales del Presidente de la República bastará con que el Vicepresidente tome posesión del cargo en la primera oportunidad, para que pueda ejercerlo cuantas veces fuere necesario. En caso de falta absoluta del Presidente de la República, el Vicepresidente asumirá el cargo hasta el final del período.
El Presidente de la República podrá confiar al Vicepresidente misiones o encargos especiales y designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva.

El Vicepresidente no podrá asumir funciones de Ministro Delegatario.

CONC. 190, 194, 195, 196, 198, 260, 262.

CONC. LEGISLATIVA. Funciones adicionales fueron asignadas al Vicepresidente mediante la Directiva Presidencial 1 de 1994.

NOTA DEL COMPILADOR. Uno de los temas más debatidos en la Asamblea Nacional Constituyente fué, sin lugar a dudas, el de la Vicepresidencia. Fueron dos, las posiciones que se presentaron en torno a este tema: 1. Mantenimiento de la Designatura: quienes defendieron esta figura argumentaron entre otros, los siguientes aspectos: a. En cuanto al origen, la designatura es popular indirecta, elegida por el Congreso, resultando más legítimo y menos impuesto.
b. La designatura ha dado buenos resultados; cambiar lo que funciona bien no significa fortalecer las instituciones democráticas colombianas.
c. La designatura no genera ningún tipo de costos, salvo cuando asume la presidencia, situación que desde el gobierno del doctor Turbay Ayala no ha sucedido.
d. La designatura por ser una institución y no un cargo no genera clientelismo ni tentaciones de poder.
e. La designatura como ha sido consagrada constitucionalmente a lo largo de la historia colombiana, representa un valioso aporte a las instituciones contemporáneas.

2. Consagración de la Vicepresidencia: quienes defendieron esta figura, argumentaron lo siguiente: a. La creación de la vicepresidencia constituye uno de los grandes avances para la conformación del poder público y el restablecimiento de la soberanía popular. Carece de legitimidad democrática que quien remplace al Presidente no tenga el mismo origen popular que él.
b. La elección indirecta del designado le quita representatividad y autonomía en su eventual gestión.
c. El designado no ayuda al Presidente en sus múltiples y arduas tareas.
d. El sistema de la designatura en Latinoamérica es una excepción.

Art. 203.- A falta del Vicepresidente cuando estuviera ejerciendo la Presidencia, ésta será asumida por un Ministro en el orden que establezca la ley.
La persona que de conformidad con este artículo remplace al Presidente, pertenecerá a su mismo partido o movimiento y ejercerá la Presidencia hasta cuando el Congreso, por derecho propio, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se produzca la vacancia presidencial, elija al Vicepresidente, quien tomará posesión de la Presidencia de la República.

CONC. 195.

CONC. LEGISLATIVA. Art. 73, Código de Régimen Político.

Art. 204.- Para ser elegido Vicepresidente se requieren las mismas calidades que para ser Presidente de la República.
El Vicepresidente no podrá ser elegido Presidente de la República, ni Vicepresidente para el período inmediatamente siguiente.

CONC. 191, 197.

Art. 205.- En caso de falta absoluta del Vicepresidente, el Congreso se reunirá por derecho propio, o por convocatoria del Presidente de la República, a fin de elegir a quien haya de remplazarlo para el resto del período. Son faltas absolutas del Vicepresidente: su muerte, su renuncia aceptada y la incapacidad física permanente reconocida por el Congreso.

CONC. 141, 173-1.

CAPITULO 4.

De los Ministros y Directores de los Departamentos Administrativos.
Art. 206.- El número, denominación y orden de precedencia de los ministerios y Departamentos administrativos serán determinados por la ley.

CONC. 150-7.

CONC. Art. 73, Código de Régimen Político.

Art. 207.- Para ser ministro o director de departamento administrativo se requieren las mismas calidades que para ser representante a la Cámara.

CONC. 207.

CONC. Art. 255, Código de Régimen Político.

Art. 208.- Los ministros y los directores de Departamentos administrativos son los jefes de la administración en su respectiva dependencia. Bajo la dirección del Presidente de la República, les corresponde formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley.
Los ministros, en relación con el Congreso, son voceros del Gobierno, presentan a las cámaras proyectos de ley, atienden las citaciones que aquellas les hagan y toman parte en los debates directamente o por conducto de los viceministros.
Los ministros y los directores de Departamentos administrativos presentarán al Congreso, dentro de los primeros quince días de cada legislatura, informe sobre el estado de los negocios adscritos a su ministerio o departamento administrativo, y sobre las reformas que consideren convenientes.
Las cámaras pueden requerir la asistencia de los ministros. Las comisiones permanentes, además, la de los viceministros, los directores de Departamentos administrativos, el Gerente del Banco de la República, los presidentes, directores o gerentes de las entidades descentralizadas del orden nacional y la de otros funcionarios de la rama ejecutiva del poder público.

CONC. 135-8, 137, 154, 200-\n1.

NOTA DEL COMPILADOR. Mediante el Decreto 1717 de 1982 se establecieron disposiciones sobre la protección y seguridad de los ex-ministros de la República; y con el Decreto 2130 de 1992 se asignaron funciones adicionales a los Ministros del Despacho.

CONC. LEGISLATIVA. Arts. 74, 75 y 76, Código de Régimen Político.

CAPITULO 5.

De la Función Administrativa.

Art. 209.- La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.

CONC. 2, 113, 121, 211, 301, 302.

Art. 210.- Las entidades del orden nacional descentralizadas por servicios sólo pueden ser creadas por ley o por autorización de ésta, con fundamento en los principios que orientan la actividad administrativa.

Los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley.

La ley establecerá el régimen jurídico de las entidades descentralizadas y la responsabilidad de sus presidentes, directores o gerentes.

CONC. 150-7.

NOTA DEL COMPILADOR. Es régimen de las entidades descentralizadas y de los funcionarios que la integran fué reglamentada por el Decreto 3130 de 1968.

Art. 211.- La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de Departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, Gobernadores, Alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine.
Igualmente, fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades.

La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente.

La ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra los actos de los delegatarios.

CONC. 209, 301, 302.

CAPITULO 6.

De los Estados de Excepción.

Art. 212.- El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Guerra Exterior. Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para repeler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra, y procurar el restablecimiento de la normalidad.

La declaración del Estado de Guerra Exterior sólo procederá una vez el Senado haya autorizado la declaratoria de guerra, salvo que a juicio del Presidente fuere necesario repeler la agresión.

Mientras subsista el Estado de Guerra, el Congreso se reunirá con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales, y el Gobierno le informará motivada y periódicamente sobre los decretos que haya dictado y la evolución de los acontecimientos.

Los decretos legislativos que dicte el Gobierno suspenden las leyes incompatibles con el Estado de Guerra, rigen durante el tiempo que ellos mismos señalen y dejarán de tener vigencia tan pronto se declare restablecida la normalidad. El Congreso podrá, en cualquier época, reformarlos o derogarlos con el voto favorable de los dos tercios de los miembros de una y otra cámara.

CONC. 59, 173-5,189-5, 189-\n6, 241-7, 252, 362.

DESARROLLO LEGISLATIVO. En concordancia con el artículo 152 de la Constitución, el Congreso expidió la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción o Ley 137 de 1994, donde se regula específicamente lo concerniente al Estado de Guerra Exterior en su Capítulo II.

Art. 213.- En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior, en toda la República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República.

Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos.

Los decretos legislativos que dicte el Gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con el Estado de Conmoción y dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público. El Gobierno podrá prorrogar su vigencia hasta por noventa días más.

Dentro de los tres días siguientes a la declaratoria o prórroga del Estado de Conmoción, el Congreso se reunirá por derecho propio, con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales. El Presidente le pasará inmediatamente un informe motivado sobre las razones que determinaron la declaración.

En ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar.

CONC. 138, 189-4, 241-7, 252.

DESARROLLO LEGISLATIVO. En concordancia con el artículo 152 de la Constitución, el Congreso expidió la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción o Ley 137 de 1994, donde se regula específicamente lo concerniente al Estado de Conmoción Interior en su Capítulo III.

NOTA DEL COMPILADOR. El anterior artículo 121 que consagraba el Estado de sitio tenía su origen en la Constitución de 1886, fecha desde la cual no había sufrido ningún tipo de modificación pero sí un uso exagerado y casi permanente: de los últimos 42 años, 37 han sido bajo Estado de Sitio; lo que convirtió una norma constitucional excepcional en la de mayor aplicabilidad práctica.

Por ello, esta nueva reglamentación busca que en caso de perturbación del orden público, sea, el estado de conmoción interior, un instrumento eficaz para recuperar la normalidad sin que se convierta en herramienta permanente.

Art. 214.- Los Estados de Excepción a que se refieren los artículos anteriores se someterán a las siguientes disposiciones: 1. Los decretos legislativos llevarán la firma del Presidente de la República y todos sus ministros y solamente podrán referirse a materias que tengan relación directa y específica con la situación que hubiere determinado la declaratoria del Estado de Excepción.
2. No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. Una ley estatutaria regulará las facultades del Gobierno durante los estados de excepción y establecerá los controles judiciales y las garantías para proteger los derechos, de conformidad con los tratados internacionales. Las medidas que se adopten deberán ser proporcionales a la gravedad de los hechos.
3. No se interrumpirá el normal funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del Estado.
4. Tan pronto como hayan cesado la guerra exterior o las causas que dieron lugar al Estado de Conmoción Interior, el Gobierno declarará restablecido el orden público y levantará el Estado de Excepción.
5. El Presidente y los ministros serán responsables cuando declaren los estados de excepción sin haber ocurrido los casos de guerra exterior o de conmoción interior, y lo serán también, al igual que los demás funcionarios, por cualquier abuso que hubieren cometido en el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos anteriores.
6. El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición, los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refieren los artículos anteriores, para que aquella decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento.

CONC. 93, 152, 241-7.

Art. 215.- Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario.

Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.

Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el Estado de Emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente.

El Gobierno, en el decreto que declare el Estado de Emergencia, señalará el término dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias a que se refiere este artículo, y convocará al Congreso, si éste no se hallare reunido, para los diez días siguientes al vencimiento de dicho término.

El Congreso examinará hasta por un lapso de treinta días, prorrogable por acuerdo de las dos cámaras, el informe motivado que le presente el Gobierno sobre las causas que determinaron el Estado de Emergencia y las medidas adoptadas, y se pronunciará expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas.

El Congreso, durante el año siguiente a la declaratoria de la emergencia, podrá derogar, modificar o adicionar los decretos a que se refiere este artículo, en aquellas materias que ordinariamente son de iniciativa del Gobierno. En relación con aquellas que son de iniciativa de sus miembros, el Congreso podrá ejercer dichas atribuciones en todo tiempo.

El Congreso, si no fuere convocado, se reunirá por derecho propio, en las condiciones y para los efectos previstos en este artículo.

El Presidente de la República y los ministros serán responsables cuando declaren el Estado de Emergencia sin haberse presentado alguna de las circunstancias previstas en el inciso primero, y lo serán también por cualquier abuso cometido en el ejercicio de las facultades que la Constitución otorga al Gobierno durante la emergencia.

El Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados en este artículo.

Parágrafo.- El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere este artículo, para que aquella decida sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento.

CONC. 138, 241-7.

DESARROLLO LEGISLATIVO. En concordancia con el artículo 152 de la Constitución, el Congreso expidió la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción o Ley 137 de 1994, donde se regula específicamente lo concerniente al Estado de Emergencia Económica en su Capítulo IV.

NOTA DEL COMPILADOR. Desde 1968, con la reforma constitucional, en Colombia se separaron los conceptos de orden público material y orden económico y social.

De todos los proyectos presentados a la Asamblea Nacional Constituyente, existió un consenso en torno a la conservación de ésta figura, con cambios muy moderados como la ampliación a la preservación de la ecología, la transitoriedad de los tributos y el control político que puede ejercer el Congreso.

CAPITULO 7.

De la Fuerza Pública.

Art. 216.- La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas.

La Ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo.

CONC. 97, 173-2, 189-3.

Art. 217.- La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.

La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio.

CONC. 2.

Art. 218.- La ley organizará el cuerpo de Policía.

La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario.

CONC. 250-3.

Art. 219.- La Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley.

Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos.

CONC. 37, 103, 258.

Art. 220.- Los miembros de la Fuerza Pública no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones, sino en los casos y del modo que determine la Ley.

CONC. 173-2, 189-19.

Art. 221.- Adicionado, art. 1, A. L. 2 de 1995. De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales Cortes o Tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro.

CONC. 250.

Art. 222.- La ley determinará los sistemas de promoción profesional, cultural y social de los miembros de la Fuerza Pública. En las etapas de su formación, se les impartirá la enseñanza de los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos.

CONC. 27, 67.

Art. 223.- Sólo el Gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos. Nadie podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad competente. Este permiso no podrá extenderse a los casos de concurrencia a reuniones políticas, a elecciones, o a sesiones de corporaciones públicas o Asambleas, ya sea para actuar en ellas o para presenciarlas.

Los miembros de los organismos nacionales de seguridad y otros cuerpos oficiales armados, de carácter permanente, creados o autorizados por la ley, podrán portar armas bajo el control del Gobierno, de conformidad con los principios y procedimientos que aquella señale.

CONC. 81.

CAPITULO 8.

De las Relaciones Internacionales.

Art. 224.- Los tratados, para su validez, deberán ser aprobados por el Congreso. Sin embargo, el Presidente de la República podrá dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales, que así lo dispongan. En este caso tan pronto como un tratado entre en vigor provisionalmente, deberá enviarse al Congreso para su aprobación. Si el Congreso no lo aprueba, se suspenderá la aplicación del tratado.

CONC. 164, 150-16, 189-2, 241-10.

Art. 225.- La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, cuya composición será determinada por la ley, es cuerpo consultivo del Presidente de la República.

DESARROLLO LEGISLATIVO. La composición y funciones de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores fué determinada mediante Ley 68 de 1993.

Art. 226.- El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.

CONC. 9, 227.

Art. 227.- El Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y del Caribe mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá establecer elecciones directas para la constitución del Parlamento Andino y del Parlamento Latinoamericano.

CONC. 9, 226, 289.

NOTA DEL COMPILADOR. Este artículo es nuevo, concordante con la realidad económica mundial. El fenómeno de la integración, como expresión más trascendental del Derecho Internacional contemporáneo, se convierte en una necesidad para cualquier país, por la conformación de los grandes bloques económicos y comerciales que manejan todas las relaciones internacionales del mundo. De igual manera, es la integración la que permite reconocer expresamente la transferencia a organismos internacionales, atributos inherentes a los poderes públicos como la expedición de normas con alcances jurídicos vinculantes, el juzgamiento y sanción a las violaciones de los preceptos de integración y la obligación para el Estado de hacer cumplir sus decisiones.

TITULO VIII.

DE LA RAMA JUDICIAL.

CAPITULO 1.

De las disposiciones Generales.

Art. 228.- La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.

CONC. 113, 116, 121.

Art. 229.- Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.

NOTA DEL COMPILADOR. La profesión de la abogacía se encuentra regulada por el Decreto 960 de 1970 el cual podrá ser consultado en la " Legislación de Procedimiento Civil ".

Art. 230.- Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.

La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.

CONC. 201-1.

CONC. LEGISLATIVA. Art. 3, Código Penal.

Art. 231.- Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán nombrados por la respectiva corporación, de listas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura.

CONC. 234, 236, 239, 256-2.

Art. 232.- Para ser Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere : 1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio.

2. Ser abogado.

3. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.

4. Haber desempeñado, durante diez años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado, o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en Establecimientos reconocidos oficialmente.

Parágrafo.- Para ser Magistrado de estas corporaciones no será requisito pertenecer a la carrera judicial.

CONC. 96, 99, 233, 234, 236, 239, 249, 264, 266.

Art. 233.- Los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, y del Consejo de Estado serán elegidos para un período de ocho años, no podrán ser reelegidos y permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a edad de retiro forzoso.

CONC. 232.

CONC. LEGISLATIVA. Art. 263, Código de Régimen Político.

CAPITULO 2.

De la Jurisdicción ordinaria.

Art. 234.- La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y se compondrá del número impar de magistrados que determine la ley. Esta dividirá la Corte en salas, señalará a cada una de ellas los asuntos que deba conocer separadamente y determinará aquellos en que deba intervenir la Corte en pleno.

CONC. 231, 232.

Art. 235.- Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: 1. Actuar como tribunal de casación.
2. Juzgar al Presidente de la República o a quien haga sus veces y a los altos funcionarios de que trata el artículo 174, por cualquier hecho punible que se les impute, conforme al artículo 175 numerales 2 y 3.
3. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso.
4. Juzgar, previa acusación del Fiscal General de la Nación, a los Ministros del Despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los Agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los Tribunales; a los Directores de los Departamentos Administrativos, al Contralor General de la República, a los Embajadores y jefes de misión diplomática o consular, a los Gobernadores, a los Magistrados de Tribunales y a los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos punibles que se les imputen.
5. Conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la Nación, en los casos previstos por el Derecho Internacional.
6. Darse su propio reglamento.
7. Las demás atribuciones que señale la ley.

Parágrafo.- Cuando los funcionarios antes enumerados hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero sólo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas.

CONC. 156, 174, 175, 186, 249, 251-1.

CAPITULO 3.

De la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Art. 236.- El Consejo de Estado tendrá el número impar de Magistrados que determine la ley.

El Consejo se dividirá en salas y secciones para separar las funciones jurisdiccionales de las demás que le asignen la Constitución y la ley.

La ley señalará las funciones de cada una de las salas y secciones, el número de magistrados que deban integrarlas y su organización interna.

CONC. 231, 232.

NOTA DEL COMPILADOR. Rige aún como reglamento general del Consejo de Estado el Acuerdo No. 2 de 1978, que puede ser consultado en la "Legislación Contencioso Administrativa ".

Art. 237.- Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley.
2. Conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional.
3. Actuar como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en asuntos de administración, debiendo ser necesariamente oído en todos aquellos casos que la Constitución y las leyes determinen.

En los casos de tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, de estación o tránsito de buques o aeronaves extranjeros de guerra, en aguas o en territorio o en espacio aéreo de la nación, el gobierno debe oír previamente al Consejo de Estado.
4. Preparar y presentar proyectos de actos reformatorios de la Constitución y proyectos de ley.
5. Conocer de los casos sobre pérdida de la investidura de los congresistas, de conformidad con esta Constitución y la ley.
6. Darse su propio reglamento y ejercer las demás funciones que determine la ley.

CONC. 156, 173-4, 184, 189-\n7, 241-1, 264, 267, 274.

Art. 238.- La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial.

CONC. LEGISLATIVA. Art. 152, Código Contencioso Administrativo.

CAPITULO 4.

De la Jurisdicción Constitucional.

Art. 239.- La Corte Constitucional tendrá el número impar de miembros que determine la ley. En su integración se atenderá el criterio de designación de magistrados pertenecientes a diversas especialidades del Derecho.

Los Magistrados de la Corte Constitucional serán elegidos por el Senado de la República para períodos individuales de ocho años, de sendas ternas que le presenten el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Los Magistrados de la Corte Constitucional no podrán ser reelegidos.

CONC. 173-6, 231, 232, 241.

NOTA DEL COMPILADOR. En desarrollo de las funciones establecidas a la Corte Constitucional, se expidió el reglamento interno mediante el Acuerdo 5 de 1992.

NOTA DEL COMPILADOR. La creación de la Corte Constitucional como un órgano diferente e independiente a la Corte Suprema de Justicia, obedeció principalmente al criterio según el cual el control jurisdiccional de la constitución debe estar a cargo de especialistas en derecho público, buscando así la unificación de la jurisprudencia en torno a la interpretación de la Constitución. De igual manera se argumentó la situación de que en muchas ocasiones, la sala constitucional de la Corte Suprema había frustrado con sus providencias, varias reformas constitucionales por vicios de procedimiento en su formación.

Art. 240.- No podrán ser elegidos Magistrados de la Corte Constitucional quienes durante el año anterior a la elección se hayan desempeñado como Ministros del Despacho o Magistrados de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado.

Art. 241.- A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: 1. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, sólo por vicios de procedimiento en su formación.
2. Decidir, con anterioridad al pronunciamiento popular, sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, sólo por vicios de procedimiento en su formación.
3. Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional. Estos últimos sólo por vicios de procedimiento en su convocatoria y realización.
4. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación.
5. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno con fundamento en los artículos 150 numeral 10 y 341 de la Constitución, por su contenido material o por vicios de procedimiento en su formación.
6. Decidir sobre las excusas de que trata el artículo 137 de la Constitución.
7. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el Gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución.
8. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales, y de los proyectos de leyes estatutarias, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación.
9. Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales.
10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el Presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva.
11. Darse su propio reglamento.

Parágrafo.- Cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento subsanables en la formación del acto sujeto a su control, ordenará devolverlo a la autoridad que lo profirió para que, de ser posible, enmiende el defecto observado.
Subsanado el vicio, procederá a decidir sobre la exequibilidad del acto.

CONC. 4, 86, 137, 150-10, 150-\n16, 153, 155, 167, 170, 224, 237-\n4, 242, 277-1, 375, 376.

NOTA DEL COMPILADOR. En desarrollo de las funciones establecidas a la Corte Constitucional, se expidió el reglamento interno mediante el Acuerdo 5 de 1992; y mediante el Decreto 2067 de 1991 se estableció el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deben surtirse ante ésta.

Art. 242.- Los procesos que se adelanten ante la Corte Constitucional en las materias a que se refiere este título, serán regulados por la ley conforme a las siguientes disposiciones: 1. Cualquier ciudadano podrá ejercer las acciones públicas previstas en el artículo precedente, e intervenir como impugnador o defensor de las normas sometidas a control en los procesos promovidos por otros, así como en aquellos para los cuales no existe acción pública.
2. El Procurador General de la Nación deberá intervenir en todos los procesos.
3. Las acciones por vicios de forma caducan en el término de un año, contado desde la publicación del respectivo acto.
4. De ordinario, la Corte dispondrá del término de sesenta días para decidir, y el Procurador General de la Nación, de treinta para rendir concepto.
5. En los procesos a que se refiere el numeral 7 del artículo anterior, los términos ordinarios se reducirán a una tercera parte y su incumplimiento es causal de mala conducta, que será sancionada conforme a la ley.

CONC. 241, 277-1, 278.

NOTA DEL COMPILADOR. Mediante el Decreto 2067 de 1991, se estableció el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deben surtirse ante esta Corte.

Art. 243.- Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional.

Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución.

Art. 244.- La Corte Constitucional comunicará al Presidente de la República o al Presidente del Congreso, según el caso, la iniciación de cualquier proceso que tenga por objeto el examen de constitucionalidad de normas dictadas por ellos. Esta comunicación no dilatará los términos del proceso.

Art. 245.- El Gobierno no podrá conferir empleo a los Magistrados de la Corte Constitucional durante el período de ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a su retiro.

CONC. 128.

CAPITULO 5.

De las Jurisdicciones Especiales.

Art. 246.- Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.

CONC. 330.

NOTA DEL COMPILADOR. Esta jurisdicción especial se basó en la idea de que Colombia es una Nación multiétnica y pluricultural, cuyos integrantes cuentan con formas propias de organización y de solución de conflictos. De ésta manera, se dijo en la exposición de motivos, que " treinta mil años de existencia de los aborígenes en éstos territorios les ha dado la consistencia necesaria como para no ser destruída su cultura, sus usos, sus costumbres, por quinientos años de persecusión y adoctrinamiento".

Art. 247.- La ley podrá crear jueces de paz encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios.
También podrá ordenar que se elijan por votación popular.

CONC. LEGISLATIVA. Art. 3-T, Decreto 2700 de 1991.

NOTA DEL COMPILADOR. Esta figura fué acogida por la comisión IV como un mecanismo popular para la solución de conflictos de policía, con la posibilidad de que sus funciones se amplíen a la protección de los derechos humanos, la tutela de los derechos colectivos y a la defensa del medio ambiente.

Art. 248.- Unicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales.

CAPITULO 6.

De la Fiscalía General de la Nación.

Art. 249.- La Fiscalía General de la Nación estará integrada por el Fiscal General, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley.

El Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal.

CONC. 116, 232, 235.

Art. 250.- Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Para tal efecto la Fiscalía General de la Nación deberá: 1. Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento.
Además, y si fuere del caso, tomar las necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito.
2. Calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas.
3. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley.
4. Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso.
5. Cumplir las demás funciones que establezca la ley.

El Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.

La Fiscalía General de la Nación está obligada a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado, y a respetar sus derechos fundamentales y las garantías procesales que le asisten.

CONC. 218, 221.

Art. 251.- Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación: 1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, a los altos funcionarios que gocen de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución.
2. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, a los empleados bajo su dependencia.
3. Participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto.
4. Otorgar atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir funciones de policía judicial, bajo la responsabilidad y dependencia funcional de la Fiscalía General de la Nación.
5. Suministrar al Gobierno información sobre las investigaciones que se estén adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público.

CONC. 156, 178-4, 235.

Art. 252.- Aún durante los Estados de Excepción de que trata la Constitución en sus artículos 212 y 213, el Gobierno no podrá suprimir, ni modificar los organismos ni las funciones básicas de acusación y juzgamiento.

Art. 253.- La ley determinará lo relativo a la estructura y funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, al ingreso por carrera y al retiro del servicio, a las inhabilidades e incompatibilidades, denominación, calidades, remuneración, prestaciones sociales y régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de su dependencia.

NOTA DEL COMPILADOR. En lo referente a la estructura y funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, el Decreto 2669 de 1992 desarrollo esta materia, la cual podrá ser consultada en la "Legislación Penal Colombiana".

CAPITULO 7.

Del Consejo Superior de la Judicatura.

Art. 254.- El Consejo Superior de la Judicatura se dividirá en dos salas: 1. La Sala Administrativa, integrada por seis magistrados elegidos para un período de ocho años, así: dos por la Corte Suprema de Justicia, uno por la Corte Constitucional y tres por el Consejo de Estado.
2. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria, integrada por siete magistrados elegidos para un período de ocho años, por el Congreso Nacional de ternas enviadas por el Gobierno. Podrá haber Consejos Seccionales de la Judicatura integrados como lo señale la ley.

NOTA DEL COMPILADOR. Mediante el Decreto 2652 de 1991 se adoptaron las medidas administrativas para organizar su funcionamiento; y la reglamentación de las funciones que el Congreso ejerce sobre el Consejo se consagraron en la Sección III, Capítulo 2, Título I, Ley 5 de 1992.

Art. 255.- Para ser miembro del Consejo Superior de la Judicatura se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta y cinco años; tener título de abogado y haber ejercido la profesión durante diez años con buen crédito. Los miembros del Consejo no podrán ser escogidos entre los magistrados de las mismas corporaciones postulantes.

CONC. 96, 99, 254.

Art. 256.- Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: 1. Administrar la carrera judicial.
2. Elaborar las listas de candidatos para la designación de funcionarios judiciales y enviarlas a la entidad que deba hacerla. Se exceptúa la jurisdicción penal militar que se regirá por normas especiales.
3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley.
4. Llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales.
5. Elaborar el proyecto de presupuesto de la rama judicial que deber ser remitido al Gobierno, y ejecutarlo de conformidad con la aprobación que haga el Congreso.
6. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.
7. Las demás que señale la ley.

CONC. 156, 231, 254.

NOTA DEL COMPILADOR. El Decreto 960 de 1970, estatuto de la abogacía, regula lo concerniente a las faltas disciplinarias de los abogados, y puede ser consultado en la " Legislación de Procedimiento Civil. ".

Art. 257.- Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes funciones: 1. Fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los despachos judiciales.
2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.
3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador.
4. Proponer proyectos de ley relativos a la administración de justicia y a los códigos sustantivos y procedimentales.
5. Las demás que señale la ley.

CONC. 150-2, 156, 254, 255.

TITULO IX.

DE LAS ELECCIONES Y DE LA ORGANIZACION ELECTORAL.

CAPITULO 1.

Del Sufragio y de las Elecciones.

Art. 258.- El voto es un derecho y un deber ciudadano. En todas las elecciones los ciudadanos votarán secretamente en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación, con tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La organización electoral suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones todos los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos.

CONC. 40, 103, 219.

Art. 259.- Quienes elijan Gobernadores y Alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato. La ley reglamentará el ejercicio del voto programático CONC. 3, 40.

DESARROLLO LEGISLATIVO. El Voto Programático fué reglamentado en virtud de la Ley 131, de 1994.

Art. 260.- Los ciudadanos eligen en forma directa Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores, Representantes, Gobernadores, Diputados, Alcaldes, Concejales municipales y distritales, miembros de las juntas administradoras locales, y en su oportunidad, los miembros de la Asamblea Constituyente y las demás autoridades o funcionarios que la Constitución señale.

CONC. 40, 125, 171, 176, 190, 262, 202, 299, 303, 312, 314, 318, 323.

Art. 261.- Ningún cargo de elección popular en corporaciones públicas tendrá suplente. Las vacancias absolutas serán ocupadas por los candidatos no elegidos en la misma lista, en orden de inscripción, sucesivo y descendente.

CONC. 134.

Art. 262.- Modificado. Art. 2, Acto Legislativo No. 3 de 1993. Las faltas absolutas o temporales serán suplidas por los candidatos que según el orden de inscripción en forma sucesiva y descendente, correspondan a la misma lista electoral.

Son faltas absolutas: Además de las establecidas por la ley; las que se causan por: Muerte; la renuncia motivada y aceptada por la plenaria de la respectiva Corporación; la pérdida de la investidura; la incapacidad física permanente y la sentencia condenatoria en firme dictada por autoridad judicial competente
Son faltas temporales las causadas por: La suspensión del ejercicio de la investidura popular, en virtud de decisión judicial en firme; la licencia por incapacidad certificada por el médico oficial; la calamidad doméstica debidamente aprobada y la fuerza mayor.

La licencia sin remuneración no podrá ser inferior a tres (3) meses.

Los casos de incapacidad, calamidad doméstica y licencias no remuneradas, deberán ser aprobadas por la Mesa Directiva de la respectiva Corporación.

Parágrafo 1. Las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución Nacional y las Leyes, se extenderán en igual forma a quienes asuman las funciones de las faltas temporales durante el tiempo de su asistencia.

CONC. 134, 202, 260.

Art. 263.- Para asegurar la representación proporcional de los partidos, cuando se vote por dos o más individuos en elección popular o en una corporación pública, se empleará el sistema de cuociente electoral. El cuociente será el número que resulte de dividir el total de los votos válidos por el de puestos por proveer. La adjudicación de puestos a cada lista se hará en el número de veces que el cuociente quepa en el respectivo número de votos válidos. Si quedaren puestos por proveer, se adjudicarán a los mayores residuos, en orden descendente.

CONC. 171, 176.

CAPITULO 2.

De las Autoridades Electorales.

Art. 264.- El Consejo Nacional Electoral se compondrá del número de miembros que determine la ley, que no debe ser menor de siete. Serán elegidos por el Consejo de Estado para un período de cuatro años, de ternas elaboradas por los partidos y movimientos políticos con personería jurídica. El Consejo deberá reflejar la composición política del Congreso. Sus miembros deberán reunir las mismas calidades que exige la Constitución para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y no serán reelegibles.

CONC. 120, 232, 237.

Art. 265.- El Consejo Nacional Electoral tendrá, de conformidad con la ley, las siguientes atribuciones especiales: 1. Ejercer la suprema inspección y vigilancia de la organización electoral.
2. Elegir y remover al Registrador Nacional del Estado Civil.
3. Conocer y decidir definitivamente los recursos que se interpongan contra las decisiones de sus delegados sobre escrutinios generales y en tales casos hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales correspondientes.
4. Servir de cuerpo consultivo del Gobierno en materias de su competencia, presentar proyectos de acto legislativo y de ley, y recomendar proyectos de decreto.
5. Velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías.
6. Distribuir los aportes que para el financiamiento de las campañas electorales y para asegurar el derecho de participación política de los ciudadanos, establezca la ley.
7. Efectuar el escrutinio general de toda votación nacional, hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales a que haya lugar.
8. Reconocer la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos.
9. Reglamentar la participación de los partidos y movimientos políticos en los medios de comunicación social del Estado.
10. Colaborar para la realización de consultas internas de los partidos y movimientos para la escogencia de sus candidatos.
11. Darse su propio reglamento.
12. Las demás que le confiera la ley.

CONC. 108, 111, 112, 120, 156, 266.

Art. 266.- El Registrador Nacional del Estado Civil será elegido por el Consejo Nacional Electoral para un período de cinco años y deberá reunir las mismas calidades que exige la Constitución para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

No podrá ser reelegido y ejercerá las funciones que establezca la ley, incluida la dirección y organización de las elecciones, el registro civil y la identificación de las personas, así como la de celebrar contratos en nombre de la Nación, en los casos que aquella disponga.

CONC. 120, 232, 265.

TITULO X.

DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL. CAPITULO 1.

De la Contraloría General de la República.

Art. 267.- El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.
Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos, y contratadas previo concepto del Consejo de Estado.
La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial.
La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. No tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia organización.
El Contralor será elegido por el Congreso en pleno en el primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del Presidente de la República, de terna integrada por candidatos presentados a razón de uno por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, y no podrá ser reelegido parta el periodo inmediato ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo. Quien haya ejercido en propiedad este cargo no podrá desempeñar empleo público alguno del orden nacional, salvo la docencia, ni aspirar a cargos de elección popular sino un año después de haber cesado en sus funciones.
Sólo el Congreso puede admitir las renuncias que presente el Contralor y proveer las vacantes definitivas del cargo; las faltas temporales serán provistas por el Consejo de Estado.
Para ser elegido Contralor General de la República se requiere ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía; tener más de 35 años de edad; tener título universitario o haber sido profesor universitario durante un tiempo no menor de 5 años; y acreditar las calidades adicionales que exija la ley.
No podrá ser elegido Contralor General quien sea o haya sido miembro del Congreso u ocupado cargo público alguno del orden nacional, salvo la docencia, en el año inmediatamente anterior a la elección. Tampoco podrá ser elegido quien haya sido condenado a pena de prisión por delitos comunes.
En ningún caso podrán intervenir en la postulación o elección del Contralor personas que se hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil o legal respecto de los candidatos.

CONC. 96, 99, 117, 119, 120, 128, 141, 237.

DESARROLLO LEGISLATIVO. Lo concerniente al Control Fiscal fué regulado mediante las Leyes 42 y 87 de 1993. Lo referente a la estructura, organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República fué contemplada por la Ley 106 de 1993.

El control interno en las Entidades y Organismos de la Rama Ejecutiva, la Presidencia de la República fijó sus parámetros mediante la Directiva 2 de 1994.

NOTA DEL COMPILADOR. La función del control fiscal ha tenido tres (3) tendencias o escuelas en el mundo:
1. La colegiada: dirigida por Tribunales o Cortes de Cuentas.

2. Unipersonal: en la que existe una tendencia a la revisión continuada y detallada de las operaciones.

3. Auditorias generales: ejercida por contadores.

Algunos de los proyectos presentados a la Asamblea Nacional Constituyente proponían la instauración de la Corte de Cuentas que existió en Colombia en el siglo pasado. Sin embargo esta propuesta no tuvo mucha acogida teniendo en cuenta especialmente, los costos que implicaría una reforma, innecesaria, de la actual Contraloría. Por el contrario, se buscó acomodar el ejercicio del control fiscal a las tendencias modernas eliminando el control previo y quitándole a la Contraloría la función de "coadministrador" que venía ejerciendo con el fin de asegurar el honesto manejo de los dineros públicos, generando una engorrosa tramitología tendiente a la corruptela.

Art. 268.- El Contralor General de la República tendrá las siguientes atribuciones: 1. Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse.
2. Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado.
3. Llevar un registro de la deuda pública de la Nación y de las entidades territoriales.
4. Exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes de la Nación.
5. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma.
6. Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado.
7. Presentar al Congreso de la República un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente.
8. Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado. La Contraloría, bajo su responsabilidad, podrá exigir, verdad sabida y buena fe guardada, la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones o los respectivos procesos penales o disciplinarios.
9. Presentar proyectos de ley relativos al régimen del control fiscal y a la organización y funcionamiento de la Contraloría General.
10. Proveer mediante concurso público los empleos de su dependencia que haya creado la ley. Esta determinar un régimen especial de carrera administrativa para la selección, promoción y retiro de los funcionarios de la Contraloría. Se prohibe a quienes formen parte de las corporaciones que intervienen en la postulación y elección del Contralor, dar recomendaciones personales y políticas para empleos en su despacho.
11. Presentar informes al Congreso y al Presidente de la República sobre el cumplimiento de sus funciones y certificación sobre la situación de las finanzas del Estado, de acuerdo con la ley.
12. Dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden nacional y territorial.
13. Las demás que señale la ley.

Presentar a la Cámara de Representantes la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y certificar el balance de la Hacienda presentado al Congreso por el Contador General.

CONC. 119, 156, 178-2, 272, 354.

Art. 269.- En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas.

DESARROLLO LEGISLATIVO. Lo concerniente al Control Fiscal fué regulado mediante las Leyes 42 y 87 de 1993. Lo referente a la estructura, organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República fué contemplada por la Ley 106 de 1993.

El control interno en las Entidades y Organismos de la Rama Ejecutiva, la Presidencia de la República fijó sus parámetros mediante la Directiva 2 de 1994.

Art. 270.- La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados.

CONC. 103.

Art. 271.- Los resultados de las indagaciones preliminares adelantadas por la Contraloría tendrán valor probatorio ante la Fiscalía General de la Nación y el juez competente.

Art. 272.- La vigilancia de la gestión fiscal de los Departamentos, Distritos y Municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en forma posterior y selectiva.
La de los Municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la ley determine respecto de contralorías municipales.
Corresponde a las Asambleas y a los Concejos distritales y municipales organizar las respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal.
Igualmente les corresponde elegir contralor para período igual al del gobernador o alcalde, según el caso, de ternas integradas con dos candidatos presentados por el tribunal superior de distrito judicial y uno por el correspondiente tribunal de lo contencioso-administrativo.
Ningún contralor podrá ser reelegido para el período inmediato.
Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268 y podrán, según lo autorice la ley, contratar con empresas privadas colombianas el ejercicio de la vigilancia fiscal.
Para ser elegido contralor departamental, distrital o municipal se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de veinticinco años, acreditar título universitario y las demás calidades que establezca la ley.
No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de asamblea o concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público del orden departamental, distrital o municipal, salvo la docencia.
Quien haya ocupado en propiedad el cargo de contralor departamental, distrital o municipal, no podrá desempeñar empleo oficial alguno en el respectivo departamento, distrito o Municipio, ni ser inscrito como candidato a cargos de elección popular sino un año después de haber cesado en sus funciones.

CONC. 96, 99, 267, 268, 300, 313.

DESARROLLO LEGISLATIVO. En virtud del artículo anterior, el Congreso Nacional expidió la Ley 56 de 1993.

JURISPRUDENCIA. Sobre el tema específico del período de los contralores y su elección en el tránsito constitucional puede consultarse la sentencia de abril 3 de 1992 emitida por la Corte Constitucional-Sala de Revisión de Tutelas.

Art. 273.- A solicitud de cualquiera de los proponentes, el Contralor General de la República y demás autoridades de control fiscal competentes, ordenarán que el acto de adjudicación de una licitación tenga lugar en audiencia pública.

Los casos en que se aplique el mecanismo de audiencia pública, la manera como se efectuará la evaluación de las propuestas y las condiciones bajo las cuales se realizará aquella, serán señalados por la ley.

Art. 274.- La vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República se ejercerá por un auditor elegido para períodos de dos años por el Consejo de Estado, de terna enviada por la Corte Suprema de Justicia.

La ley determinará la manera de ejercer dicha vigilancia a nivel departamental, distrital y municipal.

CONC. 237.

CAPITULO 2.

Del Ministerio Público.

Art. 275.- El Procurador General de la Nación es el supremo director del Ministerio Público.

CONC. 117, 118.

Art. 276.- El Procurador General de la Nación será elegido por el Senado, para un período de cuatro años, de terna integrada por candidatos del Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

CONC. 173-7.

Art. 277.- El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones: 1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos.
2. Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo.
3. Defender los intereses de la sociedad.
4. Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente.
5. Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas.
6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la Ley.
7. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales.
8. Rendir anualmente informe de su gestión al Congreso.
9. Exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la información que considere necesaria.
10. Las demás que determine la ley.

Para el cumplimiento de sus funciones la Procuraduría tendrá atribuciones de policía judicial, y podrá interponer las acciones que considere necesarias.

CONC. 78, 79, 80, 82, 118, 123, 150, 241, 242-\n2, 282.

Art. 278.- El Procurador General de la Nación ejercerá directamente las siguientes funciones: 1. Desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas: infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley; derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones; obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccional; obrar con manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los empleados de su dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de que tenga conocimiento en razón del ejercicio de su cargo.
2. Emitir conceptos en los procesos disciplinarios que se adelanten contra funcionarios sometidos a fuero especial.
3. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia.
4. Exhortar al Congreso para que expida las leyes que aseguren la promoción, el ejercicio y la protección de los derechos humanos, y exigir su cumplimiento a las autoridades competentes.
5. Rendir concepto en los procesos de control de constitucionalidad.
6. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios y empleados de su dependencia.

CONC. 118, 156, 242-2.

Art. 279.- La ley determinará lo relativo a la estructura y al funcionamiento de la Procuraduría General de la Nación, regulará lo atinente al ingreso y concurso de méritos y al retiro del servicio, a las inhabilidades, incompatibilidades, denominación, calidades, remuneración y al régimen disciplinario de todos los funcionarios y empleados de dicho organismo.

Art. 280.- Los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo.

Art. 281.- El Defensor del Pueblo formará parte del Ministerio Público y ejercerá sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación. Será elegido por la Cámara de Representantes para un período de cuatro años de terna elaborada por el Presidente de la República.

CONC. 118, 178-1.

DESARROLLO LEGISLATIVO. La reglamentación de la figura de la Defensoría del Pueblo se encuentra contenida en al Ley 24 de 1992.

NOTA DEL COMPILADOR. Como fundamento principal para la incorporación de esta nueva figura en nuestro ordenamiento constitucional se tuvo en cuenta la realidad colombiana en cuanto la agudización de las luchas sociales y la respuesta violenta del sistema penal para contrarestarlo; y consecuentemente la necesidad de crear una entidad que defendiera, protegiera y promoviera el respeto por los derechos humanos.

El texto que la Comisión presentó a plenaria de la Asamblea Constituyente propendía por fusionar en una sola entidad las funciones de esta nueva figura y las que venía desempeñando la Procuraduría General de la Nación, bajo el nombre de Defensoría del Pueblo. De igual manera tendría a su cargo, bajo su dirección el Ministerio Público y actuaría como órgano independiente del Gobierno.

Sin embargo, el texto fué reformado conciliando las dos figuras y dejando a la Procuraduría General como suprema autoridad del Ministerio Público, y al Defensor del Pueblo bajo su dirección.

Art. 282.- El Defensor del Pueblo velará por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, para lo cual ejercerá las siguientes funciones: 1. Orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado.
2. Divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza.
3. Invocar el derecho de Habeas Corpus e interponer las acciones de tutela, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados.
4. Organizar y dirigir la defensoría pública en los términos que señale la ley.
5. Interponer acciones populares en asuntos relacionados con su competencia.
6. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia.
7. Rendir informes al Congreso sobre el cumplimiento de sus funciones.
8. Las demás que determine la ley.

CONC. 30, 86, 88, 118, 156, 277-2.

Art. 283.- La ley determinará lo relativo a la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.

DESARROLLO LEGISLATIVO. La organizacióny funcionamiento de la Defensoría del Pueblo fué determinada por la Ley 24 de 1992.

Art. 284.- Salvo las excepciones previstas en la Constitución y la ley, el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo podrán requerir de las autoridades las informaciones necesarias para el ejercicio de sus funciones, sin que pueda oponérseles reserva alguna.

TITULO XI.

DE LA ORGANIZACION TERRITORIAL. CAPITULO 1.

De las Disposiciones Generales.

Art. 285.- Fuera de la división general del territorio, habrá las que determine la ley para el cumplimiento de las funciones y servicios a cargo del Estado.

CONC. 150-4, 257-1.

Art. 286.- Son entidades territoriales los Departamentos, los Distritos, los Municipios y los territorios indígenas.
La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley.

CONC. 287, 306, 311, 319, 321, 322.

NOTA DEL COMPILADOR. Para la definición de las Entidades Territoriales hubo dos posiciones: 1. Proponía el otorgamiento de este carácter a las Provincias y Regiones: fundamentaba lo anterior en la idea de que esta organización le daría un poco mas de viabilidad a la descentralización del desarrollo territorial y contribuiría a superar la crisis institucional de los Departamentos, los cuales estarían obligados a renovarse o desaparecer.

2. Proponía el no otorgamiento de este carácter a las Provincias y Regiones: posición contraria ésta se basaba en la inconveniencia política y administrativa de atomizar el territorio, generando una dificultad para la coordinación intergubernamental en la asignación de recursos públicos.

Art. 287.- Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 1. Gobernarse por autoridades propias.

2. Ejercer las competencias que les correspondan.

3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

4. Participar en las rentas nacionales.

CONC. 1, 286, 298.

Art. 288.- La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales.

Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley.

CONC. 151, 298.

DESARROLLO LEGISLATIVO. La distribución de competencias entre las Entidades Territoriales fué fijada por la Ley 60 de 1993.

Art. 289.- Por mandato de la ley, los Departamentos y Municipios ubicados en zonas fronterizas podrán adelantar directamente con la entidad territorial limítrofe del país vecino, de igual nivel, programas de cooperación e integración, dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la preservación del ambiente.

CONC. 227.

DESARROLLO LEGISLATIVO. El tema referente a las Zonas de Fronteras fué regulada por la Ley 191 de 1995.

Art. 290.- Con el cumplimiento de los requisitos y formalidades que señale la ley, y en los casos que ésta determine, se realizará el examen periódico de los límites de las entidades territoriales y se publicará el mapa oficial de la República.

CONC. 101.

Art. 291.- Los miembros de las corporaciones públicas de las entidades territoriales no podrán aceptar cargo alguno en la administración pública, y si lo hicieren perderán su investidura.
Los contralores y personeros sólo asistirán a las juntas directivas y consejos de administración que operen en las respectivas entidades territoriales, cuando sean expresamente invitados con fines específicos.

CONC. 299, 312.

Art. 292.- Los Diputados y Concejales y sus parientes dentro del grado que señale la ley no podrán formar parte de las juntas directivas de las entidades descentralizadas del respectivo departamento, distrito o Municipio.
No podrán ser designados funcionarios de la correspondiente entidad territorial los cónyuges o compañeros permanentes de los Diputados y Concejales, ni sus parientes en el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil.

CONC. 299, 312.

Art. 293.- Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución, la ley determinará las calidades, inhabilidades, incompatibilidades, fecha de posesión, períodos de sesiones, faltas absolutas o temporales, causas de destitución y formas de llenar las vacantes de los ciudadanos que sean elegidos por voto popular para el desempeño de funciones públicas en las entidades territoriales. La ley dictará también las demás disposiciones necesarias para su elección y desempeño de funciones.

CONC. 260, 299.

Art. 294.- La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos salvo lo dispuesto en el artículo 317.

CONC. 300-4, 313-4, 317, 338.

Art. 295.- Las entidades territoriales podrán emitir títulos y bonos de deuda pública, con sujeción a las condiciones del mercado financiero e igualmente contratar crédito externo, todo de conformidad con la ley que regule la materia.

Art. 296.- Para la conservación del orden público o para su restablecimiento donde fuere turbado, los actos y órdenes del Presidente de la República se aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre los de los Gobernadores; los actos y órdenes de los Gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en relación con los de los Alcaldes.

CAPITULO 2.

Del régimen Departamental.

Art. 297.- El Congreso Nacional puede decretar la formación de nuevos Departamentos, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en la Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial y una vez verificados los procedimientos, estudios y consulta popular dispuestos por esta Constitución.

Art. 298.- Los Departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución.
Los Departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes.
La ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la Constitución les otorga.

CONC. 1, 287, 288.

Art. 299.- MODIFICADO. Art. 1, Acto Legislativo 1 de 1996.
En cada Departamento habrá una corporación administrativa de elección popular que se denominará Asamblea Departamental, la cual estará integrada por no menos de once miembros ni más de treinta y uno. Dicha corporación gozará de autonomía administrativa y presupuesto propio.
El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la Ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda. El período de los diputados será de tres (3) años, y tendrán la calidad de servidores públicos.
Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, no haber sigo condenado a pena privativa de la libertad, con excepción de los delitos políticos o culposos y haber residido en la respectiva circunscripción electoral durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la elección.
Los miembros de la Asamblea Departamental tendrán derecho a una remuneración durante las sesiones correspondientes y estarán amparadas por un régimen de prestaciones y seguridad social, en los términos que fija la Ley.

CONC. 99, 260, 291, 292, 293, 308.

CONC. LEGISLATIVA. Art. 41, Código de Régimen Político.

DESARROLLO LEGISLATIVO. La regulación del anterior artículo se llevó a cabo en virtud de la Ley 56 de 1993.

Art. 300.- MODIFICADO. Art. 2, Acto Legislativo 1 de 1996.
Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas: 1. Reglamentar el ejercicio de las funciones y prestación de los servicios a cargo del Departamento.
2. Expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo económico y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el turismo, el transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y el desarrollo de sus zonas de frontera.
3. Adoptar de acuerdo con la Ley los planes y programas de desarrollo económico y social y los de obras públicas, con la determinación de las inversiones y medidas que se consideren necesarias para impulsar su ejecución y asegurar su cumplimiento.
4. Decretar, de conformidad con la Ley, los tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de las funciones departamentales.
5. Expedir las normas orgánicas del presupuesto Departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos.
6. Con sujeción a los requisitos que señale la Ley, crear y suprimir municipios, segregar y agregar territorios municipales, y organizar provincias.
7. Determinar la estructura de la Administración Departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo; crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades de economía mixta.
8. Dictar normas de policía en todo aquello que no sea materia de disposición legal.
9. Autorizar al Gobernador del Departamento para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes y ejercer, pro tempore, precisas funciones de las que corresponden a las Asambleas Departamentales.
10. Regular, en concurrencia con el municipio, el deporte, la educación y la salud en los términos que determina la Ley.
11. Solicitar informes sobre el ejercicio de sus funciones al Contralor General del Departamento, Secretarios de Gabinete, Jefes de Departamentos Administrativos y Directores de Institutos Descentralizados del orden Departamental.
12. Cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y la Ley.

Los planes y programas de desarrollo y de obras públicas, serán coordinados e integrados con los planes y programas municipales, regionales y nacionales.

Las ordenanzas a que se refieren los numerales 3, 5 y 7 de este artículo, la que decretan inversiones, participaciones o cesiones de rentas y bienes departamentales y las que creen servicios a cargo del Departamento o los traspasen a él, sólo podrán ser dictadas o reformadas a iniciativa del Gobernador".

CONC. 294, 305-4, 305-7, 305-8, 305-12, 309, 344, 345.

Art. 301.- La ley señalará los casos en los cuales las Asambleas podrán delegar en los Concejos municipales las funciones que ella misma determine. En cualquier momento, las Asambleas podrán reasumir el ejercicio de las funciones delegadas.

CONC. 209, 211.

Art. 302.- La ley podrá establecer para uno o varios Departamentos diversas capacidades y competencias de gestión administrativa y fiscal distintas a las señaladas para ellos en la Constitución, en atención a la necesidad de mejorar la administración o la prestación de los servicios públicos de acuerdo con su población, recursos económicos y naturales y circunstancias sociales, culturales y ecológicas.
En desarrollo de lo anterior, la ley podrá delegar, a uno o varios Departamentos, atribuciones propias de los organismos o entidades públicas nacionales.

CONC. 209, 211.

Art. 303.- En cada uno de los Departamentos habrá un gobernador que será jefe de la administración seccional y representante legal del Departamento; el gobernador será agente del Presidente de la República para el mantenimiento del orden público y para la ejecución de la política económica general, así como para aquellos asuntos que mediante convenios la Nación acuerde con el Departamento. Los Gobernadores serán elegidos para periodos de tres años y no podrán ser reelegidos para el periodo siguiente.
La ley fijará las calidades, requisitos, inhabilidades e incompatibilidades de los Gobernadores; reglamentar su elección; determinará sus faltas absolutas y temporales y forma de llenarlas; y dictará las demás disposiciones necesarias para el normal desempeño de sus cargos.

CONC. 260, 293.

CONC. LEGISLATIVA. Art. 92, Código de Régimen Político.

Art. 304.- El Presidente de la República, en los casos taxativamente señalados por la ley, suspenderá o destituirá a los Gobernadores.
Su régimen de inhabilidades e incompatibilidades no será menos estricto que el establecido para el Presidente de la República.

CONC. 189, 338.

Art. 305.- Son atribuciones del gobernador: 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del Gobierno y las ordenanzas de las Asambleas Departamentales.
2. Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes.
3. Dirigir y coordinar los servicios nacionales en las condiciones de la delegación que le confiera el Presidente de la República.
4. Presentar oportunamente a la asamblea departamental los proyectos de ordenanza sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas y presupuesto anual de rentas y gastos.
5. Nombrar y remover libremente a los gerentes o directores de los Establecimientos públicos y de las empresas industriales o comerciales del Departamento. Los representantes del departamento en las juntas directivas de tales organismos y los directores o gerentes de los mismos son agentes del gobernador.
6. Fomentar de acuerdo con los planes y programas generales, las empresas, industrias y actividades convenientes al desarrollo cultural, social y económico del departamento que no correspondan a la Nación y a los Municipios.
7. Crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas. Con cargo al tesoro departamental no podrácrear obligaciones que excedan al monto global fijado para el respectivo servicio en el presupuesto inicialmente aprobado.
8. Suprimir o fusionar las entidades departamentales de conformidad con las ordenanzas.
9. Objetar por motivos de inconstitucionalidad, ilegalidad o inconveniencia, los proyectos de ordenanza, o sancionarlos y promulgarlos.
10. Revisar los actos de los Concejos municipales y de los Alcaldes y, por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad, remitirlos al Tribunal competente para que decida sobre su validez.
11. Velar por la exacta recaudación de las rentas departamentales, de las entidades descentralizadas y las que sean objeto de transferencias por la Nación.
12. Convocar a la asamblea departamental a sesiones extraordinarias en las que sólo se ocupará de los temas y materias para lo cual fue convocada.
13. Escoger de las ternas enviadas por el Jefe Nacional respectivo, los gerentes o jefes seccionales de los Establecimientos públicos del orden nacional, que operen en el Departamento, de acuerdo con la ley.
14. Ejercer las funciones administrativas que le delegue el Presidente de la República.
15. Las demás que le señale la Constitución, las leyes y las ordenanzas.

CONC. 105, 189-4, 300-3, 300-5, 300-7, 304, 339.

Art. 306.- Dos o más Departamentos podrán constituírse en regiones administrativas y de planificación, con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio. Su objeto principal será el desarrollo económico y social del respectivo territorio.

CONC. 286.

Art. 307.- La respectiva ley orgánica, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial, establecerá las condiciones para solicitar la conversión de la Región en entidad territorial. La decisión tomada por el Congreso se someterá en cada caso a referendo de los ciudadanos de los Departamentos interesados.
La misma ley establecerá las atribuciones, los órganos de administración, y los recursos de las regiones y su participación en el manejo de los ingresos provenientes del Fondo Nacional de Regalías. Igualmente definirá los principios para la adopción del estatuto especial de cada región.

CONC. 306.

Art. 308.- La ley podrá limitar las apropiaciones departamentales destinadas a honorarios de los Diputados y a gastos de funcionamiento de las Asambleas y de las contralorías departamentales.

CONC. 299.

Art. 309.- Erígense en departamento las Intendencias de Arauca, Casanare, Putumayo, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y las Comisarías del Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada. Los bienes y derechos que a cualquier título pertenecían a las Intendencias y comisarías continuarán siendo de propiedad de los respectivos Departamentos.

CONC. LEGISLATIVA. La organización y funcionamiento de las nuevas entidades erigidas como Departamentos fué establecido por los Decretos 2274 y 2316 de 1994.

Art. 310.- El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se regirá , además de las normas previstas en la Constitución y las leyes para los otros Departamentos, por las normas especiales que en materia administrativa, de inmigración, fiscal, de comercio exterior, de cambios, financiera y de fomento económico establezca el legislador.
Mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de cada cámara se podrá limitar el ejercicio de los derechos de circulación y residencia, establecer controles a la densidad de la población, regular el uso del suelo y someter a condiciones especiales la enajenación de bienes inmuebles con el fin de proteger la identidad cultural de las comunidades nativas y preservar el ambiente y los recursos naturales del Archipiélago.
Mediante la creación de los Municipios a que hubiere lugar, la Asamblea Departamental garantizará la expresión institucional de las comunidades raizales de San Andrés. El Municipio de Providencia tendrá en las rentas departamentales una participación no inferior del 20% del valor total de dichas rentas.

CONC. Art. 42-T.

DESARROLLO LEGISLATIVO. La organización y funcionamiento del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fué regulado por la Ley 47 de 1993.

CAPITULO 3.

Del Régimen Municipal.

Art. 311.- Al Municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

CONC. 286, 367.

Art. 312.- En cada Municipio habrá una corporación administrativa elegida popularmente para períodos de tres años que se denominará concejo municipal, integrada por no menos de siete, ni más de veintiún miembros según lo determine la ley, de acuerdo con la población respectiva.
La ley determinará las calidades, inhabilidades e incompatibilidades de los Concejales y la época de sesiones ordinarias de los Concejos. Los Concejales no tendrán la calidad de empleados públicos.
La ley podrá determinar los casos en que tengan derecho a honorarios por su asistencia a sesiones.
Su aceptación de cualquier empleo público, constituye falta absoluta.

CONC. 260, 291, 291.

CONC. LEGISLATIVA. Art. 259, Código de Régimen Político.

Art. 313.- Corresponde a los Concejos: 1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Municipio.
2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas.
3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Concejo.
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales.
5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos.
6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, Establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta.
7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda.
8. Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios que ésta determine.
9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del Municipio.
10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen.

CONC. 294, 338, 339, 345.

Art. 314.- En cada Municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del Municipio, que será elegido popularmente para períodos de tres años, no reelegible para el período siguiente.
El Presidente y los Gobernadores, en los casos taxativamente señalados por la ley, suspenderán o destituirán a los Alcaldes.
La ley establecerá las sanciones a que hubiere lugar por el ejercicio indebido de esa atribución.

CONC. 189, 260, 305.

CONC. LEGISLATIVA. Art. 260, Código de Régimen Político.

Art. 315.- Son atribuciones del alcalde: 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo.
2. Conservar el orden público en el Municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante.
3. Dirigir la acción administrativa del Municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los Establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes.
4. Suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, de conformidad con los acuerdos respectivos.
5. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del Municipio.
6. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico.
7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado.
8. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones, presentarle informes generales sobre su administración y convocarlo a sesiones extraordinarias, en las que sólo se ocupará de los temas y materias para los cuales fue citado.
9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto.
10. Las demás que la Constitución y la ley le señalen.

CONC. 105, 189-4, 333, 339.

Art. 316.- En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, sólo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo Municipio.

CONC. 105.

Art. 317.- Solo los Municipios podrán gravar la propiedad inmueble.
Lo anterior no obsta para que otras entidades impongan contribución de valorización.
La ley destinará un porcentaje de estos tributos, que no podrá exceder del promedio de las sobretasas existentes, a las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los Municipios del área de su jurisdicción.

CONC. 292, 294.

Art. 318.- Con el fin de mejorar la prestación de los servicios y asegurar la participación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter local, los Concejos podrán dividir sus Municipios en comunas cuando se trate de áreas urbanas, y en corregimientos en el caso de las zonas rurales.
En cada una de las comunas o corregimientos habrá unajunta administradora local de elección popular, integrada por el número de miembros que determine la ley, que tendrá las siguientes funciones : 1. Participar en la elaboración de los planes y programas municipales de desarrollo económico y social y de obras públicas.
2. Vigilar y controlar la prestación de los servicios municipales en su comuna o corregimiento y las inversiones que se realicen con recursos públicos.
3. Formular propuestas de inversión ante las autoridades nacionales, departamentales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión.
4. Distribuir las partidas globales que les asigne el presupuesto municipal.
5. Ejercer las funciones que les deleguen el concejo y otras autoridades locales. Las Asambleas departamentales podrán organizar juntas administradoras para el cumplimiento de las funciones que les señale el acto de su creación en el territorio que este mismo determine.

CONC. 103, 260.

Art. 319.- Cuando dos o más Municipios tengan relaciones económicas, sociales y físicas, que den al conjunto características de un área metropolitana, podrán organizarse como entidad administrativa encargada de programar y coordinar el desarrollo armónico e integrado del territorio colocado bajo su autoridad; racionalizar la prestación de los servicios públicos a cargo de quienes la integran y, si es el caso, prestar en común algunos de ellos; y ejecutar obras de interés metropolitano.
La ley de ordenamiento territorial adoptará para las áreas metropolitanas un régimen administrativo y fiscal de carácter especial; garantizará que en sus órganos de administración tengan adecuada participación las respectivas autoridades municipales; y señalará la forma de convocar y realizar las consultas populares que decidan la vinculación de los Municipios.
Cumplida la consulta popular, los respectivos Alcaldes y los Concejos municipales protocolizarán la conformación del área y definirán sus atribuciones, financiación y autoridades, de acuerdo con la ley.
Las áreas metropolitanas podrán convertirse en Distritos conforme a la ley.

CONC. 105, 286.

DESARROLLO LEGISLATIVO. El tema de las Areas Metropolitana fué regulado en su totalidad por la Ley 128, de 1994.

Art. 320.- La ley podrá establecer categorías de Municipios de acuerdo con su población, recursos fiscales, importancia económica y situación geográfica, y señalar distinto régimen para su organización, gobierno y administración.

DESARROLLO LEGISLATIVO. La categorización de los Municipios fué establecida en la Ley 136 de 1994, específicamente en su artículo 6 y siguientes.

Art. 321.- Las provincias se constituyen con Municipios o territorios indígenas circunvecinos, pertenecientes a un mismo departamento.
La ley dictará el estatuto básico y fijará el régimen administrativo de las provincias que podrán organizarse para el cumplimiento de las funciones que les deleguen entidades nacionales o departamentales y que les asignen la ley y los Municipios que las integran.
Las provincias serán creadas por ordenanza, a iniciativa del gobernador, de los Alcaldes de los respectivos Municipios o del número de ciudadanos que determine la ley.
Para el ingreso a una provincia ya constituída deberá realizarse una consulta popular en los Municipios interesados.
El departamento y los Municipios aportarán a las provincias el porcentaje de sus ingresos corrientes que determinen la asamblea y los Concejos respectivos.

CONC. 286.

CAPITULO 4.

Del Régimen Especial. Art. 322.- Santa Fe de Bogotá, capital de la República y del Departamento de Cundinamarca, se organiza como Distrito Capital.
Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la Constitución, las leyes especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los Municipios.
Con base en las normas generales que establezca la ley, el concejo a iniciativa del alcalde, dividirá el territorio distrital en localidades, de acuerdo con las características sociales de sus habitantes, y hará el correspondiente reparto de competencias y funciones administrativas.
A las autoridades distritales corresponderá garantizar el desarrollo armónico e integrado de la ciudad y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito; a las locales, la gestión de los asuntos propios de su territorio.

CONC. 286.

Art. 323.- El concejo distrital se compondrá de un concejal por cada ciento cincuenta mil habitantes o fracción mayor de setenta y cinco mil que tenga su territorio.
En cada una de las localidades habráuna junta administradora, elegida popularmente para períodos de tres años, que estará integrada por no menos de siete ediles, según lo determine el concejo distrital, atendida la población respectiva.
La elección de Alcalde Mayor, de Concejales distritales y de ediles se hará en un mismo día para períodos de tres años.
Los Alcaldes locales serán designados por el Alcalde Mayor de terna enviada por la correspondiente junta administradora.
En los casos taxativamente señalados por la ley, el Presidente de la República suspenderá o destituirá al Alcalde Mayor.
Los Concejales y los ediles no podrán hacer parte de las juntas directivas de las entidades descentralizadas.

CONC. 260.

Art. 324.- Las juntas administradoras locales distribuirán y apropiarán las partidas globales que en el presupuesto anual del Distrito se asignen a las localidades teniendo en cuenta las necesidades básicas insatisfechas de su población.
Sobre las rentas departamentales que se causen en Santa Fe de Bogotá, la ley determinará la participación que le corresponda a la capital de la República. Tal participación no podrá ser superior a la establecida en la fecha de vigencia de esta Constitución.

Art. 325.- Con el fin de garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo integral y la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo, dentro de las condiciones que fijen la Constitución y la ley, el Distrito Capital podrá conformar un área metropolitana con los Municipios circunvecinos y una región con otras entidades territoriales de carácter departamental.

Art. 326.- Los Municipios circunvecinos podrán incorporarse al Distrito Capital si así lo determinan los ciudadanos que residan en ellos mediante votación que tendrá lugar cuando el concejo distrital haya manifestado su acuerdo con esta vinculación. Si ésta ocurre, al antiguo Municipio se le aplicarán las normas constitucionales y legales vigentes para las demás localidades que conformen el Distrito Capital.

Art. 327.- En las elecciones de Gobernador y de Diputados a la Asamblea Departamental de Cundinamarca no participarán los ciudadanos inscritos en el censo electoral del Distrito Capital.

Art. 328.- El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta conservarán su régimen y carácter.

DESARROLLO LEGISLATIVO. Cartagena fué elevada a Distrito Turístico y Cultural mediante Acto Legislativo 1 de 1987 y Santa Marta mediante el Acto Legislativo 3 de 1989.

Art. 329.- La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial.
Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable.
La ley definirá las relaciones y la coordinación de estas entidades con aquellas de las cuales formen parte.

Parágrafo.- En el caso de un territorio indígena que comprenda el territorio de dos o más Departamentos, su administración se hará por los consejos indígenas en coordinación con los Gobernadores de los respectivos Departamentos. En caso de que este territorio decida constituirse como entidad territorial, se hará con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso primero de este art!culo.

CONC. 63.

NOTA DEL COMPILADOR. Las Asociaciones de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas fueron creadas por el Decreto 1088 de 1993; y las normas fiscales de los Territorios Indígenas por el Decreto 1809 del mismo año y 840 de 1995.

Desde el punto de vista internacional el Decreto 1024 de 1994 promulgó el Convenio de Pueblos Indígenas o Tribuales en Países Independientes.

Art. 330.- De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones : 1. Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus territorios.
2. Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.
3. Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución.
4. Percibir y distribuir sus recursos.
5. Velar por la preservación de los recursos naturales.
6. Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en su territorio.
7. Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional.
8. Representar a los territorios ante el Gobierno Nacional y las demás entidades a las cuales se integren; y 9. Las que les señalen la Constitución y la ley.

Parágrafo.- La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciar la participación de los representantes de las respectivas comunidades.

CONC. 189-4, 246, 329.

Art. 331.- Créase la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena encargada de la recuperación de la navegación, de la actividad portuaria, la adecuación y la conservación de tierras, la generación y distribución de energía y el aprovechamiento y preservación del ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables.

La ley determinará su organización y fuentes de financiación, y definirá en favor de los Municipios ribereños un tratamiento especial en la asignación de regalías y en la participación que les corresponda en los ingresos corrientes de la Nación.

TITULO XII.

DEL REGIMEN ECONOMICO Y DE LA HACIENDA PUBLICA. CAPITULO 1.

De las Disposiciones Generales.

Art. 332.- El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes.

CONC. 334, 360.

Art. 333.- La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitar o controlar cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.

CONC. 57, 58, 60, 75, 334, 336.

Art. 334.- La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.

El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y la competitividad y el desarrollo armónico de las regiones.

CONC. 64, 150-21, 332, 333, 365.

Art. 335.- Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del art¡culo\n150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito.

CONC. 189-24.

Art. 336.- Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público o social y en virtud de la ley.

La ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una actividad económica lícita.

La organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos estarán sometidos a un régimen propio, fijado por la ley de iniciativa gubernamental.

Las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarán destinadas exclusivamente a los servicios de salud.

Las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores, estarán destinadas preferentemente a los servicios de salud y educación La evasión fiscal en materia de rentas provenientes de monopolios rentísticos será sancionada penalmente en los términos que establezca la ley.

El Gobierno enajenará o liquidará las empresas monopolísticas del Estado y otorgará a terceros el desarrollo de su actividad cuando no cumplan los requisitos de eficiencia, en los términos que determine la ley.

En cualquier caso se respetarán los derechos adquiridos por los trabajadores.

CONC. 75, 333, 336.

Art. 337.- La Ley podrá establecer para las zonas de frontera, terrestres y marítimas, normas especiales en materias económicas y sociales tendientes a promover su desarrollo.

DESARROLLO LEGISLATIVO. Ley 191 de 1995.

Art. 338.- En tiempo de paz, solamente el Congreso, las Asambleas departamentales y los Concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.

La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos.

Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.

CONC. 215, 294, 300-4, 313-\n4, 345.

CAPITULO 2.

De los planes de desarrollo .

Art. 339.- Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución.
Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo.

CONC. 300-2, 300-3, 305-\n4, 313-2, 315, 346.

DESARROLLO LEGISLATIVO. Mediante la Ley 152 de 1994 el Congreso expidió la Ley Estatutaria de Planeación y mediante la Ley 188 de 1995 aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 1995- 1998.

Art. 340.- Habrá un Consejo Nacional de Planeación integrado por representantes de las entidades territoriales y de los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales. El Consejo tendrá carácter consultivo y servirá de foro para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo.
Los miembros del Consejo Nacional serán designados por el Presidente de la República de listas que le presenten las autoridades y las organizaciones de las entidades y sectores a que se refiere el inciso anterior, quienes deberán estar o haber estado vinculados a dichas actividades. Su período seráde ocho años y cada cuatro se renovará parcialmente en la forma que establezca la ley.
En las entidades territoriales habrá también consejos de planeación, según lo determine la ley.

El Consejo Nacional y los consejos territoriales de planeación constituyen el Sistema Nacional de Planeación.

CONC. 342.

NOTA DEL COMPILADOR. Se consagra la planeación participativa e indicativa para los sectores no oficiales los cuales tendrán voz pero no voto en las políticas oficiales para el desarrollo nacional.

Art. 341.- El gobierno elaborará el Plan Nacional de Desarrollo con participación activa de las autoridades de planeación, de las entidades territoriales y del Consejo Superior de la Judicatura y someterá el proyecto correspondiente al concepto del Consejo Nacional de Planeación; oída la opinión del Consejo procederá a efectuar las enmiendas que considere pertinentes y presentará el proyecto a consideración del Congreso, dentro de los seis meses siguientes a la iniciación del período presidencial respectivo.
Con fundamento en el informe que elaboren las comisiones conjuntas de asuntos económicos, cada corporación discutir y evaluar el plan en sesión plenaria. Los desacuerdos con el contenido de la parte general, si los hubiere, no serán obstáculo para que el gobierno ejecute las políticas propuestas en lo que sea de su competencia. No obstante, cuando el gobierno decida modificar la parte general del plan deberá seguir el procedimiento indicado en el artículo siguiente.

El Plan Nacional de Inversiones se expedirá mediante una ley que tendrá prelación sobre las demás leyes; en consecuencia, sus mandatos constituirán mecanismos idóneos para su ejecución y suplirán los existentes sin necesidad de la expedición de leyes posteriores, con todo, en las leyes anuales de presupuesto se podrán aumentar o disminuir las partidas y recursos aprobados en la ley del plan. Si el Congreso no aprueba el Plan Nacional de Inversiones Públicas en un término de tres meses después de presentado, el gobierno podrá ponerlo en vigencia mediante decreto con fuerza de ley.

El Congreso podrá modificar el Plan de Inversiones Públicas siempre y cuando se mantenga el equilibrio financiero.
Cualquier incremento en las autorizaciones de endeudamiento solicitadas en el proyecto gubernamental o inclusión de proyectos de inversión no contemplados en él, requerirá el visto bueno del Gobierno Nacional.

CONC. 241, 351.

DESARROLLO LEGISLATIVO. Mediante la Ley 152 de 1994 el Congreso expidió la Ley Estatutaria de Planeación y mediante la Ley 188 de 1995 aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 1995- 1998.

NOTA DEL COMPILADOR. Señala la responsabilidad del Presidente en la formulación del Plan de Desarrollo y el Congreso recupera una parte importante de su poder decisorio teniendo a su cargo la vigilancia política de los planes.

Art. 342.- La correspondiente ley orgánica reglamentará todo lo relacionado con los procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo y dispondrá los mecanismos apropiados para su armonización y para la sujeción a ellos de los presupuestos oficiales.

Determinará, igualmente, la organización y funciones del Consejo Nacional de Planeación y de los consejos territoriales, así como los procedimientos conforme a los cuales se hará efectiva la participación ciudadana en la discusión de los planes de desarrollo, y las modificaciones correspondientes, conforme a lo establecido en la Constitución.

CONC. 151, 340.

DESARROLLO LEGISLATIVO. Mediante la Ley 152 de 1994 el Congreso expidió la Ley Estatutaria de Planeación y mediante la Ley 188 de 1995 aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 1995- 1998. CONC. Ley 152 de 1994.

NOTA DEL COMPILADOR. Con la Ley orgánica se busca dar mayor elasticidad a los procesos de formulación de los planes de desarrollo y su armonización con los planes de los diferentes entes territoriales.

Art. 343.- La entidad nacional de planeación que señale la ley, tendrá a su cargo el diseño y la organización de los sistemas de evaluación de gestión y resultados de la administración pública, tanto en lo relacionado con políticas como con proyectos de inversión, en las condiciones que ella determine.

Art. 344.- Los organismos departamentales de planeación harán la evaluación de gestión y resultados sobre los planes y programas de desarrollo e inversión de los Departamentos y Municipios, y participarán en la preparación de los presupuestos de estos últimos en los términos que señale la ley.

En todo caso el organismo nacional de planeación, de manera selectiva, podrá ejercer dicha evaluación sobre cualquier entidad territorial.

CONC. 300-3.

CAPITULO 3.

Del Presupuesto.

ANTECEDENTES. Dentro del informe-ponencia presentado por la Comisión V de la Asamblea Constituyente, se propusieron los siguientes lineamientos para lo referente al presupuesto: 1. Seriedad y realismo: se refleja en cuanto a que se debe contemplar en el presupuesto, en la forma más técnica posible, el cálculo de rentas y gastos del período, evitando que se convierta en un mero instrumento provisional que de antemano se sabe será objeto de ajustes.

2. La unidad de presupuesto de todo el poder público pero separación en la preparación y autonomía en la ejecución.

3. No regresividad en la inversión: es decir que el porcentaje que en cada presupuesto se destine para inversión no podrá ser inferior al del año inmediatamente anterior.

4. Consagración del Gasto Público Social.

5. Radicación del gasto en las personas de derecho público.

6. El Contador general y una cuenta General.

Es así como lo referente al presupuesto quedó regulado en la nueva Constitución. ( G.C. No. 92, T. 6. pág. 4 ).

Art. 345.- En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al Tesoro que no se halle incluida en el de gastos.

Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las Asambleas departamentales, o por los Concejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto.

CONC. 300-5, 313-4, 313-\n5, 338.

Art. 346.- El Gobierno formulará anualmente el Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones que deberá corresponder al Plan Nacional de Desarrollo y lo presentará al Congreso, dentro de los primeros diez días de cada legislatura.

En la Ley de Apropiaciones no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido, o a un gasto decretado conforme a ley anterior, o a uno propuesto por el Gobierno para atender debidamente el funcionamiento de las ramas del poder público, o al servicio de la deuda, o destinado a dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo.

Las comisiones de asuntos económicos de las dos cámaras deliberarán en forma conjunta para dar primer debate al proyecto de Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones.

CONC. 60 Transitorio, 150-11, 189-20, 339, 346.

DESARROLLO LEGISLATIVO. El Estatuto General del Presupuesto fué compilado en un solo texto bajo el Decreto 111 de 1996 el cual recopila las disposiciones previstas tanto en la Ley 38 de 1989 como en la Leyes 179 de 1994 y 225 de 1995.

Art. 347.- El proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva. Si los ingresos legalmente autorizados no fueren suficientes para atender los gastos proyectados, el Gobierno propondrá, por separado, ante las mismas comisiones que estudian el proyecto de ley del presupuesto, la creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de gastos contemplados.

El presupuesto podrá aprobarse sin que se hubiere perfeccionado el proyecto de ley referente a los recursos adicionales, cuyo trámite podrá continuar su curso en el período legislativo siguiente.

CONC. 346.

Art. 348.- Si el Congreso no expidiere el presupuesto, regirá el presentado por el Gobierno dentro de los términos del artículo precedente; si el presupuesto no hubiere sido presentado dentro de dicho plazo, regirá el del año anterior, pero el Gobierno podrá reducir gastos, y, en consecuencia, suprimir o refundir empleos, cuando así lo aconsejen los cálculos de rentas del nuevo ejercicio.

CONC. 347.

Art. 349.- Durante los tres primeros meses de cada legislatura, y estrictamente de acuerdo con las reglas de la Ley Orgánica, el Congreso discutirá y expedirá el Presupuesto General de Rentas y Ley de Apropiaciones.
Los cómputos de las rentas, de los recursos del crédito y los provenientes del balance del Tesoro, no podrán aumentarse por el Congreso sino con el concepto previo y favorable suscrito por el ministro del ramo.

CONC. 151, 346, 351.

DESARROLLO LEGISLATIVO. El Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal de 1995 fué decretado por la Ley 168 de 1994.

Art. 350.- La ley de apropiaciones deberá tener un componente denominado gasto público social que agrupará las partidas de tal naturaleza, según definición hecha por la ley orgánica respectiva. Excepto en los casos de guerra exterior o por razones de seguridad nacional, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.

En la distribución territorial del gasto público social se tendrá en cuenta el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, la población, y la eficiencia fiscal y administrativa, según reglamentación que hará la ley.

El presupuesto de inversión no se podrá disminuir porcentualmente con relación al año anterior respecto del gasto total de la correspondiente ley de apropiaciones.

CONC. 359.

DESARROLLO LEGISLATIVO. El Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal de 1995 fué decretado por la Ley 168 de 1994.

Art. 351.- El Congreso no podrá aumentar ninguna de las partidas del presupuesto de gastos propuestas por el Gobierno, ni incluir una nueva, sino con la aceptación escrita del ministro del ramo.

El Congreso podrá eliminar o reducir partidas de gastos propuestas por el Gobierno, con excepción de las que se necesitan para el servicio de la deuda pública, las demás obligaciones contractuales del Estado, la atención completa de los servicios ordinarios de la administración y las inversiones autorizadas en los planes y programas a que se refiere el artículo 341.

Si se elevare el cálculo de las rentas, o si se eliminaren o disminuyeren algunas de las partidas del proyecto respectivo, las sumas así disponibles, sin exceder su cuantía, podrán aplicarse a otras inversiones o gastos autorizados conforme a lo prescrito en el inciso final del art¡culo 349 de la Constitución.

Art. 352.- Además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar.

CONC. Art. 151, 349.

DESARROLLO LEGISLATIVO. El Estatuto General del Presupuesto fué compilado en un solo texto bajo el Decreto 111 de 1996 el cual recopila las disposiciones previstas tanto en la Ley 38 de 1989 como en las Leyes 179 de 1994 y 225 de 1995.

Art. 353.- Los principios y las disposiciones establecidos en este título se aplicarán, en lo que fuere pertinente, a las entidades territoriales, para la elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto.

Art. 354.- Habrá un Contador General, funcionario de la rama ejecutiva, quien llevará la contabilidad general de la Nación y consolidará ésta con la de sus entidades descentralizadas territorialmente o por servicios, cualquiera que sea el orden al que pertenezcan, excepto la referente a la ejecución del Presupuesto, cuya competencia se atribuye a la Contraloría.

Corresponden al Contador General las funciones de uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública, elaborar el balance general y determinar las normas contables que deben regir en el país, conforme a la ley.

Parágrafo.- Seis meses después de concluido el año fiscal, el Gobierno Nacional enviará al Congreso el balance de la Hacienda, auditado por la Contraloría General de la República, para su conocimiento y análisis.

NOTA DEL COMPILADOR. Con la constitución de esta nueva figura del Contador General de la República, se separa la función contable, a cargo de la administración, y la función de control, revisoría y auditoría, a cargo de la Contraloría General de la Nación.

Art. 355.- Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado.

El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

CONC. 134.

NOTA DEL COMPILADOR. En desarrollo de la función constitucional que el anterior artículo otorgó al Gobierno Nacional se expidieron los Decreto 777 y 1403 de 1992 y el Decreto 2459 de 1993.

CAPITULO 4.

De la Distribución de recursos y de las competencias.

NOTA DEL COMPILADOR. La gran mayoría de proyectos presentados a la Asamblea Nacional constituyente abogan por un fortalecimiento financiero de las entidades territoriales ante el desequilibrio que existe entre los recursos y las competencias. Se es consciente de que la raiz del problema está en los profundos desajustes socio-económicos y estructurales, la desigualdad en la distribución territorial del aparato productivo y por ende, la riqueza altamente concentrada.
Teniendo en cuenta que la solución no es la soberanía fiscal total, se concilian los dos mecanismos de generación de recursos: las transferencias y la soberanía fiscal.

Art. 356.- Modificado. Acto Legislativo 1 de 1993, Art. 2. Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del gobierno, fijará los servicios a cargo de la Nación y de las entidades territoriales.

Determinará, así mismo, el situado fiscal, esto es el porcentaje de los ingresos corrientes de la nación que será cedido a los departamentos, el distrito capital y los distritos especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para la atención directa, o a través de los municipios, de los servicios que se les asignen.

Los recursos del situado fiscal se destinarán a financiar la educación preescolar, primaria secundaria y media, y la salud, en los niveles que la ley señale, con especial atención a los niños.

El situado fiscal aumentará anualmente hasta llegar a un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación que permita atender adecuadamente los servicios para los cuales está destinado. Con este fín, se incorporarán a él la retención del impuesto a las ventas y todos los demás recursos que la nación transfiere directamente para cubrir gastos en los citados niveles de educación.

La ley fijará los plazos para la cesión de estos ingresos y el traslado de las correspondientes obligaciones, establecerá las condiciones en que cada departamento asumirá la atención de los mencionados servicios y podrá autorizar a los municipios para prestarlos directamente en forma individual o asociada. No se podrán descentralizar responsabilidades sin la previa asignación de los recursos fiscales suficientes para atenderlas.

Un quince por ciento del situado fiscal se distribuirá por partes iguales entre los departamentos, el distrito capital y los distritos de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla.

El resto se asignará en proporción al número de usuarios actuales y potenciales de los servicios mencionados, teniendo en cuenta, además, el esfuerzo fiscal ponderado y la eficiencia administrativa de la respectiva entidad territorial.

Cada cinco años la ley, a iniciativa de los miembros del Congreso, podrá revisar éstos porcentajes de distribución.

CONC. 359.

DESARROLLO LEGISLATIVO. La distribución de los recursos a las Entidades Territoriales fué fijada por la Ley 60 de 1993.

Art. 357.- Modificado. Art. 1, Acto Legislativo 1 de 1995.
Los Municipios participarán en los ingresos corrientes de la Nación. La Ley, a iniciativa del Gobierno, determinará el porcentaje mínimo de esa participación y definirá las áreas prioritarias de inversión social que se financiarán con dichos recursos. Para los efectos de esa participación, la Ley determinará los reguardos indígenas que serán considerados como Municipios.

Los recursos provenientes de esa participación serán distribuídos por la Ley de conformidad con los siguientes criterios: sesenta por ciento (60%) en proporción directa al número de habitantes con necesidades básicas insatisfechas y al nivel relativo de pobreza de la población del respectivo Municipio; el resto en función de la población total, la eficiencia fiscal y administrativa y el progreso demostrado en calidad de viga, asignando en forma exclusiva un porcentaje de esa parte a los Municipios menores de 50.000 habitantes.

La Ley precisará el alcance, los criterios de distribución aquí previstos, y dispondrá que un porcentaje de éstos ingresos se invierta en las zonas rurales. Cada cinco (5) años, la Ley a inciativa del Congreso, podrá revisar éstos porcentajes de distribución".

"PARAGRAFO.- La participación de los Municipios en los ingresos corrientes de la Nación se incrementará, año por año, del catorce por ciento (14%) de 1993 hasta alcanzar el ventidos (22%) como mínimo en el 2001. La Ley fijará el aumento gradual de éstas transferencias y definirá las nuevas responsabilidades que en materia de inversión social asumirán los Municipios y las condiciones para su cumplimiento. Sus autoridades deberán demostrar a los organismos de evaluación y control de resultados la eficiente y correcta aplicación de éstos recursos y, en caso del mal manejo, se harán acreedores a las sanciones que establezca la Ley".

Estarán excluídos de la participación anterior, los impuestos nuevos cuando el Congreso así lo determine y, por el primer año de vigencia, los ajustes a los tributos existentes y los que se arbitren por medidas de emergencia económica".

A partir del año 2000, los Municipios clasificados en las categorías cuarta, quinta y sexta, de conformidad con las normas vigentes, podrán destinar libremente, para inversión o para otros gastos, hasta un quince por ciento (15%) de los recursos que perciban por concepto de la participación".

PARAGRAFO TRANSITORIO PRIMERO. Establécese para los años 1995 a 1999, inclusive, un período de transición durante el cual los Municipios, de conformidad con la categorización consagrada en las normas vigentes, destinarán libremente para inversión o para otros gastos, un porcentaje máximo de los recursos de la participación, de la siguiente forma:

Categorías 2 y 3: Hasta el 25% en 1995; hasta el 20% en 1996; hasta el 15% en 1997; hasta el 10% en 1998, y hasta el 5% en 1999.

Categorías 4, 5 y 6:Hasta el 30% en 1995; hasta el 27% en 1996; hasta el 24% en 1997; hasta el 21% en 1998, y hasta el 18% en 1999. El PARAGRAFO TRANSITORIO SEGUNDO quedará así: A partir de 1996 y hasta el año 1999, inclusive, un porcentaje creciente de la participación se distribuirá entre los Municipios de acuerdo con los criterios establecidos en éste artículo, de la siguiente manera: El 50% en 1996; el 60% en 1997; el 70% en 1998 y el 85% en 1999. El porcentaje restante de la participación en cada uno de los años del período de transición, se distribuirá en proporción directa al valor que hayan recibido los Municipios y Distritos por concepto de la transferencia del I.V.A. en 1992. A partir del año 2000 entrarán en plena vigencia los criterios establecidos en el presente artículo para distribuir la participación".

CONC. 359.

DESARROLLO LEGISLATIVO. La distribución de los recursos a las Entidades Territoriales fué fijada por la Ley 60 de 1993.

Art. 358.- Para los efectos contemplados en los dos artículos anteriores, entiéndese por ingresos corrientes los constituidos por los ingresos tributarios y no tributarios con excepción de los recursos de capital.

Art. 359.- No habrá rentas nacionales de destinación específica. Se exceptúan: 1. Las participaciones previstas en la Constitución en favor de los Departamentos, Distritos y Municipios.

2. Las destinadas para inversión social.

3. Las que, con base en leyes anteriores, la Nación asigna a entidades de previsión social y a las antiguas Intendencias y comisarías.

CONC. 350, 356, 357.

Art. 360.- La ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables así como los derechos de las entidades territoriales sobre los mismos.

La explotación de un recurso natural no renovable causará a favor del Estado, una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte.

Los Departamentos y Municipios en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, tendrán derecho a participar en las regalías y compensaciones.

CONC. 332, 361.

DESARROLLO LEGISLATIVO. Sobre Regalías y Compensaciones el Gobierno Nacional expidió la Ley 141 de 1994 o Ley de Regalías en virtud del cual se establece el control y vigilancia sobre los recursos provenientes de las regalías.

Art. 361.- Con los ingresos provenientes de las regalías que no sean asignados a los Departamentos y Municipios, se creará un Fondo Nacional de Regalías cuyos recursos se destinarán a las entidades territoriales en los términos que señale la ley. Estos fondos se aplicarán a la promoción de la minería, a la preservación del ambiente y a financiar proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales.

CONC. 360.

Art. 362.- Los bienes y rentas tributarias o no tributarias o provenientes de la explotación de monopolios de las entidades territoriales, son de su propiedad exclusiva y gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta de los particulares.

Los impuestos departamentales y municipales gozan de protección constitucional y en consecuencia la ley no podrá trasladarlos a la Nación, salvo temporalmente en caso de guerra exterior.

CONC. 212, 336.

Art. 363.- El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad.

Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad.

Art. 364.- El endeudamiento interno y externo de la Nación y de las entidades territoriales no podrá exceder su capacidad de pago. La ley regulará la materia.

CAPITULO 5.

DE LA FINALIDAD SOCIAL DEL ESTADO Y DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.

Art. 365.- Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.

CONC. 48, 49, 189-22, 334.

DESARROLLO LEGISLATIVO. Mediante la Ley 142 de 1994, el Congreso Nacional expidió la Ley General de Servicios Públicos Domiciliarios; y el Estatuto General de Usuarios de este tipo de Servicios fué reglamentado por el Decreto 1842 de 1991.

NOTA DEL COMPILADOR. En el seno de la Comisión I de la Asamblea Nacional Constituyente, el tema de los servicios públicos se había catalogado como un derecho esencial del Estado, a favor de todas las personas y una responsabilidad del Estado y de la comunidad.

Sin embargo, en plenaria se consideró, una vez estudiadas las 32 propuestas sobre el particular, que los aspectos relativos a los servicios públicos merecían un tratamiento independiente y autónomo en razón a la importancia que han adquirido en el ámbito nacional durante las dos última décadas.

Se incluyeron los servicios públicos dentro de los objetivos sociales del Estado pues en la medida en que ellos se presten a toda la población con regularidad, la calidad de vida de ella mejora y por ende, el bienestar general.

Art. 366.- El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.

Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.

CONC. 339, 344, 350, 357.

Art. 367.- La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos.

Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada Municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y los Departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación.

La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas.

CONC. 150-23, 311.

DESARROLLO LEGISLATIVO. Mediante la Ley 142 de 1994, el Congreso Nacional expidió la Ley General de Servicios Públicos Domiciliario; y el Estatuto General de los Usuarios de este tipo de servicios fué reglamentado por el Decreto 1842 de 1991.

Art. 368.- La Nación, los Departamentos, los Distritos, los Municipios y las entidades descentralizadas podrán conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos, para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas.

Art. 369.- La ley determinará los deberes y derechos de los usuarios, el régimen de su protección y sus formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas estatales que presten el servicio. Igualmente definirá la participación de los Municipios o de sus representantes, en las entidades y empresas que les presten servicios públicos domiciliarios.

NOTA DEL COMPILADOR. Encierra éste artículo una filosofía de democracia participativa, radicada en cabeza de los usuarios de los correspondientes servicios públicos.

Art. 370.- Corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los prestan.

CONC. 189-22.

DESARROLLO LEGISLATIVO. Mediante Decreto 548 de 1995, el Gobierno Nacional reglamentó lo concerniente a la estructura, funciones y organización de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CAPITULO 6.

De la Banca Central.

Art. 371.- El Banco de la República ejercerá las funciones de banca central. Estará organizado como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio.

Serán funciones básicas del Banco de la República: regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito; emitir la moneda legal; administrar las reservas internacionales; será prestamista de última instancia y banquero de los Establecimientos de crédito; y servir como agente fiscal del gobierno. Todas ellas se ejercerán en coordinación con la política económica general.

El Banco rendirá al Congreso informe sobre la ejecución de las políticas a su cargo y sobre los demás asuntos que se le soliciten.

CONC. 150-13, 150-19, 189-\n25.

NOTA DEL COMPILADOR. La autonomía administrativa y técnica que se le atribuye al Banco de la República permite que no forme parte de ninguna de las ramas del poder público; y que por el contrario, tenga una naturaleza única, con un ordenamiento y organización especial y propia, diferente al aplicable a las demás entidades públicas y privadas.

Art. 372.- La Junta Directiva del Banco de la República será la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, conforme a las funciones que le asigne la ley. Tendrá a su cargo la dirección y ejecución de las funciones del Banco y estará conformada por siete miembros, entre ellos el Ministro de Hacienda, quien la presidirá. El Gerente del Banco será elegido por la junta directiva y será miembro de ella. Los cinco miembros restantes, de dedicación exclusiva, serán nombrados por el Presidente de la República para períodos prorrogables de cuatro años, reemplazados dos de ellos, cada cuatro años. Los miembros de la junta directiva representarán exclusivamente el interés de la Nación.

El Congreso dictará la ley a la cual deberá ceñirse el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones y las normas con sujeción a las cuales el Gobierno expedirá los estatutos del Banco en los que se determinen, entre otros aspectos, la forma de su organización, su régimen legal, el funcionamiento de su junta directiva y del consejo de administración, el período del gerente, las reglas para la constitución de sus reservas, entre ellas, las de estabilización cambiaria y monetaria, y el destino de los excedentes de sus utilidades.

El Presidente de la República ejercerá la inspección, vigilancia y control del Banco en los términos que señale la ley.

CONC. 150-22.

NOTA DEL COMPILADOR. Frente al gobierno, las decisiones que el Banco de la República adopte serán autónomas, pues el ejercicio de sus funciones serán independientes a las instrucciones políticas del gobierno. El Banco dependerá únicamente de la constitución y la ley, recuperando de ésta forma el Congreso, la capacidad de regular el sistema monetario que había perdido en 1968 con el establecimiento de los reglamentos autónomos ( art 120 # 14 ).

En cuanto a la Junta Directiva, el hecho de que esta esté presidida por el Ministro de Hacienda y los demás integrantes sean nombrados por el Presidente de la República, hace que exista una necesaria COORDINACION entre el manejo de la política fiscal con la política monetaria. No están subordinados. Simplemente en forma armónica deben orientarse a regular la actividad económica del país bajo una misma finalidad.

El presidente o gerente del Banco hace parte de la Junta Directiva en razón a que es él el único responsable ante el Congreso, por la adopción y cumplimiento de las medidas monetarias, cambiarias y crediticias.

NOTA DEL COMPILADOR. La Ley 31 de 1992 expedida por el Congreso Nacional, orgánica del Banco de la República puede ser consultada en el "Sistema Colombiano de Legislación Financiera, Bursátil y Cambiara".

Art. 373.- El Estado, por intermedio del Banco de la República, velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda.

El Banco no podrá establecer cupos de crédito, ni otorgar garantías a favor de particulares, salvo cuando se trate de intermediación de crédito externo para su colocación por medio de los Establecimientos de crédito, o de apoyos transitorios de liquidez para los mismos. Las operaciones de financiamiento a favor del Estado requerirán la aprobación unánime de la junta directiva, a menos que se trate de operaciones de mercado abierto. El legislador, en ningún caso, podrá ordenar cupos de crédito a favor del Estado o de los particulares.

CONC. 150-13.

NOTA DEL COMPILADOR. La función más importante que le ha sido asignada al Banco es la de mantener la capacidad adquisitiva de la moneda, lo cual significa que es función del Banco Central mantener una moneda sana como regla fundamental de la ciencia económica.

TITULO XIII.

DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCION.

Art. 374.- La Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo.

Art. 375.- Podrán presentar proyectos de acto legislativo el Gobierno, diez miembros del Congreso, el veinte por ciento de los Concejales o de los Diputados y los ciudadanos en un número equivalente al menos, al cinco por ciento del censo electoral vigente.

El trámite del proyecto tendrá lugar en dos períodos ordinarios y consecutivos. Aprobado en el primero de ellos por la mayoría de los asistentes, el proyecto será publicado por el Gobierno. En el segundo período la aprobación requerirá el voto de la mayoría de los miembros de cada Cámara.

En este segundo período sólo podrán debatirse iniciativas presentadas en el primero.

CONC. 241-1.

Art. 376.- Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine.

Se entenderá que el pueblo convoca la Asamblea, si así lo aprueba, cuando menos, una tercera parte de los integrantes del censo electoral.

La Asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos, en acto electoral que no podrá coincidir con otro.
A partir de la elección quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado para que la Asamblea cumpla sus funciones. La Asamblea adoptará su propio reglamento.

CONC. 241-2.

Art. 377.- Deberán someterse a referendo las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso, cuando se refieran a los derechos reconocidos en el Capítulo 1 del Título II y a sus garantías, a los procedimientos de participación popular, o al Congreso, si así lo solicita, dentro de los seis meses siguientes a la promulgación del Acto Legislativo, un cinco por ciento de los ciudadanos que integren el censo electoral. La reforma se entenderá derogada por el voto negativo de la mayoría de los sufragantes, siempre que en la votación hubiere participado al menos la cuarta parte del censo electoral.

CONC. 170, 241-2.

Art. 378.- Por iniciativa del Gobierno o de los ciudadanos en las condiciones del artículo 155, el Congreso, mediante ley que requiere la aprobación de la mayoría de los miembros de ambas Cámaras, podrá someter a referendo un proyecto de reforma constitucional que el mismo Congreso incorpore a la ley. El referendo será presentado de manera que los electores puedan escoger libremente en el temario o articulado qué votan positivamente y qué votan negativamente.

La aprobación de reformas a la Constitución por vía de referendo requiere el voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes, y que el número de éstos exceda de la cuarta parte del total de ciudadanos que integren el censo electoral.

Art. 379.- Los Actos Legislativos, la convocatoria a referendo, la consulta popular o el acto de convocación de la Asamblea Constituyente, sólo podrán ser declarados inconstitucionales cuando se violen los requisitos establecidos en este título.

La acción pública contra estos actos sólo procederá dentro del año siguiente a su promulgación, con observancia de lo dispuesto en el art¡culo 241 numeral 2.

Art. 380.- Queda derogada la Constitución hasta ahora vigente con todas sus reformas. Esta Constitución rige a partir del día de su promulgación.

CONC. LEGISLATIVA. Art. 9, Ley 153 de 1887.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

CAPITULO 1.

Art. Trans. 1: Convócase a elecciones generales del Congreso de la República para el 27 de octubre de 1991.

El Congreso así elegido, tendrá el período que termina el 19 de julio de 1994.

La Registraduría del Estado Civil, abrirá un período de inscripción de cédulas de ciudadanía.

CONC. 138, 2-T, 4-T.

Art. Trans. 2.- No podrán ser candidatos en dicha elección los delegatarios de la Asamblea Constituyente de pleno derecho ni los actuales Ministros del Despacho.

Tampoco podrán serlo los funcionarios de la Rama Ejecutiva que no hubieren renunciado a su cargo antes del 14 de junio de 1991.

CONC. 138, 1-T.

Art. Trans. 3.- Mientras se instala, el 1o. de diciembre de 1991 el nuevo congreso, el actual y sus comisiones entrarán en receso y no podrán ejercer ninguna de sus atribuciones ni por iniciativa propia ni por convocatoria del Presidente de la República.

CONC. 138.

Art. Trans. 4.- El Congreso elegido el 27 de octubre de 1991 sesionará ordinariamente así: Del 1o. al 20 de diciembre de 1991 y del 14 de enero al 26 de junio de 1992. A partir del 20 de julio de 1992 su régimen de sesiones será el prescrito en esta Constitución.

CONC. 138, 1-T.

Art. Trans. 5.- Revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para: a) Expedir las normas que organicen la Fiscalía General y las normas de procedimiento penal; b) Reglamentar el derecho de tutela; c) Tomar las medidas administrativas necesarias para el funcionamiento de la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; d) Expedir el Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 1992; e) Expedir normas transitorias para descongestionar los despachos judiciales.

CONC. 5-T, 26-T, 86, 239, 253, 254.

NOTA DEL COMPILADOR. Con fundamento en estas facultades extraordinarias de carácter constitucional el gobierno emitió los siguientes Decretos: Decreto 2669 de 1992 como estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación; el Decreto 2652 de 1991 que organiza el Consejo Superior de la Judicatura; el Decreto 2651 sobre descongestión de los despachos judiciales y en lo referente a la acción de tutela, se han expidió los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992.

Art. Trans. 6.- Créase una Comisión Especial de treinta y seis miembros elegidos por cuociente electoral por la Asamblea Nacional Constituyente, la mitad de los cuales podrán ser Delegatarios, que se reunirá entre el 15 de julio y el 4 de octubre de 1991 y entre el 18 de noviembre de 1991 y el día de la instalación del nuevo Congreso. La elección se realizar en sesión convocada para este efecto el 4 de julio de 1991.

Esta Comisión Especial tendrá las siguientes atribuciones: a) Improbar por la mayoría de sus miembros, en todo o en parte, los proyectos de decreto que prepare el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República por el artículo anterior y en otras disposiciones del presente Acto Constituyente, excepto los de nombramientos.

Los artículos improbados no podrán ser expedidos por el Gobierno.

b) Preparar los proyectos de ley que considere convenientes para desarrollar la Constitución. La Comisión Especial podrá presentar dichos proyectos para que sean debatidos y aprobados por el Congreso de la República.

c) Reglamentar su funcionamiento.

Parágrafo.- Si la Comisión Especial no aprueba antes del 15 de diciembre de 1991 el proyecto de presupuesto para la vigencia fiscal de 1992, regirá el del año anterior, pero el Gobierno podrá reducir gastos, y, en consecuencia, suprimir o fusionar empleos, cuando así lo aconsejen los cálculos de rentas del nuevo ejercicio.

CONC 11-T, 59-A.

Art. Trans. 7.- El Presidente de la República designará un representante del Gobierno ante la Comisión Especial, que tendrá voz e iniciativa.

Art. Trans. 8.- Los decretos expedidos en ejercicio de las facultades de Estado de Sitio hasta la fecha de promulgación del presente Acto Constituyente, continuarán rigiendo por un plazo máximo de noventa días, durante los cuales el Gobierno Nacional podrá convertirlos en legislación permanente, mediante decreto, si la Comisión Especial no los imprueba.

NOTA DEL COMPILADOR. Mediante los Decretos 2252, 2253, 2254, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272 y 2273 de 1991 fueron convertidos como legislación permanente los siguientes Decretos de estado de sitio, que pueden ser consultado en el "Sistema Colombiano de Legislación Penal".
1986: 3664, 3667 1987: 423, 1197, 1198, 1199, 1631, 1988: 180, 262, 474, 1314, 2490, 1989: 813, 814, 815, 1194, 1855, 1856, 1857, 1858, 1895, 1896, 2390, 1990: 042, 303, 494, 566, 1146, 1686, 1813, 2047, 2187, 2372, 2790, 2894, 3030 1991: 99, 390, 416, 1071, 1303, 1676,

Art. Trans. 9.- Las facultades extraordinarias para cuyo ejercicio no se hubiere señalado plazo especial, expirarán quince días después de que la Comisión Especial cese definitivamente en sus funciones.

CONC. 6T.

Art. Trans. 10.- Los decretos que expida el Gobierno en ejercicio de las facultades otorgadas en los anteriores artículos tendrán fuerza de ley y su control de constitucionalidad corresponderá a la Corte Constitucional.

CONC. 241.

Art. Trans. 11.- Las facultades extraordinarias a que se refiere el Artículo Transitorio 5, cesarán el día en que se instale el Congreso elegido el 27 de octubre de 1991.

En la misma fecha la comisión especial creada por el artículo transitorio 6 también cesará en sus funciones.

CONC. 5T, 6T.

Art. Trans. 12.- Con el fin de facilitar la reincorporación a la vida civil de los grupos guerrilleros que se encuentren vinculados decididamente a un proceso de paz bajo la dirección del Gobierno, éste podrá establecer, por una sola vez, circunscripciones especiales de paz para las elecciones a corporaciones públicas que tendrán lugar el 27 de octubre de 1991, o nombrar directamente por una sola vez, un número plural de Congresistas en cada Cámara en representación de los mencionados grupos en proceso de paz y desmovilizados.

El número será establecido por el Gobierno Nacional, según valoración que haga de las circunstancias y del avance del proceso. Los nombres de los Senadores y Representantes a que se refiere este artículo serán convenidos entre el Gobierno y los grupos guerrilleros y su designación corresponderá al Presidente de la República.

Para los efectos previstos en este artículo, el Gobierno podrá no tener en cuenta determinadas inhabilidades y requisitos necesarios para ser Congresista.

Art. Trans. 13.- Dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución, el Gobierno podrá dictar las disposiciones que fueren necesarias para facilitar la reinserción de grupos guerrilleros desmovilizados que se encuentren vinculados a un proceso de paz bajo su dirección; para mejorar las condiciones económicas y sociales de las zonas donde ellos estuvieran presentes; y para proveer a la organización territorial, organización y competencia municipal, servicios públicos y funcionamiento e integración de los cuerpos colegiados municipales en dichas zonas.

El Gobierno Nacional entregará informes periódicos al Congreso de la República sobre el cumplimiento y desarrollo de este artículo.

CONC. Ley 104 de 1993.

CONC. Decreto 1388 de 1994.

CONC. Decreto 1386 de 1994.

NOTA DEL COMPILADOR. Sobre este tema en particular el gobierno nacional expedió los Decreto 962 de 1992 y 1315 de 1992 en virtud del cual se dictaron normas encaminadas a facilitar la reinserción de grupos guerrilleros desmovilizados, los cuales pueden ser consultados en el " Sistema Colombiano de Legislación Penal".

Art. Trans. 14.- Dentro de la legislatura que se inicia el primero de diciembre de 1991, el Congreso Nacional, el Senado de la República y la Cámara de Representantes expedirán su respectivo reglamento. De no hacerlo, lo expedirá el Consejo de Estado, dentro de los tres meses siguientes.

CONC. Ley 5 DE 1992.

Art. Trans. 15.- La primera elección de Vicepresidente de la República se efectuará en el año de 1994. Entre tanto, para suplir las faltas absolutas o temporales del Presidente de la República se conservar el anterior sistema de Designado, por lo cual, una vez vencido el período del elegido en 1990, el Congreso en pleno elegirá uno nuevo para el período de 1992- 1994.

CONC. 202.

Art. Trans. 16.- Salvo los casos que señale la Constitución, la primera elección popular de Gobernadores se celebrará el 27 de octubre de 1991.

Los Gobernadores elegidos en esa fecha tomarán posesión el 2 de enero de 1992.

CONC. 303, 18-T.

Art. Trans. 17.- La primera elección popular de Gobernadores en los Departamentos del Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés, y Vichada se hará a más tardar en 1997.

La ley puede fijar una fecha anterior. Hasta tanto, los Gobernadores de los mencionados Departamentos serán designados y podrán ser removidos por el Presidente de la República.

CONC. 309.

CONC. Ley 45 de 1993.

Art. Trans. 18.- Mientras la ley establece el régimen de inhabilidades para los Gobernadores, en las elecciones del 27 de octubre de 1991 no podrán ser elegidos como tales: 1. Quienes en cualquier época hayan sido condenados por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, con excepción de quienes lo hubieran sido por delitos políticos o culposos.

2. Quienes dentro de los seis meses anteriores a la elección hubieren ejercido como empleados públicos jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar a nivel nacional o en el respectivo departamento.

3. Quienes estén vinculados por matrimonio o parentezco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con quienes se inscriban como candidatos en las mismas elecciones a Congreso de la República.

4. Quienes dentro de los seis meses anteriores a la elección, hayan intervenido en la gestión de asuntos o en la celebración de contratos con entidades públicas, en su propio interés o en interés de terceros.

La prohibición establecida en el numeral dos de este artículo no se aplica a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente.

CONC. 16-T.

Art. Trans. 19.- Los Alcaldes, Concejales y Diputados que se elijan en 1992 ejercerán sus funciones hasta el 31 de diciembre de 1994.

CONC. 299, 312, 314.

CAPITULO 2.

Art. Trans. 20.- El Gobierno Nacional, durante el término de dieciocho meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución y teniendo en cuenta la evaluación y recomendaciones de una Comisión conformada por tres expertos en Administración Pública o Derecho Administrativo designados por el Consejo de Estado; tres miembros designados por el Gobierno Nacional y uno en representación de la Federación Colombiana de Municipios, suprimirá, fusionará o reestructurará las entidades de la rama ejecutiva, los Establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta del orden nacional, con el fin de ponerlas en consonancia con los mandatos de la presente reforma constitucional y, en especial, con la redistribución de competencias y recursos que ella establece.

NOTA DEL COMPILADOR. En cumplimiento de los dispuesto por este artículo, mediante el Decreto 2440 de 1991 se conformó la Comisión Asesora para la Reestructuración de la Administración Pública; y se expidieron los siguientes Decretos: 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2128, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170 y 2171 de diciembre 29 y 30 de 1992.

Art. Trans. 21.- Las normas legales que desarrollen los principios consignados en el artículo 125 de la Constitución serán expedidas por el Congreso dentro del año siguiente a su instalación. Si en este plazo el Congreso no las dicta, el Presidente de la República queda facultado para expedirlas en un término de tres meses.

A partir de la expedición de las normas legales que regulen la carrera, los nominadores de los servidores públicos la aplicarán en un término de seis meses.

El incumplimiento de los términos señalados en el inciso anterior será causal de mala conducta.

Mientras se expiden las normas a que hace referencia este artículo, continuarán vigentes las que regulan actualmente la materia en cuanto no contraríen la Constitución.

CAPITULO 3.

Art. Trans. 22.- Mientras la ley no fije otro número, la primera Corte Constitucional estará integrada por siete magistrados que serán designados para un período de un año así: Dos por el Presidente de la República; Uno por la Corte Suprema de Justicia; Uno por el Consejo de Estado, y Uno por el Procurador General de la Nación.

Los magistrados así elegidos designarán los dos restantes, de ternas que presentará el Presidente de la República.

La elección de los Magistrados que corresponde a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado, al Presidente de la República y al Procurador General de la Nación, deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución. El incumplimiento de este deber será causal de mala conducta y si no se efectuare la elección por alguno de los órganos mencionados en dicho término, la misma se hará por los magistrados restantes debidamente elegidos.

Parágrafo 1.- Los miembros de la Asamblea Constituyente no podrán ser designados Magistrados de la Corte Constitucional en virtud de este procedimiento extraordinario.

Parágrafo 2.- La inhabilidad establecida en el artículo 240 para los Ministros y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado no es aplicable para la integración inmediata de la Corte Constitucional que prevé este artículo.

CONC. 239.

Art. Trans. 23.- Revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para que dentro de los dos meses siguientes a la promulgación de la Constitución dicte mediante decreto, el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional.

En todo tiempo el Congreso podrá derogar o modificar las normas así establecidas.

Mientras se expide el decreto previsto en el inciso primero, el funcionamiento de la Corte Constitucional y el trámite y despacho de los asuntos a su cargo, se regirán por las normas pertinentes del Decreto 432 de 1969.

NOTA DEL COMPILADOR. En virtud de estas facultades extraordinarias constitucionales se expidió el Decreto 2067 de 1991 determinante del procedimiento aplicable en los juicios que se ventilan ante la Corte Constitucional.

Art. Trans. 24.- Las acciones públicas de inconstitucionalidad instauradas antes del 1 de junio de 1991 continuarán siendo tramitadas y deberán ser decididas por la Corte Suprema de Justicia, dentro de los plazos señalados en el Decreto 432 de 1969.

Las que se hubieren iniciado con posterioridad a la fecha citada, deberán ser remitidas a la Corte Constitucional en el estado en que se encuentren.

Una vez sean fallados todos los procesos por la Corte Suprema de Justicia conforme al inciso primero del presente artículo, su Sala Constitucional cesará en el ejercicio de sus funciones.

CONC. 242.

Art. Trans. 25.- El Presidente de la República designará por primera y única vez a los miembros de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

La Sala Administrativa será integrada con arreglo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 254 de la Constitución.

CONC. 254.

Art. Trans. 26.- Los procesos que se adelanten actualmente en el Tribunal Disciplinario, continuarán tramitándose sin interrupción alguna por los magistrados de dicha corporación y pasarán al conocimiento de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura desde la instalación de la misma.

CONC. 256.

Art. Trans. 27.- La Fiscalía General de la Nación entrará a funcionar cuando se expidan los decretos extraordinarios que la organicen y los que establezcan los nuevos procedimientos penales, en desarrollo de las facultades concedidas por la Asamblea Nacional Constituyente al Presidente de la República.

En los decretos respectivos se podrá, sin embargo, disponer que la competencia de los distintos despachos judiciales se vaya asignando a medida que las condiciones concretas lo permitan, sin exceder del 30 de junio de 1992, salvo para los jueces penales municipales, cuya implantación se podrá extender por el término de cuatro años contados a partir de la expedición de esta reforma, según lo dispongan el Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación.

Las actuales fiscalías de los juzgados superiores, penales del circuito y superiores de aduana, y de orden público, pasarán a la Fiscalía General de la Nación. Las demás fiscalías se incorporarán a la estructura orgánica y a la planta de personal de la Procuraduría. El Procurador General señalará la denominación, funciones y sedes de estos servidores públicos, y podrá designar a quienes venían ejerciendo dichos cargos, conservando su remuneración y régimen prestacional.

La Procuraduría Delegada en lo Penal continuará en la estructura de la Procuraduría General de la Nación.

Igualmente pasarán a la Fiscalía General de la Nación, la dirección nacional y las direcciones seccionales de instrucción criminal, el cuerpo técnico de policía judicial, y los juzgados de instrucción criminal de la justicia ordinaria, de orden público y penal aduanera.

La Dirección Nacional de Medicina Legal del Ministerio de Justicia, con sus dependencias seccionales, se integrará a la Fiscalía General como establecimiento público adscrito a la misma.

Las dependencias que se integren a la Fiscalía General pasarán a ella con todos sus recursos humanos y materiales, en los términos que señale la ley que la organice.

CONC. 5-T.

NOTA DEL COMPILADOR. El Decreto 2669 de 1992 que organizó la Fiscalía General de la Nación podrá ser consultado en el " Sistema de Legislación Penal Colombiano.".

Art. Trans. 28.- Mientras se expide la ley que atribuya a las autoridades judiciales el conocimiento de los hechos punibles sancionables actualmente con pena de arresto por las autoridades de policía, éstas continuarán conociendo de los mismos.

NOTA DEL COMPILADOR. La Ley 23 de 1991 que reguló este tema podrá ser consultada en el " Sistema de Legislación Penal Colombiano".

Art. Trans. 29.- Para la aplicación en cualquier tiempo de las normas que prohiben la reelección de los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, sólo se tomarán en cuenta las elecciones que se produzcan con posterioridad a la promulgación de la presente reforma.

CONC. 233.

Art. Trans. 30.- Autorízase al Gobierno Nacional para conceder indultos o amnistías por delitos políticos y conexos, cometidos con anterioridad a la promulgación del presente Acto Constituyente, a miembros de grupos guerrilleros que se reincorporen a la vida civil en los términos de la política de reconciliación. Para tal efecto el Gobierno Nacional expedirá las reglamentaciones correspondientes. Este beneficio no podrá extenderse a delitos atroces ni a homicidios cometidos fuera de combate o aprovechándose del estado de indefensión de la víctima.

CONC. 150-17, 201-2.

CAPITULO 4.

Art. Trans. 31.- Transcurrido un mes desde la instalación del Congreso elegido el 27 de octubre de 1991, el Consejo de Estado elegirá los miembros del Consejo Nacional Electoral en proporción a la representación que alcancen los partidos y movimientos políticos en el Congreso de la República.

Dicho Consejo permanecerá en ejercicio de sus funciones hasta el 1o. de septiembre de 1994.

CONC. 264.

Art. Trans. 32.- Mientras se integra el Consejo Nacional Electoral en los términos que establece la Constitución, la composición actual de este órgano será ampliada con cuatro miembros designados por el Consejo de Estado, de ternas presentadas por los partidos y movimientos que no se encuentren representados en aquel, en la proporción de los resultados de las elecciones celebradas el 9 de diciembre de 1990, otorgando dos a la lista mayoritaria y uno a cada una de las listas no representadas que le siguieron en votos. Tales nombramientos deberán hacerse antes del quince de julio de 1991.

CONC. 237, 264, 30-T.

Art. Trans. 33.- El período del actual Registrador Nacional del Estado Civil concluye el 30 de septiembre de 1994.

El período del Registrador Nacional del Estado Civil a que se refiere esta Constitución empezará a contarse a partir del 1o. de octubre de 1994.

CONC. 266.

Art. Trans. 34.- El Presidente de la República, en un plazo no mayor de ocho días hábiles contados a partir de la promulgación de esta Constitución, designará, por un período de tres años un ciudadano que tendrá la función de impedir de oficio, o a petición de parte, el uso de recursos originalmente provenientes del tesoro público, o del exterior, en las campañas electorales que se efectúen en el término indicado, exceptuando la financiación de las campañas electorales conforme a la Constitución o la ley. Para este efecto tendrá derecho a pedir y a obtener la colaboración de la Procuraduría General de la Nación, de la Contraloría General de la República, de todas las entidades públicas que ejerzan atribuciones de control y vigilancia y de los organismos que ejerzan funciones de policía judicial.

El Presidente de la República reglamentará esta norma y le prestará al ciudadano designado todo el apoyo administrativo y financiero que le fuere indispensable.

NOTA DEL COMPILADOR. El ciudadano nombrado para tal efecto, doctor JORGE GARCIA HURTADO, cumplió su período constitucional el día 4 de agosto de 1994, fecha hasta la cual la Veeduría del Tesoro tuvo vigencia.

Art. Trans. 35.- El Consejo Nacional Electoral reconocerá automáticamente personería jurídica a los partidos y movimientos políticos representados en la Asamblea Nacional Constituyente que se lo soliciten.

CONC. 265-8.

CAPITULO 5.

Art. Trans. 36.- Los actuales Contralor General de la República y Procurador General de la Nación continuarán en el ejercicio de sus cargos, hasta tanto el Congreso elegido para el período constitucional de 1994-1998, realice la nueva elección, la que deberá hacer dentro de los primeros treinta días siguientes a su instalación.

CONC. 267, 276.

Art. Trans. 37.- El primer Defensor del Pueblo será elegido por el Procurador General de la Nación, de terna enviada por el Presidente de la República, en un plazo no mayor de treinta días.

CONC. 281.

CAPITULO 6.

Art. Trans. 38.- El Gobierno organizará e integrará, en el término de seis meses, una Comisión de Ordenamiento Territorial, encargada de realizar los estudios y formular ante las autoridades competentes las recomendaciones que considere del caso para acomodar la división territorial del país a las disposiciones de la Constitución. La Comisión cumplirá sus funciones durante un período de tres años, pero la ley podrá darle carácter permanente. En este caso, la misma ley fijará la periodicidad con la cual presentará sus propuestas.

CONC. 299, 307, 329.

CONC. Decreto 2868 de 1991.

CONC. Decreto 964 de 1992.

CONC. Decreto 338 de 1993.

Art. Trans. 39.- Revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, por un término de tres meses, para expedir decretos con fuerza de ley mediante los cuales se asegure la debida organización y el funcionamiento de los nuevos Departamentos erigidos como tales en la Constitución.

En ejercicio de estas facultades el Gobierno podrá suprimir las instituciones nacionales encargadas de la administración de las antiguas Intendencias y comisarías y asignar a las entidades territoriales los bienes nacionales que a juicio del Gobierno deban pertenecerles.

CONC. Decreto 2274 de 1991.

CONC. Decreto 2316 de 1991.

Art. Trans. 40.- Son válidas las creaciones de Municipios hechas por las Asambleas Departamentales antes del 31 de diciembre de 1990.

CONC. 300-6.

Art. Trans. 41.- Si durante los dos años siguientes a la fecha de promulgación de esta Constitución, el Congreso no dicta la ley a que se refieren los artículos 322, 323 y 324, sobre régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, el Gobierno, por una sola vez expedirá las normas correspondientes.

NOTA DEL COMPILADOR. Efectivamente, fué el gobierno mediante el Decreto 1421 de 1993 quien expidió el Estatuto correspondiente para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, el cual se encuentra desarrollado en su totalidad en el sexto subsistema de éste sistema político.

Art. Trans. 42.- Mientras el Congreso expide las leyes de que trata el artículo 310 de la Constitución, el Gobierno adoptará por decreto, las reglamentaciones necesarias para controlar la densidad de población del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en procura de los fines expresados en el mismo artículo.

CONC. Decreto 2762 de 1991.

NOTA DEL COMPILADOR. Efectivamente, mediante Decreto 2762 de 1991 el Gobierno reguló lo relativo al control poblacional para el Departamento del Archipiélago de San Andrés y Providencia.

CAPITULO 7.

Art. Trans. 43.- Para financiar el funcionamiento de las nuevas instituciones y atender las obligaciones derivadas de la reforma constitucional que no hayan sido compensadas por disminución de gastos o traslados de responsabilidades, el Congreso podrá, por una sola vez, disponer ajustes tributarios cuyo producto se destine exclusivamente a la Nación.

Si en un plazo de dieciocho meses, contado a partir de la instalación del Congreso, éste no ha efectuado tales ajustes fiscales y es evidente que los esfuerzos de la administración para hacer más eficiente el recaudo y para disminuir el gasto público a nivel nacional no han sido suficientes para cubrir los nuevos gastos, el Gobierno Nacional podrá, por una sola vez, mediante decreto con fuerza de ley, realizar dichos ajustes.

Art. Trans. 44.- El situado fiscal para el año de 1992 no será inferior al de 1991 en pesos constantes.

CONC. 356.

Art. Trans. 45.- Los Distritos y Municipios percibirán como mínimo, durante la vigencia fiscal de 1992, las participaciones en el impuesto al valor agregado IVA establecidas en la Ley 12 de 1986. A partir de 1993 entrará a regir lo dispuesto en el artículo 357 de la Constitución, sobre participación de los Municipios en los ingresos corrientes de la Nación.

La ley, sin embargo, establecerá un régimen gradual y progresivo de transición a partir de 1993 y por un período de tres años, al cabo del cual entrarán en vigencia los nuevos criterios de distribución señalados en el citado artículo.
Durante el período de transición el valor que reciban los Distritos y Municipios por concepto de participaciones no será inferior, en ningún caso, al percibido en 1992, en pesos constantes.

Art. Trans. 46.- El Gobierno Nacional pondrá en funcionamiento, por un período de cinco años, un fondo de solidaridad y emergencia social, adscrito a la Presidencia de la República. Este fondo financiará proyectos de apoyo a los sectores más vulnerables de la población colombiana.

El fondo deberá buscar, además, recursos de cooperación nacional e internacional.

NOTA DEL COMPILADOR. El Fondo de Solidaridad y Emergencia Social que había sido creado mediante el Decreto 281 de 1992 fué reorganizado en Red de Solidaridad Social por expresa disposición del Decreto 2099 de 1994.

Art. Trans. 47.- La ley organizará para las zonas afectadas por aguda violencia, un plan de seguridad social de emergencia, que cubrirá un período de tres años.

Art. Trans. 48.- Dentro de los tres meses siguientes a la instalación del Congreso de la República el Gobierno presentará los proyectos de ley relativos al régimen jurídico de los servicios públicos; a la fijación de competencias y criterios generales que regirán la prestación de los servicios públicos domiciliarios, así como su financiamiento y régimen tarifario; al régimen de participación de los representantes de los Municipios atendidos y de los usuarios en la gestión y fiscalización de las empresas estatales que presten los servicios, así como los relativos a la protección, deberes y derechos de aquellos y al señalamiento de las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios.

Si al término de las dos siguientes legislaturas no se expidieren las leyes correspondientes, el Presidente de la República pondrá en vigencia los proyectos mediante decretos con fuerza de ley.

Art. Trans. 49.- En la primera legislatura posterior a la entrada en vigencia de esta Constitución, el Gobierno presentará al Congreso los proyectos de ley de que tratan los artículos 150 numeral 19 literal d, 189 numeral\n24 y 335, relacionados con las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público.

Si al término de las dos legislaturas ordinarias siguientes, este último no los expide, el Presidente de la República pondrá en vigencia los proyectos, mediante decretos con fuerza de ley.

CONC. 50-T.

NOTA DEL COMPILADOR. Mediante la Ley 35 de 1993 el Congreso de la República expidió la Ley marco referida a las actividades bursátil, financiera y aseguradora y cualesquiera otras relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados por el público, la cual puede ser consultada en el "Sistema Colombiano de Legislación Financiera, Cambiaria y Bursátil".

Art. Trans. 50.- Mientras se dictan las normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno para regular la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, el Presidente de la República ejercerá, como atribución constitucional propia, la intervención en estas actividades.

CONC. 49-T.

NOTA DEL COMPILADOR. Con la entrada en vigencia de la Ley 35 de 1993, este artículo pierde toda aplicabilidad práctica.
Para mayor información puede remitirse al "Sistema Colombiano de Legislación Económica", de esta misma editorial.

Art. Trans. 51.- Mientras se dicten las leyes correspondientes, la nueva junta del Banco de la República que nombrará provisionalmente el Presidente dentro del mes siguiente a la entrada en vigencia de esta Constitución, asumirá las funciones que actualmente corresponden a la Junta Monetaria, las cuales cumplirá conforme a lo previsto en la Constitución.

La ley determinará las entidades a las cuales se trasladan los fondos de fomento administrados por el Banco, el cual, entre tanto, continuará cumpliendo esta función.

El Gobierno presentará al Congreso, al mes siguiente de su instalación, el proyecto de ley relativo al ejercicio de las funciones del Banco y a las normas con sujeción a las cuales el Gobierno expedirá sus estatutos de conformidad con el artículo 372 de la Constitución.

Sí cumplido un año de la presentación de este proyecto no se ha expedido la ley correspondiente, el Presidente de la República lo pondrá en vigencia mediante decreto con fuerza de ley.

CONC. 371.

NOTA DEL COMPILADOR. Con la entrada en vigencia de la Ley 31 de 1992 en virtud de la cual se dictan las normas a la que debe sujetarse el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones, el Gobierno para señalar el régimen de cambios internacionales, para la expedición de los estatutos del Banco de la República y para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control del mismo, éste artículo pierde aplicabilidad. Para mayor información puede remitirse al " Sistema Colombiano de Legislación Financiera, Cambiaria y Bursátil".

Art. Trans. 52.- A partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, la Comisión Nacional de Valores tendrá el carácter de Superintendencia. El Gobierno Nacional dispondrá lo necesario para la adecuación de dicha institución a su nueva naturaleza, sin perjuicio de lo que al respecto podrá disponer el Gobierno en desarrollo de lo establecido en el artículo transitorio 20.

NOTA DEL COMPILADOR. En cumplimiento del anterior articulado el Gobierno Nacional mediante Decreto 2739 de 1991 transformó la Comisión Nacional de Valores en Superintendencia Nacional de Valores, el cual puede ser consultado en el "Sistema Colombiano de Legislación Financiera, Cambiaria y Bursátil.".

Art. Trans. 53.- El Gobierno tomará las decisiones administrativas y hará los traslados presupuestales que fueren necesarios para asegurar el normal funcionamiento de la Corte Constitucional.

CAPITULO 8.

Art. Trans. 54.- Adóptanse, para todos los efectos constitucionales y legales, los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado el 15 de octubre de 1985.

NOTA DEL COMPILADOR. Mediante la Ley 79 de 1993, el Congreso Nacional reguló lo concerniente a los censos nacionales de población y vivienda.

Art. Trans. 55.- Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley.

En la comisión especial de que trata el inciso anterior tendrán participación en cada caso representantes elegidos por las comunidades involucradas.

La propiedad así reconocida sólo será enajenable en los términos que señale la ley.

La misma ley establecerá mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de estas comunidades, y para el fomento de su desarrollo económico y social.

Parágrafo 1.- Lo dispuesto en el presente artículo podrá aplicarse a las zonas del país que presenten similares condiciones, por el mismo procedimiento y previos estudio y concepto favorable de la comisión especial aquí prevista.

Parágrafo 2.- Si al vencimiento del término señalado en este artículo el Congreso no hubiere expedido la ley a la que él se refiere, el Gobierno procederá a hacerlo dentro de los seis meses siguientes, mediante norma con fuerza de ley.

NOTA DEL COMPILADOR. Mediante Decreto 1332 de 1991, fué integrada la Comisión Especial para Comunidades Negras, la cual colaboró en la realización y aprobación de la Ley 70 de 1993.

Art. Trans. 56.- Mientras se expide la ley a que se refiere el artículo 329, el Gobierno podrá dictar las normas fiscales necesarias y las demás relativas al funcionamiento de los territorios indígenas y su coordinación con las demás entidades territoriales.

NOTA DEL COMPILADOR. Es desarrollo de este artículo se expidió el Decreto 1088 de 1993 que reguló la creación de asociaciones de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas.

Art. Trans. 57.- El Gobierno formará una comisión integrada por representantes del Gobierno, los sindicatos, los gremios económicos, los movimientos políticos y sociales, los campesinos y los trabajadores informales, para que en un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, elabore una propuesta que desarrolle las normas sobre seguridad social.

Esta propuesta servirá de base al Gobierno para la preparación de los proyectos de ley que sobre la materia deberá presentar a consideración del Congreso.

Art. Trans. 58.- Autorízase al Gobierno Nacional para ratificar los tratados o convenios celebrados que hubiesen sido aprobados, al menos, por una de las Cámaras del Congreso de la República.

Art. Trans. 59.- La presente Constitución y los demás actos promulgados por esta Asamblea Constituyente no están sujetos a control jurisdiccional alguno.

Art. Trans. 59-A.- * La Comisión Especial creada por el art¡culo 6 transitorio de la Constitución también sesionará entre el 1§ y el 30 de noviembre de 1991, fecha en la cual cesará en sus funciones.

NOTA DEL COMPILADOR. En el texto de la Constitución publicado en la Gaceta Constitucional No. 127 de octubre 10 de 1991, se hace referencia simplemente a un artículo transitorio; sin embargo y para efectos didácticos, nosotros lo hemos numerado con el 59-A, siguiendo la continuidad del articulado.

Art. Trans. 60.- Adicionado. Art. 1, Acto Legislativo 2 de 1993: Para los efectos de la aplicación de los artículos 346 y 355 Constitucionales y normas concordantes, el Plan Nacional de Desarrollo para los años 1993 y 1994 y hasta cuando entre en vigencia el aprobado por el Congreso de la República, en los términos y condiciones establecidos en la actual constitución política será el que corresponda a las leyes anuales del presupuesto de renta y de apropiaciones de la nación. El proyecto de Ley respectivo presentado por el Gobierno desarrollará los programas, proyectos y planes aprobados por el Congreso Nacional de Política Económica y social (CONPES).

Tratándose de Planes de Desarrollo Departamentales, Distritales y Municipales serán considerados los aprobados por la respectiva Corporación Pública Territorial.

Si presentado el Proyecto del Plan de Desarrollo por el respectivo Jefe de Administración de la entidad territorial, no fuere expedido por la Corporación Pública antes del vencimiento del siguiente periódico de sesiones ordinarias a la vigencia de éste Acto Legislativo; aquel por medio de Decreto le impartirá su validez legal. Dicho Plan regirá por el término establecido en la Ley.

Publicada en Gaceta Constitucional número 127 del jueves 10 de octubre de 1991.

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